A cinco décadas del golpe genocida, la tierra cordobesa persiste en su negativa a guardar el secreto de los asesinos. En las últimas horas, una nueva tanda de restos humanos encontrados en la zona de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, ha comenzado a recuperar su nombre y su historia. Este hallazgo representa el segundo grupo de identificaciones surgido de los intensos trabajos de campo iniciados en 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sumándose a las doce identidades recuperadas en este mismo sector vinculado al centro clandestino La Perla.
La persistencia de la verdad frente al plan de olvido
El trabajo forense, validado por el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, vuelve a exponer la magnitud de un plan sistemático de exterminio que no admite interpretaciones. Lo que la tecnología láser (Lidar) y el análisis de fotografías aéreas de 1979 han sacado a la luz no son solo restos óseos, sino la prueba material de la “Operación Claridad”.
Mediante esta maniobra, los genocidas intentaron “desaparecer la desaparición”: removieron fosas con maquinaria pesada, usaron ácido y fuego, y dispersaron los restos para ocultar sus crímenes ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, lo que hoy recupera el EAAF no son esqueletos completos, sino fragmentos “desarticulados y dispersos”, huellas del odio que, a pesar de todo, no pudieron ser borradas del todo. Entre esos sedimentos, el hallazgo de objetos personales —como una pequeña cadenita— sirve hoy para reconstruir identidades que el poder militar pretendió condenar al olvido.
Identidades que rompen el pacto de silencio
Recientemente, se dio a conocer la identidad de 11 de las víctimas encontradas (de un total de 12, resguardando una por pedido familiar), entre las que se encuentra Mónica O’Kelly. Como expresó su primo, Raúl O’Kelly: “Todos sabíamos que nuestros familiares podían estar ahí, al fin, por suerte, hemos llegado a la certeza”. Estas identificaciones, que cuentan con un 100% de certeza genética, son una victoria de la lucha popular contra la impunidad.
Sin embargo, la verdad sigue incompleta. Las investigaciones y las propias confesiones de represores señalan que una cantidad significativa de restos fueron trasladados hacia las Salinas de La Rioja como parte de este operativo de ocultamiento sistemático. El crimen de la desaparición se prolonga y se repite cada día en el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas, que se niegan a decir dónde están todos los compañeros y compañeras que aún faltan.
Memoria contra el negacionismo oficial
Este nuevo avance en la identificación de restos ocurre en un contexto político cualitativamente hostil. Bajo el gobierno de Milei, donde el negacionismo y la relativización de los crímenes de la dictadura han llegado a las más altas esferas del Estado, estos hallazgos ponen un límite material e innegable al discurso oficial. Mientras la vicepresidenta reivindica la dictadura y se intenta rehabilitar la teoría de los “dos demonios”, la tierra en Córdoba echa luz sobre la oscuridad de un plan que asesinó a estudiantes, obreros y militantes.
La identificación de estos compañeros no es solo un acto de reparación histórica; es un llamado urgente a la acción. Los sobrevivientes y organismos de derechos humanos exigen hoy una Ley de Búsqueda que convierta la recuperación de los restos en una política de Estado innegociable. La exigencia histórica sigue vigente: apertura de todos los archivos de inteligencia ya.
El próximo miércoles 13 de mayo, en una nueva conferencia de prensa, se conocerán los nombres de las víctimas de esta segunda tanda de identificaciones. Cada resto recuperado nos reafirma que la memoria no es un ejercicio melancólico, sino una herramienta de lucha. Porque si algo demuestra la historia es que cada avance en memoria, verdad y justicia fue conquistado en las calles, ¡y es allí donde debemos seguir defendiendo que son 30.000 y están presentes más que nunca!
