La situación en nuestras casas de estudio no se aguanta más. La crisis presupuestaria pega de lleno y nuestra educación está en riesgo. El gobierno juega con nuestro futuro, por eso le respondemos con una cuarta marcha federal por las universidades nacionales.
La crisis de la universidad pública no es algo abstracto ni algo que va a pasar más adelante: está pasando ahora mismo en las cursadas, en los salarios docentes, en los servicios que funcionan cada vez peor. El gobierno lleva casi 200 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Ni siquiera después de que la Justicia ordenara que lo hiciera. ¿Qué significa eso en la práctica? Que los salarios docentes siguen perdiendo contra la inflación, que faltan insumos básicos y que las becas no alcanzan. Mientras tanto, los mismos que dicen que “no hay plata” se auto-votan aumentos de más del 120% en pocos meses. La plata aparece, pero no para sostener la universidad pública.
El deterioro es brutal: los recursos universitarios cayeron más de un 45% en términos reales y los salarios docentes perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo. La investigación, becas y salarios son víctimas de la crisis presupuestaria, precarización laboral y un sistema que se desangra.
Hospitales y colegios preuniversitarios en crisis
El ajuste ya está golpeando áreas clave. Los hospitales de la UBA no recibieron fondos nacionales en todo lo que va de 2026. Estamos hablando de dificultades para comprar insumos, sostener equipamiento y garantizar la atención. No se trata sólo de formación académica, sino de hospitales que atienden a miles de personas todos los días. El desfinanciamiento pone en riesgo tratamientos, prácticas médicas y el acceso a la salud de la población. Otra prueba más de que salud y educación son las variables de ajuste.
A esto se suma la situación de los colegios preuniversitarios que dependen de las universidades y donde estudian miles de pibes. Son instituciones de “los más empobrecidos entre los empobrecidos”. Son escuelas que ofrecen “excelencia académica” pero sus docentes hoy cobran un 30 por ciento menos que los del sistema público, falta de recursos básicos para el funcionamiento diario y condiciones edilicias que se deterioran dejan el saldo de menor calidad educativa, sobrecarga laboral y una enorme incertidumbre sobre cómo sostener el ciclo lectivo.
El gobierno provoca, las conducciones dividen
El gobierno pretende avanzar con una nueva ley, ignorando que ya existe una Ley de Financiamiento vigente, cuyo cumplimiento fue ordenado por la Justicia mediante una medida cautelar del juez Enrique Cormick, tras calificar como una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” el decreto que frenaba su aplicación. En su lugar, el Gobierno busca imponer un nuevo proyecto que profundiza el ajuste: mientras la ley actual obliga a una recomposición salarial acorde a la inflación, la propuesta oficial ofrece apenas tres tramos del 4,1% y elimina por completo la recuperación de lo perdido en 2023 y 2024.
En este conflicto, no solo ajustan: también intentan disciplinar. A través de comunicados oficiales, el Ministerio de Capital Humano intimó a las universidades a garantizar las clases durante los paros docentes y exigió que informen qué medidas tomaron para evitar la interrupción de la actividad académica. El planteo es claro: responsabilizar a docentes y universidades por la crisis, cuando es el propio gobierno el que no cumple la ley. En esos comunicados hablan de “extrema preocupación” por la suspensión de clases y exigen planes de contingencia, clases virtuales o reprogramaciones. Intentan instalar que les estudiantes somos “víctimas” cuando en realidad nos conmueve la lucha de nuestres docentes y les apoyamos incondicionalmente.
Sin embargo, frente a esta provocación, las conducciones sindicales de los gremios y los rectorados (radicales y peronistas) no se la están jugando de cara a la marcha universitaria. No se va a realizar un paro general universitario, sino que en algunas facultades habrá apenas cese de actividades, lo cual va a limitar el caudal de movilización. Por su parte, las conducciones de los centros de estudiantes no están llamando a asambleas ni a acciones previas que permitan aumentar e instalar la jornada. Tampoco están organizando movilizar a Plaza de Mayo desde todo el país para concentrar la movilización en el corazón político donde está Milei, sino que apuestan a acciones regionales más chicas que eviten una respuesta centralizada.
La universidada a la carga
Los rectores, que durante meses miraron para otro lado e incluso adelantaron elecciones para preservar sus posiciones, hoy convocan a movilizar. Dejaron pasar el ajuste e intentaron negociar con el gobierno. Bartolacci, Yacobitti y el CIN intentan subirse a una pelea que no impulsaron, cuidando sus propios intereses y los recursos que se auto-administran. Es decir, frente la emergencia que tiene nuestra educación, necesitamos un plan de lucha para revivir la fuerza de aquel 23 de abril masivo, pero las autoridades nos usan como herramienta de negociación.
La realidad mostró que hay disposición a pelear, tenemos esa fuerza y nuestros docentes vienen de realizar medidas de lucha sin parar. Sin embargo, sin la intervención activa del movimiento estudiantil organizado desde abajo, ese proceso pierde fuerza. La ausencia de asambleas masivas y de una irrupción estudiantil no es casual: es el resultado de la pasividad de las conducciones burocráticas, tanto sindicales como estudiantiles, ligadas al peronismo y al radicalismo, que han evitado impulsar una verdadera organización desde las bases.
Construyamos un 12 de mayo masivo como puntapié para un plan de lucha
El 12 de mayo tenemos una gran oportunidad y no puede ser una movilización más. Tiene que ser el puntapié inicial de un plan de lucha hasta ganar. El gobierno de Milei no puede explicar la corrupción mientras aumentan las luchas docentes en las provincias y la gente se organiza en defensa de los glaciares. Es necesario que les estudiantes irrumpamos con fuerza, que retomemos las asambleas y construyamos una intervención independiente.
Sin dejar de exigirle a las conducciones, tenemos que poner en pie una gran coordinadora de los sectores de la universidad dispuestos a luchar de verdad, para organizar así ese plan de lucha en oposición al frente actual (CIN, FUA y sindicatos), que administran las acciones de manera burocrática por miedo al desborde. La tarea es ganarle al gobierno.
Les estudiantes tenemos la tarea de construir un agrupamiento amplio e independiente con una mirada transformadora de la universidad desde las aulas, en defensa de la educación pública y contra el modelo burocrático y de camarilla que hoy gobierna la universidad. La pelea por la Ley de Financiamiento es hoy la defensa concreta de la universidad, de la salud y del derecho a estudiar. No alcanza con declaraciones: hace falta un verdadero plan de lucha nacional coordinado con todos los sectores que hoy enfrentan al gobierno.
Exigimos paro general y un plan de lucha hasta que caiga este plan de ajuste ¡El 12 todes a Plaza de Mayo!
