A días de que el Senado intente levantar el cuarto intermedio este próximo jueves 6 de agosto, el oficialismo se encuentra en una encrucijada parlamentaria que pone al borde del abismo su ambicioso proyecto de entrega.
La iniciativa redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tropieza con algunas dificultades para conseguir los votos necesarios en la Cámara alta. Ante el temor de sufrir una posible derrota legislativa, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, debió negociar a contrarreloj una salida de emergencia para evitar que el corazón de la ley naufrague por completo en el recinto.
La discusión central que mantiene empantanado al oficialismo gira en torno al capítulo que facilita la extranjerización de tierras. Mientras Sturzenegger pretendía barrer con todo límite histórico y habilitar la compra de territorio nacional sin restricciones, los senadores que responden a los gobernadores provinciales y los bloques dialoguistas comenzaron a mirar de reojo el costo político de levantar la mano. Con un rechazo social en crecimiento, la presión de distintos sectores y la movilización convocada frente al Congreso para el día de la sesión, varios legisladores (incluyendo sectores de la UCR y representantes provinciales) empezaron a dudar de apoyar una redacción que consagra la entrega abierta de los recursos nacionales.
Para destrabar el escenario, la exministra de Seguridad optó por ceder ante la resistencia de sus propios aliados y se apartó de la postura inflexible del ala dura del gabinete. En un intento por garantizar la media sanción, Bullrich acordó un borrador que será anunciado formalmente en conferencia de prensa: en lugar de eliminar por completo los topes vigentes desde 2011 (que fijan un máximo del 15% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental), el nuevo texto propone elevar ese porcentaje al 25%.
Lo que el gobierno y sus voceros intentan presentar como una concesión hacia la oposición es, en realidad, una trampa sumamente peligrosa. Al aplicar este nuevo tope del 25% exclusivamente sobre el territorio provincial, la modificación borra de un plumazo el límite municipal o departamental que existe en la ley actual. Esta formulación engañosa habilitaría, por ejemplo, a que se extranjerice la totalidad de la cordillera minera o un departamento entero, siempre y cuando no se sobrepase el límite general de la provincia.
Además de este falso techo, los cambios propuestos por Bullrich mantienen intactas las derogaciones más nocivas del proyecto original. El nuevo texto sigue habilitando la compra de territorios estratégicos que hasta ahora estaban protegidos, derogando el artículo clave (el artículo 10) que prohibía a los extranjeros adquirir tierras ribereñas, cuerpos de agua permanentes, lagos patagónicos de agua dulce y glaciares. También elimina el tope histórico de 1.000 hectáreas máximas por extranjero en la zona núcleo y suprime la restricción que impedía que una misma nacionalidad concentre más del 30% del cupo permitido.
Para coronar esta maniobra de entrega, el borrador de Bullrich flexibiliza el decreto de 1944 sobre las tierras limítrofes, permitiendo la venta en zonas de frontera con apenas una autorización provincial y el silencio administrativo del Estado nacional (algo que, según especialistas, facilita el narcotráfico y el contrabando). Y como si fuera poco, elimina la obligación de informar sobre las transacciones al Registro Nacional de Tierras Rurales, lo que significa extranjerizar el país en la más absoluta opacidad.
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Este tire y afloje legislativo deja en evidencia que aquí no se está discutiendo ninguna medida de carácter progresivo, sino cómo administrar de la manera más funcional posible el saqueo de nuestro territorio. Ya sea con un tope del 15%, subiéndolo al 25% (y eliminando las barreras departamentales y ambientales) o eliminándolo por completo, el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: garantizar al capital extranjero el control estratégico de nuestros suelos. Aunque el oficialismo intente maquillar la norma con concesiones menores para cuidar la imagen de sus colaboradores circunstanciales, la esencia del proyecto permanece intacta.
Permitir que grandes corporaciones o magnates internacionales concentren más de una cuarta parte de las tierras provinciales significa convalidar a los futuros dueños de nuestras decisiones fundamentales. Son estos mismos actores los que, al asentarse en nuestras latitudes, terminan condicionando la matriz productiva del país, decidiendo qué se produce, qué se come y expulsando a las comunidades de sus lugares de habitabilidad.
Vale recordar que este combo de saqueo no se agota en la extranjerización de la tierra. El proyecto impulsado por la Casa Rosada también busca modificar la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso comercial de superficies arrasadas por catástrofes, institucionaliza la crueldad de los desalojos exprés frente a la crisis habitacional y restringe drásticamente las herramientas de expropiación del Estado en favor de los intereses privados.
El fantasma de la movilización convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso (y replicada en cada rincón del país) es el factor que verdaderamente altera las cuentas de los gobernadores y legisladores. Saben que votar este proyecto, bajo cualquier porcentaje de maquillaje o modificación engañosa, los expone ante la historia como los responsables de rifar la soberanía nacional.
Por eso, más que nunca, este próximo jueves las leyes de entrega no se frenan en los pasillos de la rosca parlamentaria, sino con la fuerza de la organización y la lucha en las calles. Desde el MST en el Frente de Izquierda convocamos a rodear masivamente el Congreso y a hacernos escuchar en cada plaza del país. Porque la tierra, el agua, los recursos y nuestros bienes comunes no se negocian ni se administran: se defienden luchando.
