Keili González
En el mundo recrudece la violencia hacia nuestro colectivo. En ese contexto, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), publicó una nueva edición de su Informe de Mapeo Legal Trans. Allí detalla el impacto de las leyes y políticas públicas para personas trans en 143 Estados miembros de la ONU.
El informe señala un retroceso en materia de derechos para nuestra comunidad a pesar de las conquistas legales y asegura que son tiempos de conservadurismo político. En esta sintonía, cuenta el surgimiento de movimientos excluyentes y de derecha que acusan a la comunidad LGBTI+ de “atentar contra las identidades nacionales”.
También describe que al menos 13 países en el mundo siguen criminalizando en forma explícita a las personas trans, en tanto que otros 96 países reconocen legalmente la identidad de género. De este último total, en 9 de ellos se conquistó dicho reconocimiento desde 2018 y 25 no exigen requisitos prohibitivos para efectivizarla.
Argentina está citada como un país en donde “se usan estrategias legales creativas para proteger los derechos de las personas trans, o para reformar leyes que son usadas con frecuencia para criminalizarlas”. Las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género y los avances en cuanto al cupo laboral trans son logros destacados de nuestra lucha.
¿Cuál es la realidad en nuestro país?
Si bien el informe no viene a descubrir nada nuevo, no es menor que registre los retrocesos y la violencia a causa de la profunda desigualdad que nuestro colectivo travesti-trans atraviesa a diario.
Según los datos más recientes, en el primer semestre de este año hubo 69 crímenes de odio contra el colectivo LGBTI+: 32 asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono del Estado, más 37 ataques físicos que no terminaron en muerte[1]. En el 78% de esos 69 crímenes, o sea casi ocho de cada diez, las víctimas fueron mujeres trans. A su vez, el reciente no reconocimiento del asesinato de Diana Sacayán como travesticidio[2] muestra la persistencia de la justicia patriarcal.
A inicios de septiembre, el presidente Alberto Fernández decretó destinar un cupo laboral de al menos el 1% del sector público nacional a personas travestis, transexuales y transgénero. En realidad, no pudo contener más el descontento y los reclamos de nuestra comunidad e intenta a la vez desviar la atención sobre su plan de ajuste y diferenciarse del macrismo.
Pero a más de un mes del decreto, aún no tenemos novedades de cómo se va implementar. Además el Programa Acompañar (para mujeres y disidencias víctimas de violencia de género) y el Programa Igualar (para reducir la brecha de género) se anunciaron, pero no comenzaron. Y tampoco se sabe qué respuestas va a dar el gobierno a las otras demandas que su decreto de cupo laboral omite, como la reparación histórica a las travestis y trans mayores de 40 años, que son verdaderas sobrevivientes.
Nuestras voces
Es una noche fría de llovizna, aunque el calor del día anunciaba que la primavera había llegado. El silencio reina en Nogoyá, ciudad del interior entrerriano en donde vivo. La virtualidad, que es un privilegio, permite comunicarnos entre compañeras trans, militantes de Libre Diversidad-MST, para interactuar y reflexionar en este contexto tan adverso.
Sol Pereyra tiene 27 años y vive en Santa Fe capital. Cuenta que la pandemia profundizó la situación de abandono y desidia por parte del Estado y que pese a conquistas legales como el cupo laboral en su provincia, la violencia no cesa: “La poca inversión del Estado para llevar a cabo acciones para nuestras compañeras que están en situación de calle es terrible. No alcanzan los refugios ni los controles de seguridad social para garantizar una vida digna en esta cuarentena sin fin. Tenemos una expectativa de vida de 35 años y las sobrevivientes se encuentran a la deriva”.
Mónica Aguirre tiene 44 años y vive en Derqui, Pilar, provincia de Buenos Aires. Muchos años en pareja, ahora está casada. Asegura que mientras el gobierno hace circo con discursos “progres”, entre la disidencia no dejamos de lamentar pérdidas: “Se acrecentaron los travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. La pandemia deja al desnudo la miseria que vive la población LGBTIQ+ y sobre todo las travestis y trans, que somos las más golpeadas. No tenemos trabajo genuino, el trabajo sexual no se puede ejercer, lo que nos obligó a buscar muchas otras formas y apelar a las redes feministas para poder sobrevivir”.
El retroceso se llama capitalismo
El informe reafirma lo que venimos señalando desde hace tiempo. ILGA indica un retroceso aún en los países tomados como ejemplo, pero omite el origen de la cuestión y las limitaciones de los Estados por estar anclados en el problema del que son parte. Un gobierno “progresista” te puede reconocer algunos derechos siempre y cuando no choque con los intereses del capitalismo, que se sostiene gracias a la desigualdad. A veces sólo son “conquistas” para la tribuna y quedan en letra muerta.
No hace falta ser grandes analistas para darse cuenta que el capitalismo no va más. Es un sistema que agoniza y proscribe constantemente, apoyado en la sobreexplotación de la mayoría de los cuerpos para garantizar su existencia. Por eso cuando nos hablan de un capitalismo “en donde ganemos todos” o “más igualitario”, respondemos que es imposible. No se puede conciliar este sistema de explotación y acumulación económica privada con la emancipación social, y menos todavía con la emancipación de los cuerpos que crecimos en los márgenes.
Junto con Sol y Moni, como socialistas, entendemos que ante un problema estructural la respuesta debe ser integral. Decir que queremos que se reconozca la coexistencia de nuestro cuerpos significa, además, reconocer que las personas travestis, transexuales y transgénero seguimos teniendo dificultades para disfrutar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección frente al desempleo. Nuestras trayectorias de vida están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemáticas por gran parte de la sociedad y las instituciones, preceptos culturales de los que el Estado y las iglesias son los principales responsables.
En esta sintonía, defendemos el proyecto de Ley Integral Trans que presentó la Federación Argentina LGBT. Entendemos que es la propuesta que mejor se ajusta a las necesidades de nuestra comunidad. No significa que no tengamos reparo a algún artículo o que no sea perfectible, sino que las condiciones materiales de nuestra exclusión requieren la más amplia democracia para que las travas y trans reclamemos del Estado una respuesta integral. A la vez, como la raíz estructural de todas las desigualdades es el capitalismo, luchamos por reemplazarlo por un sistema social justo e igualitario: el socialismo.
[1] Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.
[2] Homicidio doblemente agravado por violencia de género y odio a la identidad de género.