El Gobierno lanzó un nuevo proceso de licitación internacional para la exploración de petróleo y gas en el Mar Argentino. La iniciativa busca atraer capitales privados con mayores beneficios para las empresas, profundizando un modelo extractivista que prioriza la renta de las multinacionales por sobre la soberanía energética, el ambiente y el control público de los recursos naturales.
El gobierno de Javier Milei avanza un nuevo paso en su política de entrega de los bienes comunes. A través de la Secretaría de Energía, puso en marcha una nueva licitación internacional para adjudicar áreas de exploración offshore en la plataforma continental argentina, con el objetivo de ampliar la búsqueda de petróleo y gas en aguas del Atlántico Sur. Las mismas se encuentran en el CAN_200, ubicada en el ámbito costa afuera nacional de la Cuenca Argentina Norte. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 590/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida forma parte del programa de desregulación y apertura impulsado por la administración libertaria, que busca convertir a la Argentina en un destino cada vez más atractivo para las grandes compañías energéticas internacionales. En lugar de fortalecer una política de planificación estatal sobre un recurso estratégico, el Ejecutivo vuelve a apostar por ofrecer condiciones cada vez más favorables para que las multinacionales amplíen su presencia sobre el patrimonio nacional.
Más beneficios para las petroleras
La nueva ronda licitatoria comprende bloques ubicados en distintas cuencas marítimas y apunta a captar inversiones de empresas nacionales y extranjeras interesadas en la exploración de hidrocarburos offshore.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa permitirá incrementar las reservas de petróleo y gas, generar divisas y potenciar las exportaciones energéticas. Sin embargo, detrás de ese discurso aparece una orientación que ya se repite en otras áreas de la economía: ofrecer recursos estratégicos al capital privado mediante reglas cada vez más flexibles, menores controles y garantías de rentabilidad para las grandes compañías.
La lógica es la misma que atraviesa el RIGI, las privatizaciones y la apertura indiscriminada de sectores estratégicos. El Estado renuncia a intervenir sobre recursos fundamentales mientras las ganancias quedan concentradas en un puñado de corporaciones.
Soberanía energética en retroceso
La exploración offshore vuelve a instalar un debate de fondo sobre quién debe controlar los recursos naturales del país.
El petróleo y el gas constituyen bienes estratégicos para cualquier proyecto de desarrollo. Sin embargo, lejos de avanzar hacia una mayor planificación pública, el gobierno profundiza un esquema basado en concesiones de largo plazo y en la creciente participación de empresas privadas.
La experiencia argentina muestra que la presencia de grandes petroleras no garantiza ni precios accesibles para la población ni soberanía energética. Por el contrario, durante décadas los hidrocarburos fueron explotados priorizando la rentabilidad empresaria, mientras el país continuó dependiendo de importaciones energéticas, sufrió aumentos tarifarios y perdió capacidad de planificación.
En el caso del offshore, además, la discusión adquiere una dimensión geopolítica. Varias de las áreas de exploración se encuentran en una plataforma marítima cuya defensa resulta estratégica frente a la permanente presencia británica en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de defensa de la soberanía, su política energética favorece la creciente participación de capitales privados sobre recursos clave.
Riesgos ambientales y extractivismo
Las perforaciones offshore también generan preocupación por sus impactos ambientales. Organizaciones ambientalistas y comunidades costeras vienen advirtiendo desde hace años sobre los riesgos asociados a la exploración sísmica y a posibles derrames de hidrocarburos, que podrían afectar ecosistemas marinos, la pesca y actividades económicas vinculadas al turismo.
El gobierno, sin embargo, vuelve a colocar la necesidad de atraer inversiones por encima de cualquier discusión sobre el modelo de desarrollo o los costos ambientales de este tipo de emprendimientos.
La falsa dicotomía entre cuidar el ambiente o generar empleo suele utilizarse para justificar proyectos extractivos que finalmente benefician principalmente a las grandes empresas, mientras las comunidades locales reciben escasos beneficios y asumen los riesgos.
¿Quién se queda con la riqueza?
El debate no pasa únicamente por la exploración offshore, sino por el destino de la riqueza que generan los recursos naturales argentinos.
Mientras Milei impulsa nuevas licitaciones, también avanza con privatizaciones, recortes sobre organismos públicos y un esquema económico que facilita la remisión de utilidades al exterior. La combinación de estas políticas profundiza un modelo primarizado, donde el país exporta recursos mientras pierde capacidad para decidir soberanamente sobre ellos.
La discusión debería ser exactamente la inversa. Los hidrocarburos, como el litio, la minería o el sistema energético, deberían estar bajo control público, con gestión de sus trabajadores y orientados a satisfacer las necesidades sociales antes que las ganancias privadas.
Porque la verdadera soberanía energética no consiste en ofrecer mejores negocios a las multinacionales, sino en poner los recursos estratégicos al servicio de las mayorías populares y de un proyecto de desarrollo independiente de las grandes corporaciones y de los intereses del capital internacional.
