El gobierno nacional, dio un nuevo paso en su estrategia de vaciamiento mediante el lanzamiento de la Etapa III del programa de Red Federal de Concesiones. Esta medida, oficializada por el Ministerio de Economía, representa una privatización encubierta de la infraestructura vial del país bajo el cuento del gasto público cero.
Con la excusa técnica de mejorar la operatividad y el mantenimiento de los corredores, la gestión libertaria se desprende de la gestión de las rutas nacionales para entregarla al capital privado, profundizando un modelo donde el Estado abandona los pocos activos estratégicos que le quedan en su poder.
Esta nueva fase del programa abarca una extensión superior a los 3.900 kilómetros de rutas nacionales, sumándose a los tramos que el gobierno ya viene cediendo sistemáticamente. El trazado afectado atraviesa once provincias, incluyendo Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chaco y Mendoza. Los tramos que entran en este esquema de licitación nacional e internacional corresponden a las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016. Según el relato oficial, este proceso permitirá que el ochenta por ciento del tránsito del país quede en manos de operadores privados para fines de mayo, eliminando cualquier tipo de aporte del Tesoro nacional.
Esta supuesta eficiencia del mercado, que impulsa el gobierno en su relato, queda desmentida por la propia práctica del gobierno, que ya ha mostrado una contradicción llamativa en su gestión vial. En octubre del año pasado se conoció que el oficialismo financió la llamada Ruta del Mercosur con un crédito millonario de $56.000 millones provenientes del Banco BICE, un organismo que depende directamente del ministerio que conduce Luis Caputo. Este monto, que supera lo que Vialidad Nacional gasta mensualmente en todo el país, deja en evidencia la idea de que no hay plata es solo para las necesidades de las mayorías y no para subsidiar los negocios de los grupos constructores amigos del poder.
Este capitalismo de amigos se vuelve aún más evidente al observar que, en esa ocasión, ninguna de las grandes firmas del sector estuvo dispuesta a arriesgar capital propio en proyectos estratégicos, forzando al Estado a secuestrar la caja del BICE para garantizar la rentabilidad empresarial. Mientras se recorta un 73% el presupuesto destinado al mantenimiento básico de las rutas nacionales, el gobierno utiliza los recursos públicos para apuntalar obras que beneficiarán principalmente al agronegocio y a las grandes empresas exportadoras. Detrás del cuento del mercado hay una transferencia brutal de recursos. En este negociado Milei usa las rutas de todos para que se llenen los bolsillos sus amigos de siempre.
El vaciamiento de Vialidad Nacional y la entrega de más de 9.000 kilómetros de rutas a concesionarios privados forman parte de un plan sistemático para reducir el gasto público. El gobierno regala activos estratégicos para sostener un superávit fiscal que solo existe en las planillas oficiales y que tiene como único objetivo acumular divisas para cumplir con los vencimientos de deuda ante el Fondo Monetario Internacional y demás fondos extranjeros de usura. En lugar de garantizar rutas seguras y señalización que salven vidas, la prioridad de la gestión libertaria es liquidar el patrimonio estatal para satisfacer las exigencias del capital financiero.
Este proceso de privatización vial es, en definitiva, un ataque directo a la conectividad y a la soberanía del territorio. Al desmantelar el rol del Estado en el mantenimiento de las rutas, el gobierno condena a las economías regionales a depender de la voluntad de lucro de empresas que solo invertirán donde el peaje les resulte rentable.
Mientras el gobierno celebra la privatización, el pueblo trabajador padece el deterioro de la infraestructura básica y el encarecimiento del transporte. La lucha por la defensa de lo público se vuelve hoy inseparable de la denuncia contra un modelo que utiliza la motosierra para destruir el Estado y el presupuesto para alimentar los privilegios corporativos.
