El gobierno de Claudio Vidal profundiza el ajuste en la provincia mientras impulsa un endeudamiento externo por hasta 600 millones de dólares y mantiene congelados los salarios estatales por sexto mes consecutivo. Bajo el argumento de financiar “obras históricas”, la gestión provincial consolida un modelo económico alineado con el programa de Javier Milei: ajuste sobre los trabajadores, desfinanciamiento del Estado y beneficios para grandes grupos empresarios. Desde el MST en el FIT-Unidad denunciamos esta estafa y planteamos una salida en favor de las mayorías.
El gobierno de Claudio Vidal ha decidido dar un salto cualitativo en su política de ajuste. A través de un proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados, busca autorización para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares, lo que representa el mayor endeudamiento en moneda extranjera de la historia de Santa Cruz. Defendido por el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, el proyecto compromete regalías petroleras, recursos mineros y fondos de coparticipación como garantía para acceder a financiamiento internacional. Para amplios sectores sindicales y sociales, se trata de una nueva hipoteca sobre el futuro de Santa Cruz que profundiza la dependencia financiera y pone los recursos estratégicos de la provincia al servicio de acreedores externos y corporaciones privadas.
Hipoteca verde: soberanía en riesgo
El proyecto no solo es alarmante por su monto, sino por las condiciones que impone. Se comprenden garantías extremas sobre la Coparticipación Federal, las regalías hidrocarburíferas y las mineras. Además, la iniciativa autoriza prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, renunciando a la inmunidad soberana y dejando a la provincia indefensa ante reclamos en el exterior. El plazo de amortización se extiende hasta 15 años, estirando los pagos hasta el año 2041 e hipotecando el futuro de las próximas generaciones.
Ajuste sobre los trabajadores, impunidad para el gran capital
Mientras tramita este cheque en blanco, Vidal ratificó la Resolución 030/26, que establece una “pauta salarial cero” para los estatales por sexto mes consecutivo. Con una pérdida del poder adquisitivo de entre el 20% y el 30% acumulada en los últimos tres años, el gobierno condena a miles de familias a la pobreza bajo el argumento de que “no hay plata”.
La crisis golpea de lleno sobre las mayorías populares. Docentes, trabajadores de salud y empleados estatales soportan salarios congelados en un contexto de inflación permanente y aumento del costo de vida. La situación en las escuelas y hospitales refleja el deterioro social que atraviesa la provincia: en establecimientos educativos faltan mantenimiento, calefacción e infraestructura básica; en salud pública se multiplican las denuncias por falta de profesionales, guardias saturadas y escasez de insumos.
A pesar de ese escenario, el gobierno sostiene subsidios millonarios para sectores privados de la salud y la educación mientras ajusta sobre el sistema público. Las grandes empresas, en cambio, continúan acumulando beneficios: petroleras y mineras siguen operando con enormes ganancias mientras la provincia resigna recursos y posterga reclamos históricos por contaminación y pasivos ambientales. Empresas como YPF permanecen bajo cuestionamiento por los daños ambientales generados tras décadas de explotación, muchas veces resueltos mediante acuerdos favorables para las compañías y pagos licuados por la devaluación. Los fondos del resarcimiento de YPF —entre 335 y 365 millones de dólares— no se tradujeron en mejoras concretas para el pueblo. A eso se suma una política fiscal que reduce la carga sobre los sectores más concentrados de la economía: bancos, mineras y grandes empresarios no pagan la crisis; la pagan los que trabajan.
La propuesta del MST-FIT Unidad: que la crisis la paguen los capitalistas
Desde el MST en el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad planteamos una salida opuesta al ajuste y al endeudamiento impulsado por el gobierno provincial. La crisis no debe recaer sobre trabajadores y jubilados, sino sobre los grupos económicos que se enriquecieron durante años con los recursos de Santa Cruz. El endeudamiento externo es un “certificado de impotencia” de un gobernador que llegó prometiendo orden y hoy solo ofrece más deuda y sumisión al plan de Milei y el FMI.
- No al endeudamiento externo. Rechazamos cualquier pacto que hipoteque las regalías, la coparticipación y la soberanía de Santa Cruz.
- Impuesto progresivo a las grandes riquezas. Banco santa cruz y terratenientes y grandes empresarios deben pagar la crisis mediante gravámenes extraordinarios sobre sus ganancias millonarias.
- Apertura de los libros contables y control social. Exigimos abrir las cuentas provinciales bajo control de organizaciones sociales y de trabajadores para investigar el destino de los fondos públicos, los contratos con empresas privadas y el manejo de las regalías. El dinero del Fondo UNIRSE y los remanentes de YPF deben destinarse de inmediato a recomposición salarial e infraestructura escolar y hospitalaria, controlada por asambleas de trabajadores.
- Anulación del congelamiento salarial y aumento urgente. Aplicación ya de un salario mínimo de 2,5 millones de pesos para todos los trabajadores estatales, actualizado automáticamente por inflación.
- Triplicación del presupuesto de salud y educación pública. Para financiar esas medidas, proponemos eliminar los megasubsidios otorgados a la educación privada y redireccionar esos recursos al sistema estatal.
- Ruptura con el FMI y el ajuste nacional. Vidal debe dejar de ser el “alumno obediente” de Milei y encabezar un rechazo real al desfinanciamiento de la provincia.
La discusión ya atraviesa toda la provincia. De un lado, un gobierno que apuesta al ajuste, el endeudamiento y los acuerdos con las corporaciones. Del otro, trabajadores, estudiantes y sectores sociales que empiezan a organizarse frente a un modelo de saqueo y entrega. Siguiendo el ejemplo de los sectores que hoy salen a las calles, debemos profundizar la unidad obrero-estudiantil para derrotar el plan de Vidal y Milei.
La pelea de fondo no es solamente económica. También es política y social: definir si Santa Cruz seguirá funcionando para garantizar negocios de acreedores y grupos empresarios, o si sus recursos se pondrán al servicio de quienes viven y trabajan en la provincia.
¡Plata para salarios y educación, no para la deuda externa!
Javier Martínez
