El gobierno de Javier Milei arremete nuevamente contra las universidades, intentando violar la autonomía a través de auditorías cuyo único objetivo es desviar el eje del debate y ganar tiempo para deslegitimar la heroica lucha que está llevando adelante el movimiento estudiantil. Entre tanta desinformación y fake news, aquí te explicamos cómo desenredar esta historia: cómo funcionan realmente las auditorías, qué significa la autonomía universitaria, qué se disputa la camarilla radical/peronista y el gobierno, y trazamos una hoja de ruta hacia otro modelo de universidad.
La Ley de Educación Superior de Argentina establece que las universidades nacionales tienen “autonomía” para organizar sus propios sistemas de control interno. Esto implica que cada universidad puede establecer sus mecanismos de auditoría para la administración de los fondos asignados.
Cada universidad cuenta con una Unidad de Auditoría Interna (UAI), que es el organismo encargado de realizar auditorías y controles de los procesos financieros y operativos. Las UAI actúan bajo la dirección de las propias autoridades universitarias y están conformadas por auditores internos y profesionales de administración, contabilidad y finanzas.
La estructura de la Unidad de Auditoría Interna en la UBA
En el caso específico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Unidad de Auditoría Interna (UAI) está sujeta a un proceso de designación propio. El auditor interno, encargado de dirigir la UAI, es designado por el Rectorado y el Consejo Superior de la UBA, siguiendo las normativas internas y el estatuto de la universidad. Este auditor cuenta con un equipo especializado que realiza controles periódicos sobre los recursos y la administración de la universidad.
Los informes de auditoría elaborados por la UAI son presentados directamente al Consejo Superior de la UBA, quien tiene la última palabra sobre las recomendaciones y observaciones. Así, la UAI de la UBA funciona como un órgano autónomo y autorregulado que reporta exclusivamente a las autoridades universitarias sin comprometer la independencia de la institución.
Supervisión externa: SIGEN y AGN
Aunque las universidades nacionales cuentan con sus propias auditorías internas, también están sujetas a ciertos controles externos:
1.Sindicatura General de la Nación (SIGEN): La SIGEN supervisa los sistemas de auditoría interna (UAI) de las universidades nacionales para asegurar el cumplimiento de las normas de control interno del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la SIGEN no interfiere en la autonomía universitaria; su función NO ES AUDITAR, ES REGULAR EL PROCESO, es decir: se limita a regular los estándares técnicos y los procedimientos que aseguran que las prácticas internas se ajusten a las normativas nacionales.
2. Auditoría General de la Nación (AGN): La AGN, como organismo de control externo y autónomo del Congreso, audita el uso de fondos públicos en todas las instituciones financiadas por el Estado, incluidas las universidades nacionales. A diferencia de la SIGEN, la AGN presenta informes directamente al Congreso de la Nación, lo que asegura la transparencia en el uso de los fondos públicos sin intervenir en la gestión universitaria.
En síntesis: la SIGEN se asegura de que las UAI de cada universidad operen bajo las prácticas y procedimientos definidos para el sector público, pero no interviene en las auditorías específicas de cada institución.
La auditoría propiamente dicha queda a cargo de la UAI de cada universidad, y cualquier control externo sobre el uso de fondos públicos lo realiza la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso y opera de manera independiente del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, no nos confundamos: no estamos ante un debate técnico con el gobierno nacional y las autoridades universitarias, aunque es correcto dejar en claro cómo funcionan técnicamente las auditorías. Estamos frente a una ofensiva eminentemente política cuyo único fin es terminar con todo lo público y lo popular.
Y una aclaración más: no ponemos las “manos en el fuego” por las camarillas que conducen las universidades y responden al radicalismo y el peronismo. En esto somos categóricos: hay una tensión y disputa episódica entre el gobierno ultraderechista que va por la privatización de la universidad pública y una camarilla universitaria que defiende su propia ubicación y privilegios. Ninguno se juega a fondo, por los intereses del movimiento estudiantil y la docencia salarialmente empobrecida.
La resistencia estudiantil y el debate sobre el desfinanciamiento y las auditorías
La estrategia de Milei ha intentado cambiar el foco del problema real, que es el desfinanciamiento y la precariedad salarial de docentes y trabajadores, trasladando el énfasis a una cuestión de auditorías y transparencia. El discurso del gobierno insiste en que estas auditorías permitirán detectar supuestas irregularidades en el gasto universitario. Sin embargo, es sabido que el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, y el restante 10% a infraestructura y servicios, dejando poco margen para posibles “curros” en los números, por lo menos en este caso. En realidad, los “negocios” de las camarillas universitarias no pasan por ahí; sino por los convenios con empresas privadas que mercantilizan el conocimiento producido en la universidad pública en la lógica de la “generación de recursos propios”. Son esas las cajas negras, que en todo caso a la banda libertaria no le interesa ni investigar, ni auditar, ni nada. Es lógico: son “curros” entre las camarillas universitarias y empresarios felices con el rumbo libertario actual. En ese punto convergen los intereses de todos ellos. Obvio, a espaldas siempre del movimiento estudiantil y la docencia precarizada.
En este contexto, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se asegura de que las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de cada universidad operen bajo las prácticas y procedimientos establecidos para el sector público, pero no interviene en las auditorías específicas de cada institución. Este marco normativo, aunque crea un canal de control interno, no debería ser confundido con una auditoría externa, la cual queda a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Más que un verdadero interés por la transparencia, el gobierno busca inmiscuirse en la gestión universitaria para redirigirla hacia sus propios objetivos. Esta confrontación con el movimiento estudiantil no solo intenta desviar la atención, sino que también coloca al gobierno y a las autoridades universitarias en el centro del escenario, invisibilizando las tomas y la lucha de los estudiantes. Por eso, hacemos un llamado a no caer en esta trampa: la disputa entre facciones libertarias y radicales por el control de la UBA tiene como objetivo desgastar el movimiento estudiantil y debilitar el plan de lucha radical construido desde abajo.
La autonomía universitaria y la Ley de Educación Superior
Las autoridades radicales de la UBA que ahora se presentan como los paladines de la autonomía frente a las auditorías, no parecen sentirse ni un poco avergonzadas a pesar de que la ya frágil autonomía universitaria enfrenta limitaciones serias. Esta complicidad de los radicales con la madre de todas las violaciones a la autonomía, la Ley de Educación Superior (LES), ha comprometido esa independencia desde los años 90 al someter a las universidades a la CONEAU, una agencia que impone evaluaciones externas mediante representantes elegidos por el Poder Ejecutivo, el Congreso y sectores privados.
Además, la LES restringe el cogobierno universitario al establecer de manera uniforme cómo deben organizarse los claustros y el modelo de representación, lo que contradice la autonomía universitaria defendida por la Reforma de 1918. Este control es contrario a la independencia universitaria y a la capacidad de autogestión que establece el principio de autonomía.
Los postulados de 1918
El movimiento estudiantil, desde 1918 ha luchado por tres temas centrales: la autonomía, el cogobierno y la gratuidad, en oposición al ajuste y los regímenes autoritarios. Todos los gobiernos han intentado inmiscuirse en el control de las universidades, que operan como fábricas productoras de ideología, mano de obra y recursos simbólicos al servicio del mercado. Esta dinámica ha llevado a la universidad a ser ajena a las necesidades del pueblo, convirtiéndose en un instrumento que responde a los intereses del capitalismo. Por ello, se han buscado modificar o eliminar los postulados de los reformistas de 1918, quienes entendían que la grandeza de nuestra nación reside en la acción recíproca entre la universidad y el pueblo.
La autonomía universitaria es el derecho de las universidades a autogobernarse sin interferencias externas (FMI, Banco Mundial, OCDE), especialmente del Estado o de poderes eclesiásticos. Esto garantiza la libertad académica, la gestión autónoma y la participación democrática. Los estudiantes reformistas de Córdoba, en su famoso “Manifiesto Liminar” expresaron el deseo de una universidad moderna y libre, con representación estudiantil, elección democrática de autoridades y sin influencias ideológicas externas que limitan y distorsionan la investigación y la enseñanza.
Actualmente estamos luchamos por aumento de presupuesto y defendemos la universidad, pero también buscamos transformarla. No estamos de acuerdo con el status quo actual. Nuestro proyecto universitario tiene como eje central las necesidades de la clase obrera y el pueblo, que son los pilares de la construcción de un nuevo proyecto universitario y, por ende, de un nuevo país. Esto implica romper con los elementos de dominación capitalista que atraviesan la UBA y reorientar los planes de estudio y la investigación hacia las necesidades reales de las mayorías sociales. Debemos entender la educación como un derecho, un bien común no mercantilizable, rompiendo con la lógica de la elitización y defendiendo la autonomía y la democratización del cogobierno universitario.
Defendemos la gratuidad, por lo que es fundamental un aumento de presupuesto financiado 100% y únicamente por el Estado. Si la intención es poner el presupuesto al servicio de las necesidades reales de la universidad, la utilización y distribución deben estar bajo el control y definición de estudiantes, docentes y no docentes, y no bajo el control de la actual casta profesoral. No hay mejor auditoría que la estudiantil con la comunidad educativa. Nuestra lucha por el aumento del presupuesto debe estar vinculada a la democratización del gobierno universitario, donde los estudiantes deberíamos ser la clara mayoría. Sin embargo, por la violación de la autonomía hemos sido relegados a una representación insignificante del 20% o 30%, cuando somos, categóricamente, la mayoría del universo academico.
El aumento del presupuesto al servicio de las necesidades reales resulta imprescindible para debatir el rol del profesional que queremos construir. En este contexto, es fundamental destacar que la política del gobierno de Javier Milei y las autoridades universitarias del status quo buscan mantener el control y la dominación en las universidades, relegando las voces de los estudiantes, administrando lo posible y socavando la autonomía. Representan una continuidad de los 90 que ha mantenido a las universidades como meros instrumentos al servicio del mercado. Por eso, desde nuestra óptica, la autonomía universitaria junto a los postulados de la gratuidad, autarquía y extensión no es solo un derecho, sino una herramienta fundamental para construir una educación que responda a las necesidades de la clase obrera y del pueblo, en el camino de pelear por una sociedad libre de explotacion y opresion
Por: Agustín Romero, estudiante de la Facultad de Ciencia Sociales y referente de La Marea; Ariana Del Zotto, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y referente de Tesis XI