Este 23 de febrero se inició el juicio contra tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Agustín Antonio “Tony” Jesús. Los tres están imputados por homicidio doblemente calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas cometidos entre 1975 y 1976.
Las víctimas incluidas en el juicio son 13: Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera.
Juicio CNU II
No es el primer juicio contra integrantes de la CNU. Este nuevo proceso judicial no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que la memoria colectiva sigue siendo una herramienta fundamental contra la impunidad.
En un contexto político adverso para las políticas de derechos humanos, el desarrollo y el desenlace de este juicio serán una señal clara sobre el compromiso real del Estado con la verdad y la justicia
“30 mil presentes, tribunal ausente”
Fue el canto entonado por familiares, compañeros y militantes de DDHH que participaban de la audiencia para evidenciar la escandalosa ausencia del Tribunal e imputados en la sala.
Hacia el final de la audiencia, las abogadas de la acusación señalaron los problemas derivados de la modalidad y cuestionaron su continuidad.
La próxima audiencia, está prevista para el 4 de marzo.
La virtualidad no es un detalle técnico sino una decisión política que impacta en el carácter mismo del proceso, porque reduce la visibilidad pública, enfría la dimensión colectiva del juicio y convierte en rutina administrativa lo que debería ser un acto de responsabilidad histórica frente a crímenes de lesa humanidad.
Ya no vivimos en tiempos de pandemia, cuando las herramientas virtuales cobraron centralidad y cumplían una función concreta ante una situación excepcional. En el contexto actual, no existe una justificación plausible para sostener este tipo de funcionamiento.
Marcela Gottschald
