En febrero de 2025, Rodrigo Torres, de 22 años, fue fusilado por Gendarmería tras una persecución cuando transportaba hoja de coca y turrones en la zona fronteriza de La Quiaca. Este hecho se dio en el marco de la militarización de la zona por el operativo Plan Güemes a cargo de Patricia Bullrich. Con una fuerte impronta racista, está incursión se cobró varias vidas inocentes. Gracias a la fuerte presión de su familia y su comunidad, y al hallazgo de registros fílmicos incriminatorios, se logró impedir que el gendarme gatillero quedara impune. Finalmente, hoy se dictó la sentencia: 17 años de prisión para Walter Daniel Álvarez.
El caso de Ivo no fue el único. Fue precedido por el caso de Fernando Martín Gómez, trabajador bagayero oriundo de Orán, Salta. Se trata de crímenes clasistas: mientras se persigue con histeria el tráfico de hoja de coca y el comercio de frontera, el verdadero contrabando se realiza libremente a través de la Hidrovía Paraná. Nos referimos al saqueo silencioso de nuestros bienes comunes producidos en Argentina, que se exportan sin declarar, por valores millonarios, sin aranceles y en beneficio solo del gran capital concentrado y las multinacionales.
Abrazamos a la familia de Ivo Rodrigo Torres por la importante lucha que sostuvo para derrotar el encubrimiento y lograr la condena del gendarme asesino. A pesar de no haberse logrado la condena a prisión perpetúa, ni juzgar al resto de los gendarmes implicados o a la línea de mando, se demuestra que el sistema de impunidad clasista y racista no es invencible y que con lucha se lo puede torcer.
