La avanzada pro patronal del gobierno acaba de recibir un aval fundamental en los tribunales. En las últimas horas, la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió la encrucijada judicial a favor del gobierno. Este tribunal superior, de la mano de los jueces, María Dora González y Víctor Arturo Pesino, decidió otorgarle un “efecto suspensivo” a la apelación presentada por el Estado Nacional. Por lo tanto, la Justicia determinó que, mientras revisan si la ley es inconstitucional o no, el freno dictado anteriormente queda suspendido y la reforma vuelve a tener total validez.
Ese amparo inicial había sido impulsado por la CGT y avalado a fines de marzo por el juez de primera instancia Raúl Ojeda. Al modificarse esa resolución la reforma laboral esclavista vuelve a entrar en vigencia en todo el país, haciendo que el gobierno consiga un nuevo guiño positivo desde el Poder Judicial.
El oficialismo celebró este fallo como un triunfo político vital para sostener su plan de ajuste. Funcionarios como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, festejaron en redes sociales la validación de esta norma redactada a la medida de las grandes corporaciones.
Detrás de esta victoria judicial se esconde una intensa presión ejercida por el Poder Ejecutivo a través del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El oficialismo desplegó una batería de maniobras legales que incluyeron el pedido de un per saltum ante la Corte Suprema para garantizar la aplicación de su proyecto cueste lo que cueste. El aparato estatal demostró estar dispuesto a utilizar cualquier artilugio en los tribunales para imponer un marco legal que destruye los derechos históricos de la clase trabajadora.
Un ataque directo a las condiciones de vida
La restitución de esta ley representa un retroceso brutal para las mayorías populares. El texto impulsado por el oficialismo beneficia de manera exclusiva a las patronales al otorgarles herramientas legales para maximizar sus ganancias a costa del sudor ajeno.
La norma impone la extensión de los períodos de prueba y facilita el despido barato mediante modificaciones nefastas en el sistema de indemnizaciones. A la par se convalida la precarización al quitar los castigos por trabajo no registrado y fomentar el fraude de la tercerización laboral. La ley impone la figura de los bancos de horas que destruyen la jornada de trabajo tradicional y ataca directamente la organización colectiva al limitar el derecho a huelga y desfinanciar a las entidades sindicales.
El callejón sin salida de la burocracia
Este revés en la Cámara expone los límites insalvables de la estrategia adoptada por la conducción de la CGT. La central obrera más importante del país decidió depositar todas sus esperanzas de frenar el ajuste en los pasillos de Tribunales. Si bien la vía judicial puede funcionar como un recurso complementario, el centro de la resistencia tiene que ser la movilización. Sin embargo, luego de la última medida de fuerza nacional, la central obrera no llamó a realizar absolutamente nada. La cúpula sindical dejó correr la situación hasta que la ley se aprobara en el Congreso y eligió, como vía preferencial, una táctica puramente legal.
Dejar la defensa de los derechos laborales en manos de un Poder Judicial viciado, cómplice y siempre permeable a los intereses del gobierno nunca fue un acto de ingenuidad política. Por el contrario, la cúpula de la central obrera utilizó esta vía legal como una pantalla para desmovilizar a las bases y sentarse a negociar sus propios privilegios con el oficialismo. El propio gobierno demostró en reiteradas ocasiones su desprecio por la legalidad al presentar escritos sistemáticos para incumplir sentencias firmes que lo obligaban a garantizar derechos básicos. Limitar la resistencia a la presentación de expedientes representa una vía muerta frente a un gobierno decidido a arrasar con todas las conquistas sociales.
La restitución de la reforma esclavista deja una lección clarísima para todo el movimiento obrero: el avance de La Libertad Avanza nunca podrá ser detenido mediante apelaciones formales o negociaciones palaciegas. La CGT utilizó la vía judicial como una excusa perfecta para desmovilizar a las bases y evitar el enfrentamiento directo con el poder de turno.
Ahora que la reforma vuelve a la carga y se encuentra aprobada, la pelea central es evitar que se aplique en los hechos y lograr derrotarla definitivamente. Para eso, es necesario organizar la resistencia peleando en cada lugar de trabajo y en cada gremio.
La única herramienta efectiva que tiene la clase trabajadora para derrotar este programa de miseria es la movilización popular masiva. Para sostener esta pelea a nivel nacional hace falta construir la mayor unidad de acción en las calles. Se vuelve urgente romper con la pasividad de las cúpulas sindicales y exigir la convocatoria inmediata a un paro general activo. El pueblo trabajador y los sectores populares necesitan organizar un plan de lucha con continuidad para enterrar definitivamente esta ley patronal y derrotar en las calles a todo el plan de Javier Milei.
