Luego de que la semana pasada Entre Ríos, gobernada por el peronista Gustavo Bordet, entrara en default por incumplir el pago de un vencimiento de intereses por 21,87 millones de dólares, que corresponden a una deuda total de 500 millones, el gobierno nacional busca armar un frente con los gobernadores para seguir las negociaciones y evitar una oleada de defaults provinciales.
Martín Guzmán, ministro nacional de Economía, convocó a los ministros de finanzas de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Chaco, Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Jujuy para estudiar la situación de las gestiones que vienen llevando a cabo dichas provincias con los tenedores privados de deuda por cupones que totalizan casi 12 mil millones de dólares.
El gobierno nacional, a contrarreloj, quiere evitar que ocurra lo que la semana pasada le sucedió a Entre Ríos. Luego de incumplir el pago, esa provincia fue demandada ante los tribunales de Nueva York por el incumplimiento Bono ER 25, que data de 2017. Un destino similar podría llegar a correr Córdoba: por no haber abonado el 9 de diciembre un cupón de intereses por 25 millones de dólares, el gobierno de Juan Schiaretti correría la misma suerte. Colaboradores del mandatario cordobés reconocieron al diario Ámbito que “técnicamente se entrará inevitablemente en cesación de pagos. Pero se sigue negociando. Las gestiones son muy intensas”.
Otras provincias que están en situaciones similares son Salta, que ya entró en un plazo de un mes para llegar a un nuevo acuerdo, y Buenos Aires. Axel Kicillof, que había mostrado un discurso “combativo” contra los tenedores de la deuda bonaerense, tal como lo hizo Fernández a principio de 2020 terminó cediendo a todas las exigencias de los buitres. Sin llegar todavía a un acuerdo pese a su voluntad negociadora, extendió por décima primera vez el plazo al 29 de enero. El monto de deuda que busca reestructurar Kicillof es de 7.148 millones de dólares.
Falsas confrontaciones y un solo plan
Ante este panorama complejo, las primeras respuestas de los funcionarios implicados en los defaults provinciales apuntan a la irresponsabilidad de los mismos bonistas que ellos buscaron. En el caso del entrerriano Bordet, como bien lo denunció Nadia Burgos, aludió a la crisis generada por el macrismo entre 2017 y 2019 que volvió inviables los pagos en dólares. Lo que omite es el compromiso político suyo y de otros gobernadores con Cambiemos durante su mandato para aprobarle los presupuestos nacionales, que incluían cada vez más endeudamiento.
Como salida, tal como lo ilustran las expectativas del gobernador de Salta, Gustavo Saénz, apuestan a incrementar la producción de hidrocarburos. A tono con lo que viene anunciando el gobierno nacional, pondrán todo el esfuerzo en profundizar el extractivismo petrolero y gasífero para, en este caso, obtener dólares destinados a “honrar” los pagos de las deudas provinciales. Es una doble entrega: primero nos endeudan y luego saquean nuestros recursos para seguir pagando esa estafa usurera.
Estos defaults provocados por falta de fondos no implican nada positivo para lxs trabajadorxs y el pueblo. La corte de EE.UU. y los bonistas que denuncian buscarán, como en el caso de Entre Ríos, despojar a una provincia con ya escasos recursos.
Como proponemos desde el MST en el FIT Unidad, sólo un default soberano es la salida. Una decisión consciente y unilateral que corte todos los pagos por esas deudas espurias, que deben ser investigadas, y que priorice los fondos provinciales para aumentar los presupuestos de salud, educación y demás necesidades sociales.