Un informe técnico de 180 páginas elaborado por un organismo del Ministerio Público detectó inconsistencias entre los ingresos, gastos y evolución patrimonial de Manuel Adorni. La causa por presunto enriquecimiento ilícito avanza hacia una nueva etapa judicial y vuelve a poner en cuestión el discurso de austeridad con el que el gobierno de Javier Milei llegó al poder.
El patrimonio de Adorni vuelve a quedar en el centro de la escena
Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en justificar el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y persona s con discapacidad bajo el argumento de que “no hay plata”, uno de sus principales dirigentes vuelve a quedar envuelto en una investigación judicial por la evolución de su patrimonio.
La causa que investiga al exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni dio un nuevo paso luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita recibiera un informe elaborado por la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo especializado del Ministerio Público. El estudio, de unas 180 páginas, reconstruye la evolución patrimonial del funcionario y marca inconsistencias entre sus ingresos declarados, sus gastos y distintas operaciones económicas realizadas junto a su esposa.
Según trascendió, el documento constituye una de las principales pruebas de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y será analizado durante la feria judicial. Luego de ese proceso, la fiscalía avanzaría con un requerimiento para que Adorni justifique el origen de los fondos observados, una instancia que suele anteceder a un eventual llamado a declaración indagatoria.
Un relato que hace agua
El caso vuelve a exponer una contradicción que atraviesa al gobierno libertario desde su llegada al poder. Mientras Milei construyó su campaña denunciando los privilegios de “la casta política”, varios de sus funcionarios quedaron envueltos en cuestionamientos por el uso de recursos públicos, designaciones familiares y presuntas irregularidades patrimoniales.
En el caso de Adorni, las dudas comenzaron hace meses cuando se conocieron viajes de alto costo, vuelos privados, compras de inmuebles y un nivel de gastos difícil de compatibilizar con los ingresos oficialmente declarados por el funcionario y su entorno familiar. Aquellas revelaciones dieron origen a la investigación que hoy suma un informe técnico con respaldo pericial.
El trabajo de la DAFI fortalece la investigación al señalar inconsistencias que deberán ser explicadas ante la Justicia.
Ajuste para las mayorías, privilegios para los funcionarios
El expediente también refleja una lógica política más amplia. Mientras el Ejecutivo exige sacrificios permanentes a la población, congela salarios, reduce programas sociales y profundiza el desfinanciamiento de áreas sensibles del Estado, los principales funcionarios aparecen vinculados a estilos de vida y patrimonios que generan crecientes interrogantes.
No se trata solamente de un problema individual. La investigación alcanza a uno de los dirigentes que durante meses fue la cara visible del ajuste, encargado de defender en conferencias de prensa cada recorte impulsado por el gobierno y de justificar políticas que deterioraron las condiciones de vida de millones de trabajadores.
La “casta” sigue gobernando
El oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política. Sin embargo, la sucesión de escándalos que involucraron a distintos funcionarios libertarios —desde contrataciones de familiares hasta investigaciones por patrimonio o manejo de bienes públicos— alimenta la percepción de que el discurso anticasta convive con prácticas propias de la vieja política que decía combatir.
Mientras la Justicia continúa avanzando, el caso Adorni vuelve a colocar bajo la lupa no solo la situación patrimonial de un exfuncionario, sino también la credibilidad de un gobierno que hizo de la transparencia una de sus principales banderas y que se convirtió en una nueva casta.
