Mientras profundizó el ajuste sobre las jubilaciones y vetó mejoras en los haberes, la administración de Javier Milei desembolsó cerca de 2.000 millones de pesos en operativos de seguridad para contener las protestas frente al Congreso. Los datos exponen el costo de una política que respondió con represión a los reclamos de uno de los sectores más golpeados por la crisis.
La motosierra para los jubilados, los millones para la represión
Un informe revela que el Gobierno destinó más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad contra las movilizaciones de jubilados frente al Congreso durante 2025. Mientras sostiene el ajuste sobre los haberes previsionales y recorta derechos sociales, la administración de Javier Milei multiplica los recursos para garantizar la represión de quienes reclaman por ingresos dignos.
El gobierno de Javier Milei destinó 2.087 millones de pesos a los operativos de seguridad desplegados durante las 43 marchas de jubilados realizadas frente al Congreso en 2025. La cifra surge de información oficial entregada por el Ministerio de Seguridad a partir de un pedido de acceso a la información pública y refleja el costo de una política que ha convertido la represión en la respuesta sistemática frente a los reclamos sociales.
El monto equivale a miles de jubilaciones mínimas y expone una de las prioridades del Ejecutivo: mientras insiste en el equilibrio fiscal para justificar el deterioro de los ingresos de los adultos mayores, no escatima recursos para desplegar fuerzas federales, vallas, móviles y efectivos cada miércoles alrededor del Congreso.
Desde el inicio de la gestión libertaria, las movilizaciones de jubilados se transformaron en un símbolo de la resistencia al ajuste. Los reclamos apuntan a la pérdida del poder adquisitivo de los haberes, el congelamiento del bono extraordinario y el encarecimiento de medicamentos y servicios esenciales. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido profundizar el operativo represivo antes que atender las demandas previsionales.
La política de “déficit cero” muestra así otra de sus caras. El ahorro obtenido mediante el recorte sobre jubilaciones y programas sociales convive con un incremento de los recursos destinados al aparato represivo. El contraste pone en evidencia que el ajuste no implica un retiro del Estado, sino una redefinición de sus funciones: menos protección social y más capacidad para disciplinar la protesta.
el dato confirma una orientación política clara. Mientras millones de personas mayores enfrentan ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica, el Gobierno invierte cifras millonarias para blindar el Congreso e impedir que sus reclamos ganen visibilidad. Lejos de resolver la crisis previsional, la respuesta oficial ha sido convertir el derecho a la protesta en un problema de seguridad.
