Foto izquierda. Kaloian Santos
El Comisario Mayor Gustavo Antonio Gauna, captado de civil, sin identificación y disparando su escopeta contra la multitud, personifica una de las caras más oscuras de la impunidad estatal, trayendo a la memoria las épocas más sombrías de la historia argentina. Su figura, estrechamente ligada a Patricia Bullrich (quien buscaba a toda costa diezmar la movilización para garantizar una sesión legislativa en paz), expone el modus operandi de un gobierno dispuesto a sostener su plan de ajuste a punta de pistola.
La violenta represión desplegada por el gobierno durante la sesión del Senado que trataba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó un mensaje claro: las fuerzas de seguridad operan como un brazo armado dispuesto a defender las políticas oficiales sin importar las consecuencias. En medio de un operativo desmedido compuesto por unos 820 efectivos de cuatro fuerzas federales, emergió una imagen que dio la vuelta al país. Se trata de Gustavo Antonio Gauna, un Comisario Mayor de la Policía Federal Argentina (PFA), quien fue retratado vestido de civil, empuñando un arma larga y disparando contra los manifestantes.
Este comisario, que hoy transita por la máxima cúpula de la Federal, tiene un recorrido conocido junto a la exministra Patricia Bullrich, con quien se lo vio fotografiado operando en el terreno durante la investigación por la desaparición del niño Loan Peña en Corrientes. Esa misma matriz represiva forjada por Bullrich es la que hoy sostiene y profundiza la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Bajo sus órdenes, el Gobierno nacional desplegó un operativo de saturación brutal que buscaba acallar el rechazo popular.
Denuncias y un historial impune
Frente a la gravedad institucional que suponen las imágenes de Gauna gatillando a mansalva, la Justicia ya recibió presentaciones penales contra la ministra Monteoliva, el propio comisario y todos los funcionarios responsables de dar luz verde a esta cacería. Las acusaciones formales exigen que se investigue la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
Las denuncias judiciales presentadas apuntan a determinar quién dio la orden política de desplegar policías de civil armados para atacar la protesta. Sin embargo, el problema de fondo no se reduce a un debate sobre el incumplimiento de normativas, como si existiera una forma “correcta“, “legal” o “humanitaria” de reprimir al pueblo que se manifiesta. El objetivo central de este operativo fue garantizar a sangre y fuego el plan de entrega del gobierno. El caso de Gauna, un jefe con 35 años de servicio y actual director de Organizaciones Criminales, ilustra a la perfección esta brutalidad estatal. Operó cobardemente escondido bajo un camperón sin insignias y efectuó disparos horizontales, apuntando directamente al cuerpo de los manifestantes en una clara “posición letal“. El hecho de que haya violado hasta las propias reglas de la fuerza (que cínicamente exigen identificación y tiros “disuasivos” hacia el suelo) va mucho más allá de un simple desvío del reglamento. Es la confirmación absoluta del ensañamiento criminal de un Estado dispuesto a mutilar para defender los intereses de los poderosos.
Curiosamente, este mismo alto jefe policial que hoy es la cara de la represión ilegal, fue quien años atrás declaró en el juicio por el asesinato del joven Lucas González, testificando en contra del accionar de sus colegas de la Policía de la Ciudad y calificando aquel crimen como una situación aberrante. Hoy, la historia lo encuentra del otro lado, empuñando un arma contra el pueblo.
La represión como única política de Estado
El salvaje operativo de aquel jueves expuso el nivel de violencia que el oficialismo está dispuesto a ejercer. Durante horas, bajo la lluvia, los carros hidrantes se usaron como herramientas de dispersión sostenida y castigo. El saldo es terrorífico: más de 1.500 personas heridas, 29 detenidos arbitrariamente y una fotorreportera internada con traumatismo de cráneo tras recibir un impacto.
Esta avanzada represiva es la muestra del corazón político libertario. Desde la implementación del protocolo antipiquetes de Bullrich, pasando por las brutales represiones sistemáticas de todos los miércoles contra los jubilados, el gobierno ha dejado en claro que su plan económico solo cierra con palos, balas de gomas y gases. Un antecedente atroz de esta misma violencia fue el intento de asesinato contra el fotorreportero Pablo Grillo, de 35 años, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno durante otra represión frente al Congreso.
La política de seguridad de este gobierno además de legitimar la brutalidad también busca criminalizar el derecho a la protesta social. Ante un Poder Judicial que históricamente actúa de manera parcial y garantiza la impunidad de las fuerzas, es fundamental apuntar a la responsabilidad política y a la cadena de mando de quienes diseñan estas cacerías humanas.
No bastan los fallos aislados contra los ejecutores materiales (los cuales son necesarios); el desafío real radica en comprender que desmantelar el aparato represivo del Estado y defender irrestrictamente nuestros derechos democráticos es una tarea impostergable que debe ser asumida desde la movilización en las calles y la organización. Solo de esta manera se podrá poner un freno a quienes pretenden gobernar imponiendo el miedo y la sangre.
