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El PRO, acompañado por LLA y la UCR, presentó un pedido de sesión especial para el tratamiento del proyecto llamado Ficha Limpia, el cual busca impedir que las personas con condenas puedan presentarse a cargos nacionales.
La reciente condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación fue el motor para que el partido de Macri agilice el tratamiento del proyecto conocido como Ficha Limpia. Acompañados por los libertarios y la UCR, el próximo 20 de noviembre se llevará adelante la sesión especial para comenzar la discusión de esta ley. Lejos de ser una preocupación genuina por el combate contra la corrupción, además de ser un movimiento electoral de cara al 2025, esto es la puerta de entrada para la intervención de la justicia en la voluntad del voto popular.
¿De que trata la Ficha Limpia?
Impulsado por el Pro, acompañado por los radicales y el oficialismo, el proyecto[i] firmado por el diputado, Martín Maquieyra consiguió dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara Baja. El objetivo de esta propuesta legislativa es inhabilitar la posibilidad de presentarse a cargos nacionales a cualquier persona que tenga una condena de segunda instancia en la Justicia, sin necesidad de que la misma se encuentre firme.
En principio, el impedimento para la presentación a un cargo estaría dado, como lo indica el documento presentado, “desde que existe sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. Las restricciones por tener una condena se agruparían dentro de los delitos de cohecho; tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
A parte de esta presentación, también existen otros proyectos que consiguieron dictámenes de minoría. Por el lado de Democracia por Siempre (los radicales de Manes), el enfoque es más estricto que el acompañado por el oficialismo, ya que solo con un fallo de primera instancia se impediría la posibilidad a una persona de candidatearse a un cargo público. También agrega todos los delitos con penas mayores a tres años y añade fallos relacionados al narcotráfico y la pedofilia, cuestiones que no eran tenidas en cuenta en el proyecto a tratarse.
Si bien obtuvieron el dictamen de mayoría y la fecha para una sesión especial, el quórum junto con el número para lograr la media sanción no tiene definido el cierre de su negociación. Al ser este un proyecto enmarcado en el ámbito de lo electoral, se necesita de una mayoría especial para poner en marcha la sesión y lograr su aprobación, 129 diputados para ser exactos. Por esta situación es que se mantienen los diálogos abiertos para agregar modificaciones. Por ejemplo, desde el lado de Encuentro Federal y según el diputado Pichetto, el impedimento debería empezar a correr luego de una sentencia firme en la Corte Suprema, es decir, un fallo de tercera instancia.
Por otra parte, la bancada de Unión por la Patria firmó el dictamen de rechazo, aunque a su vez exigió que se sumen a la lista de delitos los económicos relacionados con violaciones a los regímenes cambiarios y aduaneros.
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La corrupción, algo intrínseco al sistema
Lo sucedido con la expresidenta fue el puntapié para que este proyecto se dinamice y tome cuerpo en las discusiones de la Cámara de Diputados. Aprovechándose de este escenario, lejos de que la corrupción sea una preocupación para las fuerzas promotoras de este proyecto, comienzan las maniobras electorales para el año próximo, las cuales tienen un objetivo de fondo para obturar la voluntad del voto popular.
A pesar de las diferencias que puedan existir con CFK, en primera instancia hay que reconocer el direccionamiento político existente en la Justicia en la actualidad. El único poder que no es elegido por las mayorías es uno de los más viciados de irregularidades en su comportamiento, ya que dependiendo del color político de turno son las afinidades y los fallos que se sancionan. Al mirar las amistades de los jueces responsables de la condena hacia Cristina Fernández se puede explicar el proceder, además de las irregularidades cometidas durante el desarrollo del proceso judicial.
Siendo el Poder Judicial uno de los pilares fundamentales para la reproducción de este sistema y de los privilegios de la casta política, ningún partido tradicional se encuentra por fuera de la órbita de la corrupción. Dentro de las distintas variantes de gobierno que han existido en el régimen político argentino sobran ejemplos de casos de corrupción para enumerar: el yategate de Martín Insarurralde relacionado al aumento de su patrimonio; el caso de Chocolate Rigau; el endeudamiento ilegal durante el macrismo o el mismo Mauricio Macri siendo candidato mientras se encontraba procesado; las coimas en el Senado en el 2000; o los arreglos libertarios para que legisladores le voten las leyes al presidente Milei, son algunos que se pueden nombrar de una extensa lista.
Entendiendo la dinámica de cómo se mueve la Justicia, funcional al poder de turno y a los intereses de la burguesía, no habría ningún tipo de duda que el proyecto de Ficha Limpia, habilite la posibilidad de armar causas a los opositores para que estos no se puedan presentar a cargos públicos, generando un ataque directo a la voluntad del voto popular,
En estos casos, tanto los representantes de los partidos tradicionales como los jueces carecen de parcialidad y de capacidad moral para poder determinar quién es o quién no es corrupto. Frente a esto se habilitan varias discusiones.
Por un lado, la democratización de la Justicia, donde los jueces y fiscales sean electos por el voto popular, además de terminar con todos sus privilegios que le otorgan estos cargos, lo cual los haría salir del manto de impunidad con el que se manejan hoy en día.
Y por el otro lado, frente al escenario actual, solo la creación de una comisión investigadora independiente, una especie de CONADEP de la corrupción, formada por personalidades intachables de distinto sectores, podría encargarse de ir a fondo en la investigación de todos estos casos.
[i] https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/TP2024/1080-D-2024.pdf