Mientras ocho futbolistas vuelven a poner sobre la mesa las denuncias contra Diego Guacci, el Senado pretende debatir, aunque mañana no este incluido en el temario, un proyecto que endurece las penas por “falsas denuncias”. Promocionado por Losada y el entorno de Guacci. No es casualidad: en un contexto de ajuste, desfinanciamiento y negacionismo, la iniciativa amenaza con convertir la denuncia en un nuevo riesgo para las víctimas.
Hay algo que el poder conoce bien: cuando una mujer habla, puede romper un silencio que durante años protegió a quienes tenían el poder. Por eso no sorprende que, mientras el caso de Diego Guacci vuelve a sacudir al fútbol argentino, avance en el Congreso el proyecto de “falsas denuncias” impulsado por la senadora Carolina Losada.
Contra el silencio y la impunidad
Por un lado, ocho futbolistas que denunciaron distintas situaciones de acoso, abuso y hostigamiento vuelven a poner sus testimonios sobre la mesa. Por otro, un proyecto que propone endurecer las penas para quienes sean acusadas de realizar falsas denuncias vinculadas a violencia de género, abuso sexual o violencia contra las infancias.
El mensaje puede ser peligroso: si denunciás y la Justicia no consigue probarlo, podés terminar siendo vos la acusada. El porcentaje de “causas con falta de prueba“ , lo que en si mismo no corresponde a falsa denuncia, no llegan al 1%. O sea se pretende legislar sobre un problema inexistente. Se busca otro objetivo.
En 2021 fueron cinco las futbolistas que denunciaron a Guacci ante la FIFA. El organismo decidió no sancionarlo y las denunciantes ni siquiera tuvieron posibilidad de apelar la resolución porque no fueron consideradas parte del proceso.
Pero el caso no terminó ahí. Cuatro años después, Aldana Videla Quintana, Mabel Velarde y Florencia Mercau hicieron públicos sus testimonios. Ya son ocho las voces que denunciaron situaciones relacionadas con el exentrenador de las selecciones juveniles femeninas.
Tampoco alcanzan, por sí solas, para establecer una responsabilidad penal. Eso corresponde a una investigación judicial seria, con garantías para todas las partes. Pero sí alcanzan para hacer una pregunta política: ¿qué condiciones existen en el fútbol para que tantas mujeres tengan que atravesar años de silencio antes de poder hablar?
Los testimonios describen distintas formas de violencia y abuso de poder: humillaciones, hostigamiento, manipulación, control y utilización de la autoridad deportiva para disciplinar a las jugadoras. En un deporte donde un un entrenador puede decidir quién juega, quién queda afuera, quién es convocada y quién continúa su carrera, la relación de poder no es menor.
Denunciar puede significar arriesgarlo todo
Después de denunciar empieza otra pelea. El caso tiene además una característica que debería encender todas las alarmas. Según explicó la abogada Andrea Lucangioli en el Senado, desde el entorno de Guacci se impulsaron acciones judiciales contra futbolistas y periodistas que difundieron las denuncias.
Es decir: la persona que denuncia no solamente tiene que atravesar el proceso original. También puede quedar expuesta a demandas, cuestionamientos públicos y campañas para desacreditar su palabra.
La represalia funciona entonces como un mecanismo de disciplinamiento. No hace falta demostrar que todas las denuncias serán castigadas. Alcanza con instalar el miedo. “¿Qué pasa si denuncio?”, “¿Qué pasa si no puedo probarlo?”, “¿Qué pasa si después me demandan?”. Esas preguntas pueden ser suficientes para que muchas otras mujeres decidan callar. Y ahí aparece el verdadero problema del proyecto de “falsas denuncias”.
Una falsa denuncia ya es un delito. El Código Penal argentino ya contempla la falsa denuncia. El artículo 245 establece penas para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad. Entonces, ¿Qué necesidad existe de crear un régimen más severo específicamente alrededor de las denuncias por violencia de género?
El proyecto de Losada propone elevar las penas hasta seis años cuando la supuesta denuncia falsa involucre violencia de género, abuso sexual, acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes.
La pregunta no es si una denuncia deliberadamente falsa debe ser investigada. Por supuesto que sí. La pregunta es qué ocurre cuando se utiliza esa figura para castigar a quien no pudo probar lo que denunció.
Porque falta de pruebas no significa mentira. Una causa puede ser archivada o desestimada porque no existen elementos suficientes para condenar. Eso no transforma automáticamente a la denunciante en una delincuente.
Convertir esa frontera en una amenaza penal es invertir la carga de la prueba: la mujer que denuncia empieza a tener que demostrar no solamente que sufrió violencia, sino también que no está mintiendo.
La trampa también alcanza a quienes acompañan. El proyecto no solamente puede impactar sobre las denunciantes. También genera preocupación entre profesionales que intervienen en estas situaciones. Psicólogos, peritos, docentes, médicos y equipos de orientación trabajan muchas veces con testimonios, indicadores y evaluaciones que no funcionan como una ecuación matemática.
Una pericia que no alcanza para probar un delito no significa necesariamente que haya sido realizada de mala fe. Una evaluación que arroja un resultado distinto al esperado por un tribunal tampoco constituye automáticamente una maniobra para inventar una causa.
El riesgo es evidente: si quienes intervienen saben que pueden terminar enfrentando una causa penal por una interpretación judicial sobre su trabajo, muchos pueden optar por no intervenir. Y cuando los profesionales se retiran, las víctimas quedan todavía más solas.
Las que menos tienen, las que más pierden
Hay además una cuestión que suele quedar escondida detrás del lenguaje jurídico: la desigualdad de clase. Una denuncia puede implicar años de abogados, pericias, traslados, estudios y pérdida de jornadas laborales. No todas las mujeres pueden pagar eso.
La que tiene recursos puede sostener una estrategia judicial durante años. Una trabajadora precarizada puede tener que elegir entre pagar un abogado o llegar a fin de mes. Por eso, la falta de una prueba no puede analizarse separada de las condiciones materiales para producirla. La Justicia no funciona en el vacío. Funciona dentro de una sociedad atravesada por desigualdades.
El fútbol también tiene su propio manual de impunidad
El caso Guacci desnuda algo que excede a un entrenador. El fútbol femenino consiguió conquistar espacios después de décadas de exclusión. Pero la presencia creciente de mujeres dentro de las canchas no modificó automáticamente las estructuras de poder.
La autoridad técnica continúa siendo, muchas veces, masculina. Las carreras deportivas siguen dependiendo de decisiones tomadas desde arriba. Y denunciar a quien tiene poder puede significar quedar marcada como “problemática”, “conflictiva” o directamente “mentirosa”.
La respuesta institucional de la FIFA en 2021 fue otro capítulo de esa historia. Cuando las instituciones no sancionan ni protegen, no son neutrales. Favorecen, de hecho, la continuidad del silencio.Y cuando después de una denuncia llega la represalia, el mensaje hacia las demás es todavía más fuerte: mejor no hablar.
Milei ajusta, desfinancia y ahora se discute cómo castigar
El proyecto tampoco aparece aislado. Llega en un contexto de desfinanciamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y atender las violencias de género, mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un discurso abiertamente negacionista respecto de las desigualdades y violencias vinculadas al género.
Se reducen políticas de asistencia, se atacan programas y estructuras estatales y se deja cada vez más en soledad a quienes necesitan acompañamiento. Y al mismo tiempo aparece una iniciativa para endurecer el castigo alrededor de las denuncias. El contraste es brutal. Menos recursos para prevenir y acompañar. Más herramientas para perseguir. No se trata de una discusión técnica aislada. Es una orientación política.
No quieren menos violencia: quieren impunidad. El proyecto de “falsas denuncias” puede presentarse como una defensa de la verdad y de las personas injustamente acusadas. Pero existe una pregunta que quienes lo impulsan deberían responder: ¿Por qué poner el foco en un fenómeno marginal cuando las mujeres todavía encuentran enormes obstáculos para llegar a la Justicia?
Los datos disponibles muestran justamente el problema contrario: denunciar violencia de género sigue siendo difícil. Muchas víctimas no denuncian. Y entre quienes lo hacen, que una causa sea desestimada no significa que la denuncia haya sido falsa. La confusión no es inocente.
Porque si cada mujer sabe que una denuncia sin pruebas suficientes puede transformarse en una acusación contra ella, el resultado puede ser exactamente el que buscan quienes siempre apostaron al silencio.
Menos mujeres hablando. Menos mujeres denunciando. Más impunidad.
La pelea es en las calles
No alcanza con discutir el proyecto en los pasillos del Congreso. La experiencia demuestra que los derechos conquistados no fueron concesiones amables de los gobiernos ni regalos de los legisladores. Fueron resultado de años de organización y movilización. El movimiento feminista lo sabe. La pelea por el aborto legal lo demostró.
Por eso, frente a esta ofensiva, la respuesta también tiene que estar en las calles. Hay que rodear el Congreso cada vez que intenten avanzar contra las herramientas que permiten denunciar y enfrentar las violencias. Porque una cosa es discutir cómo garantizar el debido proceso. Otra muy distinta es utilizar la amenaza penal para disciplinar a quienes se animan a hablar.
Las ocho futbolistas que volvieron a poner sus testimonios sobre la mesa muestran que el silencio no desaparece porque una institución archive un expediente. Y también muestran algo más importante: cuando una habla, otras pueden animarse a hacerlo.
Que no vuelva a ser el miedo el que decida. Ni impunidad para los violentos. Ni criminalización de las denunciantes. Ni un paso atrás.
