A pocos días de asumir, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no perdió tiempo y activó una purga masiva en los organismos clave que dependen de su órbita.
A través de declaraciones televisivas, el nuevo funcionario confirmó que exigió la renuncia de todos los titulares políticos de áreas estratégicas como la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuración del Tesoro.
Todo este recambio de piezas representa el inicio de una ingeniería judicial diseñada para garantizar la supervivencia del núcleo duro de La Libertad Avanza. Mahiques, un exponente de pura cepa de la casta judicial con terminales en el empresariado y el poder político, llega para imprimirle un nuevo mecanismo de obediencia a los tribunales en un momento donde la impunidad se ha vuelto una necesidad de Estado.
El apuro por desplazar a los funcionarios de la gestión anterior responde directamente al avance de las causas judiciales que acechan al binomio de los Milei. Las investigaciones por la estafa piramidal $LIBRA y las coimas en la ANDIS han comenzado a cerrar el cerco sobre Javier y Karina Milei, lo que obliga al gobierno a abroquelarse con hombres de confianza absoluta en las dependencias de control. Mahiques conoce como pocos los pasillos de Comodoro Py y posee el prontuario necesario para blindar al Ejecutivo frente a cualquier expediente incómodo.
Limpieza estructural para garantizar la impunidad
La primera consecuencia de este pedido de limpieza fue la renuncia de Daniel Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia. Vítolo, quien venía desempeñando sus funciones desde el inicio del gobierno libertario, dejó su cargo luego de que Mahiques le soltara la mano públicamente para ubicar a alguien de su riñón.
Resulta llamativo que Vítolo fuera el encargado de impulsar investigaciones sensibles sobre la Asociación del Fútbol Argentino por presunta corrupción, un terreno donde el nuevo ministro tiene intereses cruzados debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la AFA y con operadores como Daniel Angelici. El desplazamiento del titular de la IGJ no solo despeja el camino para los amigos del poder, sino que envía un mensaje disciplinador hacia el resto de los organismos de control: en la nueva etapa de Mahiques, no hay lugar para expedientes que no pasen por el filtro de la Casa Rosada.
Este fortalecimiento del vicio judicial puesto al servicio del poder de turno se da en un marco de impunidad absoluta, donde la compra de voluntades y el intercambio de favores políticos están a la orden del día. La ingeniería que comienza a diseñar Mahiques se pone en función de blindar a un gobierno que ha incrementado su carácter autoritario y que necesita de un aparato judicial adicto para sostener el ajuste salvaje. La supuesta independencia de poderes queda reducida a un relato mientras los organismos encargados de perseguir la corrupción y el lavado de dinero son colonizados por figuras vinculadas a los escándalos más oscuros del poder económico, como el de Lago Escondido. La llegada de Mahiques representa la consolidación de la casta en el corazón de un sistema diseñado para perseguir a los de abajo y proteger los intereses de los de arriba.
En definitiva, el pedido de renuncias masivas es la confesión de una debilidad política que busca ser compensada con el control absoluto de los expedientes. Con Santiago Viola como segundo y representante en el Consejo de la Magistratura, el equipo de Karina Milei ha logrado construir un escudo legal que pretende ser impenetrable. El desembarco de Mahiques es la prueba de que, para este gobierno, la justicia es una mercancía más que se utiliza para saldar las cuentas pendientes del poder y garantizar que el saqueo de los bienes comunes continúe sin interferencias legales.
