La Casa Rosada logró aprobar la media sanción del nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones con respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Mientras Milei promete una lluvia de inversiones, el proyecto profundiza un modelo de beneficios fiscales para grandes empresas en un país atravesado por ajuste, caída del consumo y crisis industrial.
Una ley para los de arriba
El gobierno de Javier Milei acelera en el Congreso para aprobar una de sus principales apuestas económicas: el denominado Súper RIGI, un régimen que amplía los beneficios otorgados a grandes inversiones y busca atraer proyectos vinculados a sectores estratégicos como tecnología, infraestructura digital, inteligencia artificial, energía y otras industrias consideradas “del futuro”.
El oficialismo sostiene que la iniciativa permitirá generar inversiones millonarias y transformar la estructura productiva del país. Sin embargo, detrás del discurso de modernización aparece una vieja receta: otorgar ventajas extraordinarias a grandes grupos económicos bajo la promesa de que, algún día, esa riqueza llegará al conjunto de la sociedad.
El problema es que mientras las empresas reciben beneficios, la mayoría trabajadora enfrenta salarios deteriorados, pérdida del poder adquisitivo y un mercado interno cada vez más debilitado.
La alianza parlamentaria que sostiene el ajuste
La aprobación del proyecto depende de una red de acuerdos parlamentarios que vuelve a mostrar una contradicción central del gobierno libertario.
Milei llegó al poder denunciando a la “casta política”, pero para avanzar con sus reformas necesita negociar con esa misma estructura que prometía eliminar.
El oficialismo logró dictamen favorable con respaldo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales del peronismo, que habilitaron el tratamiento legislativo de la iniciativa y tambien dieron su voto para lograr la media sanción. Resultó con 130 votos afirmativos, frente a 106 negativos y 7 abstenciones.
La escena vuelve a repetirse: gobernadores y legisladores que critican algunos aspectos del gobierno terminan acompañando leyes que sostienen su programa económico.
¿Inversión o privilegios?
El Súper RIGI apunta a proyectos de más de mil millones de dólares y plantea condiciones especiales para atraer capitales. Entre los beneficios discutidos aparecen estabilidad fiscal por décadas, incentivos cambiarios y ventajas regulatorias para los grandes inversores.
Desde el Gobierno presentan estas medidas como una herramienta para competir con otros países y desarrollar sectores estratégicos, pero la pregunta es otra ¿Quién controla esas inversiones y a quién beneficia realmente ese modelo?
La experiencia argentina muestra que las grandes empresas pueden recibir beneficios millonarios sin necesariamente generar empleo de calidad ni desarrollo equilibrado. Al contrario, saquean a las comunidades y sus bienes comunes, dejando tierra arrasada.
La economía real detrás de los anuncios
El relato oficial habla de una Argentina que entraría en una nueva etapa de crecimiento gracias a la llegada de inversiones. Pero la economía cotidiana muestra otra realidad.
La industria, el comercio y la construcción continúan golpeados por la caída del consumo. Miles de trabajadores enfrentan dificultades para sostener su nivel de vida mientras el Gobierno profundiza una política de ajuste fiscal y apertura económica.
El modelo libertario apuesta a que el crecimiento venga desde arriba: primero los grandes capitales, después —alguna vez— el resto. Es una lógica conocida en la historia argentina: concentración de riqueza, beneficios para sectores económicos dominantes y una promesa permanente de derrame que nunca se cumple.
El “capitalismo de amigos” con otro nombre
Una de las principales banderas de Milei fue terminar con los privilegios del Estado hacia determinados sectores empresariales, pero el Súper RIGI plantea una discusión incómoda: si una empresa recibe décadas de ventajas fiscales, condiciones especiales y garantías estatales, ¿eso no es también un privilegio?
La diferencia es que ahora esos beneficios no se presentan como protección a empresarios locales, sino como una estrategia para atraer inversiones extranjeras.
El resultado, sin embargo, puede ser similar: un Estado que resigna herramientas para orientar la economía mientras grandes grupos deciden dónde invertir, cuánto producir y cómo distribuir las ganancias.
La discusión de fondo
El debate sobre el Súper RIGI no es solamente parlamentario. Es una discusión sobre qué modelo de país se quiere construir. El Gobierno propone una Argentina donde el Estado garantiza condiciones favorables para los grandes inversores y espera que el mercado ordene el resto.
El desafío es otro: discutir quién produce la riqueza, quién se beneficia y quién toma las decisiones económicas. Porque un país se desarrolla cuando los recursos están al servicio de las mayorías, generan empleo digno, fortalecen la industria nacional y no significan una transferencia de recursos desde el conjunto de la sociedad hacia los sectores más concentrados.
