Compartimos este artículo que fue publicado originalmente en la edición de septiembre de Alternativa Socialista.
La educación pública de todos los niveles en nuestro país se encuentra en una encrucijada crítica. Las políticas neoliberales, promovidas hoy por sectores libertarios, están poniendo en jaque el acceso a la educación y su calidad que ya venía profundamente deteriorada por las políticas de los sucesivos gobiernos, de distintos sectores políticos. Estamos ante un ataque global: económico, político e ideológico que trasciende las fronteras nacionales y las medidas del gobierno actual. Se trata entonces de una pelea política profunda, tanto en
las aulas y la universidad como en las calles, que indefectiblemente está ligada al modelo de país al servicio de las mayorías populares por el que peleamos.
La escuela/universidad como viejas máquinas educativas capitalistas
Desde la izquierda y las pedagogías críticas siempre tuvimos claridad sobre el carácter reproductor del sistema, asignado por el capitalismo a la escuela.
Unos la ven simplemente como un aparato ideológico del Estado, otros la entendemos además como un lugar de disputa y de resistencias, dado que está conformada por personas, en su inmensa mayoría, explotadas. Pero volveremos luego sobre este aspecto.
Desde la consolidación del Estado-nación a fines del siglo XIX y la promulgación de la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria, la escuela pública fue concebida como un instrumento fundamental para la formación de ciudadanos y para la integración nacional. Y si bien la educación pública representó un avance en términos de acceso y movilidad social, también fue utilizada como
un mecanismo para legitimar y perpetuar las estructuras de poder dominantes, preparando a los estudiantes para ocupar su lugar predeterminado en el engranaje de la economía capitalista.
Así, la implementación de reformas educativas ha sido una forma de adaptar el sistema educativo a las necesidades del mercado, priorizando la formación de mano de obra calificada para los sectores productivos, en lugar de fomentar una educación crítica y liberadora. Según Luis Bonilla Molina, cada revolución industrial ha influido en la transformación de la educación, adaptándola a las necesidades del nuevo modelo productivo. El autor señala que los sistemas educativos fueron útiles para el capitalismo en momentos históricos anteriores, especialmente durante la primera y segunda revolución industrial, cuando la escolarización masiva y la formación técnica eran esenciales para crear una fuerza de trabajo que pudiera operar en fábricas y oficinas. Sin embargo, en la era de la cuarta revolución industrial, caracterizada por la automatización, la inteligencia artificial y la globalización extrema, el sistema capitalista ya no necesita las mismas estructuras educativas para reproducirse. En lugar de eso, el capitalismo contemporáneo busca sistemas más flexibles, estandariza-
dos y mercantilizados que se adapten rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado.
Es en este contexto que Bonilla-Molina argumenta que este proceso ha llevado a un “apagón pedagógico global”, en el que la educación pública está siendo fragmentada, desprofesionalizada y virtualizada, con la intención de crear un sistema educativo que sirva más directamente a los intereses del capital, amputando los aspectos humanos, críticos y formativos que tradicionalmente se asociaban con la
educación.
A esos fines, hace décadas que el neoliberalismo habla en forma permanente de “crisis educativa”, para justificar las reformas y contrarreformas que se han impuesto con el fin de destruir la escuela pública. Y al mismo tiempo, según el autor, lo hace para intentar “desviar la atención a lo escolar y educativo como si ello fuera una isla en sí misma, desconectada de las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas. En otros casos lo educativo/escolar y las ‘crisis educativas’ se presentan como temas nacionales, desconectados del sistema mundo capitalista y sus dinámicas”.
Desde la lógica del capital, dos elementos son utilizados para construir hegemonía respecto a las supuestas dimensiones de la “crisis de los sistemas educativos”: la profesión docente y los aprendizajes prioritarios; promoviendo una “cultura evaluativa” como mecanismo de control mediante el cual se reduce la complejidad del proceso de aprendizaje a indicadores cuantificables y resultados estandarizados.
De esta manera, el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, el BID y la propia UNESCO comenzaron a señalar con fuerza, en los ́80, que es necesario evaluar los sistemas educativos y los aprendizajes, al mismo tiempo que presionan a los gobiernos a adoptar políticas que favorecen la privatización y la descentralización.
Ahora resulta lícito preguntarse, ¿por qué en este largo periodo el sistema no termina de desmontar la escuela y la universidad de las primeras revoluciones industriales? Porque a pesar de la obsolescencia en su rol para fortalecer la hegemonía capitalista en sus nuevas formas, las instituciones educativas siguen teniendo un papel muy importante en la contención de los y las niñas y jóvenes.
Por eso, las reformas y contrarreformas resultan ser sólo parches e ideas a medio camino, que lo único que persiguen es fortalecer la idea de “crisis educativa” que posibilite lograr en algún momento el consenso social en torno al desmantelamiento del
viejo aparato escolar.
Para el gobierno libertario, ahora es cuando.
¿León o burro?
El sentido de las reformas educativas del gobierno libertario Cualquier parecido entre lo que estamos describiendo en materia educativa y la realidad argentina, no es pura coincidencia. En líneas generales, podemos decir que el proyecto político-económico libertario no es más que el neoliberalismo en la etapa histórica actual. No es sólo la síntesis de las propuestas neoliberales llevadas a cabo principalmente por la dictadura y el menemismo, sino una nueva versión en un nuevo escenario mundial, fuertemente polarizado y marcado por una profunda decadencia del sistema capitalista: desregulación laboral y de la actividad económica, deuda y ajuste estructural, desindustrialización, extranjerización y reprimarización; una invocación a la libertad (de mercado) y una necesaria cuota represiva para aquellos que quieran oponerse al cambio.
Las impugnaciones a la centralidad del Estado, a la gratuidad universitaria, al valor estratégico que tiene la investigación en todas las áreas de la ciencia y tecnología, son parte de una concepción de la educación en términos de costos y nunca desde la perspectiva de un derecho. La creación de un ministerio de “Capital Humano”, del cual depende la ahora Secretaría de Educación, fue el primer botón de muestra del proyecto educativo de Milei.
Ese proyecto no se reduce a un ataque meramente económico a la educación pública en su conjunto, sino que tiene necesariamente su correlato en el terreno político-ideológico. Es así que “la decadencia del sistema” comienza, para este gobierno, con el supuesto “adoctrinamiento” y la inculcación de ideas de “extrema izquierda” (asociadas a la enseñanza de los derechos humanos y a la Educación Sexual Integral): “el argumento del carácter ‘tendencioso’ de la escuela pública está lejos de ser original. Fue continuamente utilizado durante las últimas dictaduras cívico-militares en el Cono Sur. Para el caso argentino, ‘Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo’, publicado en 1977, promovía la “desideologización” de la educación pública, en un sentido semejante al que impulsó el gobierno de Bolsonaro a través de la ‘Escuela sin partido’ en Brasil. Milei tiene la intención de recorrer el mismo camino”.
El diagnóstico de decadencia continúa con otro lugar común de gran parte del arco político -desde liberfachos hasta los que se autoperciben “progres” como Grabois – que depositan en la docencia la raíz de todos nuestros males. Esta concepción reaccionaria sobre el sector docente es en la que confluyen varios de los debates que se están poniendo sobre la mesa en el último tiempo: educación como servicio esencial, escuelas y universidades como centros de adoctrinamiento, cultura evaluativa (las ideas contempladas en la Ley Ómnibus de exigir un examen al final del secundario, y un examen de ingreso y evaluación cada 5 años a los docentes, por ejemplo) y condicionamientos salariales vía “ítem aula”, presentismo y “profesionalidad docente”.
La trampa de la educación como “servicio esencial”
Esta iniciativa parlamentaria es disfrazada como una medida destinada a garantizar el acceso a la educación, pero su único objetivo es restringir el derecho a huelga de los docentes y debilitar su capacidad de resistencia.
No hace falta estar muy informado para saber que, para este gobierno, la educación no tiene nada de esencial, ya que se ha encargado en estos pocos meses de gestión de recortar fondos educativos como el FONID, desmantelar programas, eliminar las paritarias nacionales,
entre otras políticas de ajuste.
Esta medida se basa únicamente en garantizar “guardias” de docentes y directivos que mantengan la escuela abierta los días que haya medidas de fuerza, lo que reafirma una vez más la concepción que tienen estos sectores sobre la escuela y su rol: una mera “guardería” o
“depósito” de las infancias para que las familias puedan ir a trabajar, no un espacio en el cual se construyen aprendizajes.
Además, concibe a la educación como un servicio más y no como un derecho humano fundamental que debe garantizar el Estado. Reducir la educación a un “servicio” es despojarla de su dimensión emancipadora y transformadora, es terminar de convertirla en un simple
instrumento al servicio de las necesidades del mercado.
Lamentablemente, Juan Grabois se unió a estos discursos y acciones reaccionarias en contra de la docencia. En lugar de focalizar en las causas por la que una maestra hace paro, Grabois -practicando un raro progresismo- se encargó de estigmatizar a toda la docencia:
“Si querés ser docente y tratar con pibes, tenés que tener un nivel de responsabilidad, de vocación que implique no maltratar, no tomarte el palo cuando se te cante las pelotas o abusar del Estatuto Docente para inventar licencias, cosa que es el pan de cada día”.
Conocemos su inclinación religiosa, pero la docencia no es un “apostolado” que con simple vocación o voluntad se predispone a paliar las falencias estructurales del sistema educativo, sin cuestionarlas. La docencia es una profesión y ante todo un trabajo, en el que todas las condiciones asimétricas de poder expresadas en la verticalidad, sobreexplotación y precariedad, impactan de lleno en la calidad y carácter de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo su ataque, planteó que “los únicos privilegiados son los niños”, intentando enfrentar sus necesidades e intereses contra los de la docencia. ¿Acaso desconoce Grabois que lo único que hace funcionar las escuelas, ante los ajustes y la crisis social cada vez más aguda, es el esfuerzo cotidiano de los docentes? ¿Acaso cree que tendríamos escuela pública si no fuera por las enormes y permanentes luchas que lleva a cabo la comunidad educativa con la docencia a la cabeza? Nos animamos a afirmar que quienes más piensan en los niños y niñas somos justamente los docentes.
De esta manera, Grabois le es funcional a los sectores que dice combatir, en su intento de neutralizar la capacidad de la lucha docente e imponer reformas antieducativas sin oposición.
Libertarios contra la libertad de pensamiento
Por otro lado, en los últimos meses se ha intensificado una campaña de denuncia de “adoctrinamiento”, acusando a los docentes de promover ideologías de izquierda y de utilizar el aula como un espacio para la propaganda política. Esta acusación es parte del ataque político-ideológico del que venimos hablando, que tiene como claro objetivo desacreditar a la educación pública, para avanzar en su privatización.
El discurso del adoctrinamiento, no sólo busca silenciar a los docentes que defienden una educación crítica y transformadora, sino que también pretende desarticular conquistas como la Educación Sexual Integral para evitar “la ideología de género” por ejemplo, y legitimar la intervención estatal en la autonomía de las universidades. Parten de una falsa apoliticidad y neutralidad de la práctica educativa, para en realidad promover un control ideológico que impida la formación de estudiantes capaces de cuestionar las injusticias y desigualdades de este sistema.
Enfrentar la asfixia económica y salarial como prioridad
Si hay un denominador común en todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el universitario, es la falta de presupuesto y salarios dignos.
En materia presupuestaria, si bien venimos siendo víctimas de un desfinanciamiento estructural en los últimos años, en la actualidad están llevando a cabo un duro ajuste, incluso sub-ejecutando partidas ya insuficientes, al punto de ahorrar en estos meses 1.2 billones de pesos no ejecutados.
En la cuestión salarial el sector docente históricamente ha sido de los que más ha perdido contra la inflación, a lo que se sumó que este año el gobierno nacional eliminó el FONID, que representaba gran parte de los sueldos. En el caso universitario, los salarios perdieron casi un 40% de su poder adquisitivo desde que asumió Milei. Esto los empuja a mayor pluriempleo o directamente al abandono del sistema universitario.
En este contexto, la pelea por el presupuesto universitario adquiere una relevancia crucial, porque los recortes forman parte de una estrategia deliberada para debilitar a las universidades públicas y expandir la injerencia del sector privado en la educación superior.
Es evidente que los docentes de todos los niveles se han convertido en el principal escollo a superar para el gobierno, porque han sido uno de los sectores más combativos contra las políticas de ajuste en educación, organizando grandes movilizaciones y oleadas
de huelgas provinciales.
Este año no es la excepción, ya que, con un importante apoyo de la comunidad, la docencia viene protagonizando fuertes conflictos en provincias como Neuquén, Entre Ríos, Chubut, Misiones, La Rioja, Córdoba y Jujuy.
A su vez, la docencia universitaria viene de realizar importantes paros y medidas a nivel nacional, preparando su continuidad con una segunda marcha federal educativa.
Todo esto sucede a pesar de las conducciones que, tanto en las provincias como a nivel nacional, juegan un rol desmovilizador y diletante. Desde la CGT que transó la reforma laboral y dejó pasar la Ley Bases, pasando por CTERA que aísla los conflictos provinciales y no moviliza masivamente contra la esencialidad, hasta llegar a las autoridades universitarias que buscaron descomprimir el conflicto universitario luego de la multitudinaria marcha del 23 de abril.
Hoy transitamos un momento donde hay fuerza de sobra y gran apoyo social para, luchar, por eso es fundamental enfrentar este ataque antieducativo global de manera unitaria. Hace falta construir un verdadero polo consecuente para enfrentar a Milei hasta el final, uniendo la defensa de las jubilaciones, la universidad y la escuela pública. Porque la lucha es una sola, es ahora y en las calles.
El campo educativo como espacio de disputa
Mientras damos esta pelea, también tenemos el desafío de politizar el debate sobre el rol de la educación en esta sociedad capitalista. Ya que con lenguaje “progre” o neoliberal, se promueve un rol docente como simple reproductor de las normas, una función meramente “contenedora” de la escuela para las infancias, un carácter instrumental en los contenidos y una cultura evaluativa como mecanismo de control y competencia.
Nosotros defendemos la educación pública, pero al servicio de transformarla. Y para eso, hay que enfrentar la despolitización de la práctica educativa que busca naturalizar y ocultar las relaciones de poder y los intereses que se expresan en la selección de contenidos, modalidades de enseñanza, mecanismos evaluativos y modos de relación interpersonal en las escuelas.
Por eso, impulsamos una izquierda pedagógica comprometida con el hacer cultural y la lucha social, gremial y política. Que apunte a recuperar la pedagogía y a tener posturas y propuestas sobre evaluación, planes de estudios, carrera docente, normativas y políticas educativas. En este camino, peleamos por congresos pedagógicos para que sea la comunidad educativa la que debata y decida todo lo referido al modelo educativo que necesitamos, y también para que de una vez por todas las políticas educativas sean evaluadas desde abajo hacia arriba.
Cuestionamos la concepción de la educación como mero entrenamiento en determinadas técnicas y competencias, así como los valores “morales” y contenidos obligatorios al servicio de sostener el orden económico y social vigente. No queremos simplemente “contener” en las aulas lo que el sistema excluye, sino que la escuela y la universidad aporten a la formación de niños, jóvenes y adultos críticos, reflexivos, autónomos y solidarios con las problemáticas sociales que sufrimos.
Y como dijimos al principio, a pesar del carácter reproductor del sistema educativo al servicio del capital, reconocemos a la escuela como un espacio de disputa, con grietas desde las cuales poder problematizar el orden vigente y materializar el llamado a la acción. Lo mismo en la Universidad, democratizando todos los espacios para discutir cómo poner la ciencia, la producción del conocimiento y la investigación
al servicio de las mayorías sociales, como instrumento de transformación social y política, y no orientada al mercado laboral precario de un capitalismo en decadencia que busca poner nuestras carreras al servicio de las ganancias de unos pocos.
Comprendemos la formación de conciencia social como un proceso colectivo que parte de la acción y la experiencia. De allí la importancia de la lucha y de la organización política. Por eso concentramos nuestros esfuerzos militantes en desarrollar la movilización y en pelear contra las conducciones burocráticas que intentan frenarla.
Pero la educación no es el único ámbito en el que se reproduce este orden capitalista desigual, por eso estamos convencidos que pelear por un sistema educativo único, nacional, estatal, obligatorio, gratuito, laico, científico y que forme en el pensamiento crítico, va indefectiblemente unido a la lucha por un modelo de país diferente al capitalismo.
Hoy más que nunca, es necesaria la construcción de una herramienta política que amalgame nuestras peleas parciales en una sola lucha para lograr verdaderos cambios de fondo en todos los terrenos: la defensa de la educación y universidad pública, de nuestros bienes comunes, de los derechos de las mujeres y disidencias, los jubilados y trabajadores; y pasar a la ofensiva política por un gobierno de los de abajo.
Por un país y una sociedad sin opresión ni explotación, plural, igualitaria, democrática, participativa y socialista.