A pesar del paso del tiempo y de que el presidente lo siga defendiendo, la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex Jefe de Gabinete se reactivó. La fiscalía le exige que justifique un crecimiento patrimonial escandaloso que no tiene correlato con sus ingresos.
El fantasma del enriquecimiento ilícito vuelve a acechar a Manuel Adorni. Luego de un período de letargo judicial, el ex Jefe de Gabinete del gobierno libertario fue intimado formalmente por el fiscal Gerardo Pollicita a dar explicaciones sobre un brutal e injustificado salto en su patrimonio. El requerimiento, que funciona como el paso previo a un llamado a indagatoria, le otorga a Adorni un plazo de 15 días para justificar el origen de los fondos suyos y los de su esposa, Bettina Angeletti.
Cabe recordar que la figura de Adorni generó una de las crisis políticas más profundas para el Ejecutivo nacional. Mientras se encontraba en funciones, cada semana aparecían nuevos elementos y gastos obscenos que destrozaban el relato anticasta del gobierno. Sus recurrentes viajes de placer, la casa en el exclusivo country Indio Cuá, los insólitos préstamos millonarios financiados por dos jubiladas, la compra de un departamento en Caballito, las costosas refacciones, las supuestas herencias y hasta un insólito pendrive cargado de criptomonedas fueron un cúmulo de escándalos imposibles de sostener.
Ante la ausencia total de explicaciones razonables y el peso de las evidencias, el gobierno entró en una crisis gigantesca que obligó al presidente Javier Milei a pedirle la renuncia. Sin embargo, las justificaciones fantasiosas que intentó tejer Adorni antes de irse no lograron detener a la Justicia, que ahora lo acorrala con pruebas contundentes.
Los números que no cierran: el desfasaje millonario
El dictamen de la fiscalía se apoya en un pormenorizado informe técnico de 207 hojas realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Este trabajo expuso inconsistencias gravísimas en las cuentas del exfuncionario. Según el Ministerio Público, durante su breve paso por la función pública (del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026), Adorni cobró 35 haberes que, sumados a los ingresos de su cónyuge, alcanzaron los $229.752.283. Sin embargo, los gastos corrientes del grupo familiar en ese mismo período treparon a $272.820.832.
De este análisis se desprende que el ex vocero libertario tiene una diferencia en contra de $43.068.549 tan solo en gastos cotidianos (tarjetas, expensas, viajes, servicios). A este déficit en pesos se le suma una cifra aún más alarmante: la fiscalía detectó que la familia desembolsó 402.578 dólares que no tienen “correlato en los ingresos lícitos comprobados“.
El fiscal Pollicita elaboró un listado con 20 puntos centrales que Adorni deberá explicar detalladamente. Entre los cuestionamientos más escandalosos por los que se lo investiga se encuentran:
- Los dólares en efectivo: Deberá explicar el origen de los dólares no bancarizados declarados como “venta de activos” y aportar documentación que los respalde. Específicamente los 565 mil dólares que aparecieron repentinamente en la rectificación de su declaración jurada.
- Propiedades y remodelaciones suntuosas: La Justicia exige saber de dónde salieron los fondos para comprar el lote en Indio Cuá y por qué lo puso a nombre de su esposa. Además, deberá justificar los 245.000 dólares en efectivo que le pagó a un contratista para remodelar esa misma vivienda. También deberá rendir cuentas sobre la procedencia de los fondos utilizados para comprar el departamento en la calle Miró (Caballito) y los dólares en efectivo gastados para amoblarlo.
- Préstamos y testaferros: Pollicita pide corroborar los extraños mutuos (préstamos) que le habrían otorgado dos familiares. Y aún más grave, deberá explicar la “intervención de personas del entorno” para adquirir bienes o realizar pagos por él, con posteriores reintegros en efectivo, incluyendo compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados que trabajaban a sus órdenes.
- El cuento cripto: El fiscal exige justificar el origen de los capitales invertidos en criptoactivos, cuentas que Adorni había ocultado en sus declaraciones iniciales ante la Oficina Anticorrupción y que luego intentó utilizar como excusa televisiva para explicar sus “ahorros en negro“.
Justicia real contra la impunidad de la casta
Si las respuestas de Adorni no convencen a los investigadores, el paso siguiente y obligatorio será el llamado a indagatoria por parte del juez Ariel Lijo.
El caso Adorni es la radiografía perfecta de un gobierno profundamente corrupto, que resguardó y encubrió a un funcionario enriquecido ilícitamente hasta que el escándalo público no le dejó otra opción que apartarlo de su cargo. Este gobierno libertario, que llegó con la promesa de barrer a la casta, hoy está plagado de sospechas de corrupción, negociados oscuros y despilfarro de fondos públicos, mientras ajusta brutalmente a las mayorías populares.
Resulta indispensable exigir que estos casos no queden empantanados en los laberintos de un Poder Judicial fuertemente viciado por el poder político de turno. Con un Ejecutivo que manipula y reconfigura el mapa judicial intentando llenarlo de jueces adictos a sus favores, confiar ciegamente en este sistema es una ingenuidad. Por eso, frente a casos de tamaña gravedad, es urgente la creación de una Comisión Investigadora Independiente. Un organismo integrado por personalidades intachables del ámbito social y de los derechos humanos, dotado de plenas facultades, herramientas y acceso total a la información para ir hasta las últimas consecuencias. Solo con mecanismos de justicia verdaderamente democráticos se podrá castigar a estos corruptos con las penas que se merecen e incautar los bienes robados al Estado.
