Compartimos la declaración del Equipo de Derechos Humanos de la Provincia:
Los jueces Gustavo Bernie y Miguel Mattos, del Tribunal Penal N.º 1 de Posadas, condenaron a Mariela Ramírez a 16 años de prisión y ordenaron su inmediata detención. Responsabilizándola del fallecimiento de su hija con discapacidad. Se opuso a esta sentencia la única jueza del tribunal, la Dra. Viviana Cukla.
Una condena que nos avergüenza porque llega después de un proceso atravesado por estereotipos de género, sesgos de clase y un profundo desconocimiento de las características y afectaciones del síndrome de Rett que padecía Belén, la niña que murió en 2013.
Esta sentencia constituye un grave precedente para las mujeres y para las familias que sostienen cotidianamente tareas de cuidado en condiciones de vulnerabilidad. Avanza sobre la criminalización de los cuidados y vuelve a reforzar una lógica histórica de persecución y castigo sobre las mujeres, especialmente cuando no responden al modelo idealizado de la “buena madre”, aquella que supuestamente puede y debe hacerlo todo, sin importar sus condiciones materiales.
Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros presentamos un amicus curiae ante el Tribunal, precisamente para advertir sobre la obligación del Poder Judicial de juzgar con perspectiva de género, discapacidad y derechos humanos, y evitar que los procesos penales reproduzcan desigualdades y estereotipos.
El escrito aportó argumentos y estándares jurídicos destinados a visibilizar los sesgos que atravesaron este proceso y a señalar una cuestión central que el Tribunal no podía desconocer: el cuidado de una persona con discapacidad no puede ser considerado una responsabilidad exclusiva de su madre ni de su familia. El Estado también tiene obligaciones concretas de protección, asistencia y provisión de apoyos.
Durante el debate, la propia Mariela expresó: “Hice todo lo que pude con lo que tenía. Siempre cuidé a mi hija como pude”.
El proceso, sin embargo, eligió mirar a esa mujer desde el estereotipo de la “mala madre”, sin considerar adecuadamente sus condiciones económicas, laborales, familiares y la ausencia de una red suficiente de apoyos para afrontar el cuidado de una adolescente con una discapacidad compleja.
La familia de Belén primero sufrió la pérdida de una niña. Después tuvo que atravesar la sospecha, la investigación, la exposición pública, la judicialización y ahora el castigo penal.
Trece años después de aquella muerte, el Estado vuelve a intervenir, pero no para reparar las ausencias ni para garantizar derechos, sino para condenar.
La sentencia no puede borrar las preguntas que este proceso dejó abiertas: quiénes debían cuidar, qué apoyos existían, qué responsabilidades correspondían al Estado y por qué toda la carga terminó depositada sobre una mujer.
Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros seguiremos articulando esfuerzos para denunciar esta condena. Criminalizar los límites de una mujer que cuidó en condiciones de extrema vulnerabilidad no es hacer justicia. Es convertir la desigualdad en delito.
El Estado no puede abandonar a quienes cuidan y después castigarlos por no haber podido hacerlo todo.
