Desde que terminó el lunes el discurso de Alberto Fernández para dar inicio a las Sesiones Ordinarias Legislativas, resuena en todos los medios periodísticos la decisión del gobierno nacional de investigar el préstamo Stand By que el FMI le otorgó a la gestión de Cambiemos. Luego que el presidente adelantara la presentación de “una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, el Banco Central declaró que “elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el FMI, para determinar si generaron perjuicios al Estado”.
Ningún economista serio o político preocupado por la realidad social y económica, desconocería estos argumentos como ciertos. El FMI, en 2018, acordó un crédito por 57.000 millones de dólares, de los cuales 45.000 millones fueron desembolsados y, seguidamente, fugados. Una cifra que equivale el 42% de lo que el organismo internacional les prestó a 85 países a lo largo de todo el 2020. Este préstamo descomunal que desembarcó en nuestro país, sin que ninguna familia trabajadora sea consultada para una decisión de tal envergadura, como lo reconoció Claver Carone (hoy actual presidente del BID), se utilizó para financiar la última candidatura de Mauricio Macri y, como ya se dijo, fugarla al exterior, elementos que constituyen faltas hasta del propio estatuto del pulpo imperialista del FMI.
Lacunza, Dujvne, Sandleris y, obviamente, Macri, son los principales responsables de tal acuerdo que sumergió a la Argentina en el préstamo más importante de los fondos del FMI, sometiendo al país a una relación colonial de carácter política y económica con un organismo enamorado de las reformas estructurales (laboral, previsional, etc.), para que se le devuelva lo prestado. No hay dudas que la derecha endeudó al país sin escrúpulos para permitir una transferencia descomunal hacia los sectores más concentrados de la economía. Esto merece todo el repudio, como también el comportamiento de todos los partidos que estuvieron desde la última dictadura hasta el presente, por mantener un mecanismo de saqueo neoliberal que obliga a nuestro país a ser una economía atrasada, reprimarizada, sofocada por el peso de una deuda espuria.
El peso de la deuda
Compartiendo la apreciación que el último préstamo Stand By se utilizó para los negocios del sector financiero del país e internacional, no se puede compartir la estrategia del gobierno de investigar, tal vez hacer caer algún responsable, pero pagar. Investigar es algo que se tiene que hacer, sin dudas, aunque debiera haber una investigación independiente y real. Hacer pagar a los responsables, también sería necesario, llegando hasta el propio Macri. Ahora, lo irracional es pagar una estafa. ¿O acaso quien paga una estafa evidente contra el país, no es parte responsable? Y el gobierno hasta ahora, viene pagando vencimientos de todo tipo. Y se dispone, de una u otro forma, a seguir haciéndolo. Además, es mentira que las irregularidades del caso permiten tener una renegociación acorde a la situación crítica del país.
Como lo reconoció el economista Emmanuel Álvarez Agis, según las variantes de acuerdo que se manejan desde el Ministerio de Economía comandado por Martín Guzmán, Argentina podría cerrar un acuerdo “clásico” a 10 años o uno especial a 20 años. En el primer caso el país tendría que desembolsar, entre 2026 a 2031 (ya que se estirarían los plazos), vencimientos anuales de capital por 7.500 millones de dólares, algo que sumado al pago a los acreedores privados y los pagos por intereses elevaría la cifra a 16.500 millones de dólares por año. Algo imposible para una economía que cayó 10 puntos en 2020 y no avizora un repunte prolongado. En el segundo caso, con un esquema de 20 años, los pagos serían de 12.500 millones de dólares por año. Todo escenario impone una carga de deuda equivalente a un promedio de 6 presupuestos de salud en valor de lo destinado este 2021 para el área.
Investigar, suspender los pagos y desconocer la deuda
El hecho de continuar con el pago de esta deuda, por parte del Frente de Todos, sólo se entiende por la siguiente cuestión. La problemática de este mecanismo de saqueo no corresponde a una mala gestión, es algo endógeno al funcionamiento del régimen político. Es el mismo Martín Guzmán quien se encarga de poner un ancla en la economía local al establecer tasas usurarias del 18% en dólares para bonos nacionales.
Por este motivo, como lo sostiene el MST en el FIT-Unidad, el camino para terminar con la deuda externa es investigarla, desconocerla y terminar con los pagos. Y políticamente romper con el Fondo. Con el dinero que se lleva esta aspiradora de dólares, el país podría atender las necesidades sociales urgentes, como resolver la pobreza estructural que hoy arroja al 60% de los chicos a tal condición. Las estafas no se pagan, la soberanía no se construye de la mano de un gobierno digitado por el FMI.