A principio de año, el ministro de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff se sumó al reclamo del jefe porteño de restituir el DNU 70/2017 derrumbado del macrismo que aceleraba la deportación de migrantes. Manipulando datos construye el argumento de que “son delincuentes” y que “vienen a intentar quebrar el orden”, vinculando así de forma directa a las personas migrantes con el incremento de delitos, con el objetivo de buscar un mecanismo para la expulsión inmediata.
Esta declaración se da en el contexto de un ataque generalizado a nivel nacional hacia los sectores populares donde se concentra la población migrante, fortaleciendo el discurso de odio en CABA por ser el centro político y estantería de abusos hacia la población pobre. El cierre del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo) y la nueva Ley de Bases con media sanción en el Congreso expresan el interés de la burguesía por legalizar lo que en los hechos vienen implementando.
La población migrante como el eslabón más débil
Además de los dichos del gobierno porteño, el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich señala que “si una persona extranjera es detenida en contexto de una manifestación, sus datos pueden ser enviados a la Dirección Nacional de Migraciones”, haciendo un guiño claro hacia la deportación. Un intento por amedrentar a las organizaciones sociales y políticas que integran compañeres migrantes de los barrios populares.
Sobre la cláusula de “falsos turistas” (que Milei recupera de la dictadura militar), hace meses vienen deportando a jóvenes de diferentes países de la región que vienen a estudiar en el país, pasando por encima de tratados internacionales, organismos como el Mercosur y acuerdos bilaterales.
En la caída la ley ómnibus el gobierno intentó por medio del artículo 553 arancelar la educación en universidades públicas a estudiantes extranjeros que no cuentan con la residencia permanente. “Respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes ─ declara sínicamente ─ se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.
Este ataque dirigido a criminalizar y estigmatizar a lxs migrantes busca negarnos como sujetos de derechos y amedrentarnos para no defendernos. Y esto no es una novedad; se ve en los barrios con la “portación de rostro” y los casos de gatillo fácil; en el campo laboral con la precarización y el maltrato; y en el sistema educativo con las restricciones, los negociados y la discriminación, que son anteriores al gobierno de Milei. En la UBA en particular, es tal la dificultad para inscribirse, con poco esclarecimiento con respecto de la documentación necesaria y con la implementación de exámenes nivelatorios de español que hacen de “filtros” que se han creado alrededor del proceso de innumerables “asesorías” que lucran con el exilio educativo.
Insistimos, intentan aplastar nuestros reclamos como primer paso para avanzar con el ajuste hacia la normalización de un modelo de país con menos derechos democráticos, sociales y políticos. El intento de arancelar la educación para no residentes, por ejemplo, es un ataque al modelo de educación pública, gratuita, masiva y de calidad, pues inician arancelando y excluyendo al eslabón más débil de la cadena para poder luego avanzar sobre el conjunto de la educación pública y ponerla al servicio de los mercados.
El chivo expiatorio de las derechas
En campaña electoral Patricia Bullrich decía: “tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que la Argentina da”. Estos relatos se caen al chocarse con la realidad. Lxs estudiantes migrantes representamos solamente el 4,4% de los casi 2,5 millones de estudiantes que concurren a universidades públicas y privadas del país. En cuanto a los frecuentes dichos de que venimos a “tomar las posibilidades de lxs argentinxs” y “estudiar con sus impuestos”, se olvidan de que lxs migrantes también pagamos alquileres, nos alimentamos, usamos el transporte público y que en absolutamente todas estas actividades pagamos impuestos, entre ellos el IVA que es la principal recaudación impositiva del país.
El incremento de la xenofobia y de los discursos racistas no sucede solo en Argentina, sino que son un pilar fundamental del sistema capitalista y son fortalecidos por las ultraderechas que crecen a nivel mundial. Por un lado, estos discursos tienen un componente económico, es decir, justifican una mano de obra migrante barata e híper precarizada para sacar más ganancia a la clase trabajadora. Por otro lado, tienen un componente ideológico, pues sirven para dividir a la clase obrera y a la juventud y crear un chivo expiatorio. Es decir, construyen un enemigo interno, el migrante, a modo de enmascarar la responsabilidad del gobierno sobre el ajuste en curso.
Además, está claro que para el Estado argentino existen extranjeros de primera categoría, como Joe Lewis (dueño de 12.000 Ha. en la Patagonia argentina), a quienes le entregan la soberanía y dominio de recursos esenciales como el agua y tierras cultivables como parte de los negociados entre la burguesía. Hay que señalar que todos los gobiernos anteriores han sido precursores de esta diferenciación, lo que demuestra el componente de clase que nos divide y alimenta la discriminación.
Migrar es un derecho, no un delito
Las políticas de este gobierno buscan revivir leyes criminales como la Ley de Residencia de inicios del siglo pasado, usada para amedrentar a toda una generación de trabajadores migrantes que buscaban organizarse y que fueron protagonistas de luchas históricas de este país. Aquí yace el miedo que tiene la burguesía. Lxs migrantes, con las experiencias propias de cada país de pertenencia, podemos aportar pluralidad de voces y ayudar en la construcción de conclusiones que permitan el crecimiento y la radicalización del proceso.
Reafirmamos el derecho a migrar. Contra la política racista y xenofóbica, exigimos:
- Regularización documentaria para todxs lxs migrantes.
- El acceso a refugio a todxs lxs solicitantes.
- El acceso irrestricto a salud y educación.
- Que se retire el requisito de certificado de nivel de español equivalente al nivel B2 del MRCE y que se implementen cursos gratuitos de idiomas de alta calidad para migrantes no hispanohablantes.
- La simplificación de los requisitos para la inscripción en las universidades
- Igualdad de derechos para alquilar que garantice el acceso a vivienda.
- Frente a la precarización y mal trato laboral exigimos igualdad de derechos por un trabajo y sueldo digno.
Ante la Ley Bases, el DNU, el protocolo de Bullrich y el plan de ajuste, sabiendo que el gobierno avanza hacia una ofensiva anti-migrante, urge que nos organicemos. En ese sentido, invitamos el sábado 18 de mayo al Encuentro de Migrantes entre jóvenes estudiantes y vecinos de los barrios populares en el Centro Cultural “La Chispa” (Dr. del Valle Iberlucea 974, La Boca, CABA). Con una charla-debate seguido de cena y baile buscamos construir desde abajo una campaña con las reivindicaciones migrantes ante el ataque de Milei a las universidades, a los comedores populares y a nuestros derechos conquistados.
Julia Vendramini, estudiante brasilera migrante (Comunicación Social, UBA)
Mohamet Pacheco, estudiante exiliado político nicaragüense.
Fuentes: