El Gobierno oficializó el mecanismo con el que avanzará en la venta de empresas estatales contempladas en la Ley Bases. Bajo el discurso de la “eficiencia” y la “modernización”, la administración de Javier Milei prepara nuevas privatizaciones que beneficiarán al capital privado sobre sectores estratégicos de la economía. Se trata de una nueva etapa en la entrega del patrimonio construido por generaciones de trabajadores.
La administración de Javier Milei dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones. A través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, la Oficina Nacional de Contrataciones reglamentó el sistema mediante el cual empresas y particulares podrán inscribirse para participar de las subastas públicas destinadas a transferir activos estatales al sector privado. Las operaciones se realizarán de manera electrónica mediante la plataforma SUBAST.AR, creada para administrar las ventas de bienes públicos.
La medida reglamenta los procedimientos previstos por la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado, estableciendo un registro específico para quienes pretendan adquirir empresas, acciones, establecimientos productivos u otros activos estatales que el Poder Ejecutivo decida privatizar.
Un nuevo paso en el plan privatizador
La reglamentación no crea las privatizaciones, pero sí pone en marcha la maquinaria administrativa necesaria para concretarlas. Entre los procesos más avanzados se encuentra la privatización de AySA, cuyo cronograma prevé la apertura de ofertas técnicas durante agosto y económicas en septiembre. También avanzan las concesiones de centrales termoeléctricas y de complejos hidroeléctricos, como el sistema Los Nihuiles, en Mendoza.
El objetivo oficial es unificar el mecanismo de inscripción para todos los futuros procesos de venta y concesión de empresas públicas, facilitando la participación de inversores privados nacionales e internacionales.
La vieja receta neoliberal
Desde el Gobierno sostienen que las privatizaciones permitirán reducir el gasto público, atraer inversiones y mejorar la eficiencia de los servicios. Sin embargo, la historia argentina ofrece numerosos antecedentes que invitan a poner en duda ese discurso. Durante la ola privatizadora de la década de 1990, empresas estratégicas pasaron a manos privadas con la promesa de mejorar los servicios y aliviar las cuentas públicas. El resultado fue, en muchos casos, aumentos tarifarios, deterioro de las prestaciones, pérdida de miles de puestos de trabajo y una creciente dependencia de grupos económicos nacionales y extranjeros.
Hoy el Ejecutivo retoma esa misma orientación, aunque con un contexto aún más favorable para el gran capital, impulsado por la Ley Bases y otras reformas que reducen controles estatales sobre sectores estratégicos.
El patrimonio público en disputa
Las empresas estatales no representan únicamente activos contables. Administran servicios esenciales, infraestructura energética, transporte, comunicaciones, agua potable y recursos estratégicos que impactan directamente sobre millones de personas. Su funcionamiento también constituye una herramienta para planificar inversiones, garantizar derechos y sostener actividades que el mercado privado muchas veces no considera rentables.
Lo que está en juego es quién controla áreas estratégicas de la economía y con qué objetivos: si para garantizar derechos sociales o para maximizar ganancias privadas.
Un modelo de transferencia hacia los grandes grupos económicos
La reglamentación publicada esta semana confirma que el programa económico de Milei continúa avanzando sobre el patrimonio estatal mientras mantiene el ajuste sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales.
Lejos de resolver los problemas estructurales del país, la privatización implica una nueva transferencia de riqueza desde el Estado hacia grandes grupos empresarios y fondos de inversión, muchos de ellos internacionales.
La salida no pasa por vender empresas públicas sino por fortalecerlas bajo gestión transparente, con control social y participación de sus trabajadores, orientando su funcionamiento a satisfacer las necesidades de la población y no las exigencias del mercado.
En un contexto de recesión, caída del consumo y deterioro de las condiciones de vida, el Gobierno profundiza un rumbo que ya mostró sus consecuencias en el pasado: convertir bienes construidos con recursos públicos en nuevas oportunidades de negocios para el capital privado.
