El 16 de enero, el Directorio de la EPEC anunció a cuatro gremios que actúan en la empresa –Córdoba, Regional (Villa María), Río Cuarto y los jerárquicos– que había tomado la decisión de convertir a EPEC en una Sociedad Anónima (S.A.) con el objetivo de adherir a la Ley de Bases y al megadecreto de necesidad y urgencia emitido en su momento por el gobierno nacional.
Al día siguiente, el Consejo Directivo del Sindicato Luz y Fuerza Córdoba expresó su rechazo y convocó a una reunión de emergencia del Consejo Directivo y delegados para el lunes 20 de enero, mientras los voceros de Llaryora salían a negar rotundamente que el gobierno tuviera la intención de privatizar la empresa, y afirmaban que la iniciativa era una medida “administrativa- fiscal”.
Para intentar desmentir la ofensiva privatista, los funcionarios dijeron, además, que otros estamentos del gobierno, como las 10 agencias público-privadas junto con la Lotería de Córdoba, también seguirán ese camino de cambio jurídico.
El plazo de transformación para estas empresas es de 180 días a partir de la implementación del DNU 70/2023, y el gobierno de Llaryora pretende acelerar los tiempos.
Detrás de los burdos argumentos que niegan que estemos ante un nuevo intento privatizador, es claro que estamos ante una ofensiva para abrir el camino a la enajenación de una empresa que es patrimonio de todos los cordobeses.
La EPEC es una empresa integral que genera, transporta, distribuye y comercializa energía eléctrica en Córdoba. La fundación de la EPEC en 1952 fue la instrumentación en Córdoba de una política que apuntaba a dar un fuerte empuje al crecimiento económico y social de la provincia, llegando a ser una empresa modelo y una herramienta fundamental para la expansión de la Córdoba industrial, que despegaría en los años 60.
En la década de los 90 se sucedieron numerosos intentos privatizadores de la EPEC: se trató de dividirla en “unidades de negocios”, convertirla en sociedad anónima, concesionarla y venderla. Todos estos intentos fracasaron, fundamentalmente porque el pueblo de Córdoba y los trabajadores lucifuercistas la defendieron con todas sus fuerzas, con la convicción de que la empresa era parte sustancial de nuestro patrimonio y un instrumento vital para una política económica con sentido social.
El modelo de privatizaciones impuesto en los años 90 resultó en un sistema de ganancias para las empresas privadas, que se llevaron enormes utilidades fuera del país, sin realizar las inversiones prometidas, eliminando miles de puestos de trabajo, desintegrando operativamente las empresas, con la consiguiente baja en la calidad del servicio y cortes prolongados que desde hace años sufren recurrentemente los usuarios, como lo vemos actualmente con Edenor y Edesur en el AMBA.
En el caso de Córdoba, la situación fue distinta. Se pudo sostener un servicio eléctrico de calidad, conservando a EPEC, la única empresa estatal y totalmente integrada que quedó en pie en el país.
Derrotado el intento de privatización en 2001, la nueva Carta Orgánica lograda en 2003 reafirmó a EPEC como estatal e integrada, incorporando a los trabajadores organizados en aspectos centrales de la gestión de la empresa, siguiendo la concepción presente en el Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 que la misma Carta Orgánica reconoce como plenamente vigente.
En el marco del plan neocolonial impulsado por el gobierno nacional, la gestión provincial intenta ponerse a tono avanzando en la privatización de la EPEC. Sí bien la conducción de Luz y Fuerza Córdoba expresó su rechazo a la transformación en sociedad anónima de la EPEC, no ha sido consecuente en impulsar las acciones necesarias ante esta nueva ofensiva privatizadora. Convocó a una reunión conjunta del Consejo Directivo con el cuerpo de delegados para el lunes 20 de enero, donde solo después de que surgiera la exigencia por parte de delegados y exdirigentes aceptaron convocar a una asamblea general para el día siguiente.
La asamblea del martes 21 de enero fue masiva, a pesar de haber sido convocada con un día de antelación, expresando la decisión de los trabajadores de enfrentar firmemente la privatización.
Nuestra intervención en la asamblea estuvo dirigida a poner en claro que enfrentamos un serio intento del gobierno de Llaryora para privatizar la EPEC, aprovechando la coyuntura nacional y la gestión de gobierno libertario. Argumentar que la conversión en sociedad anónima es para cumplir con la Ley de Bases es la evidencia de que el objetivo es la privatización.
Por eso, expresamos que para enfrentar esta ofensiva hay que tener un plan de lucha a la altura del ataque recibido. Hay que saber que el gobierno cuenta con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, que van a desplegar una ofensiva de desinformación para crear consenso para su plan privatizador.
Proponemos además que se despliegue una campaña integral de información con un plan de lucha, convocando a centros vecinales, organizaciones sociales, usuarios en general, agrupaciones estudiantiles y sindicales, y preparando una gran movilización para el 1 de febrero a la Legislatura provincial día del inicio de sesiones, que exprese el rechazo a la iniciativa privatista y exigiendo que la CGT Córdoba se sume a la convocatoria incorporando a los gremios provinciales.
Tenemos la convicción de que si se desarrolla un plan de acción integral de movilización de trabajadores, usuarios y todos los sectores populares, podemos derrotar el plan privatizador del gobierno provincial.
Manuel Guzmán
Delegado, Construcción redes de líneas aéreas