Una vez más el gobierno de Alfredo Cornejo, cada día más autoritario, intenta ir contra la ley guardiana del agua, la 7.722. Una vez más el gobierno de Mendoza, envalentonado por la dinámica que se imprime desde Casa Rosada cree que puede cerrar los ojos y avanzar contra la voluntad popular con proyectos megamineros que atentan contra los bienes comunes de la provincia y parte del país.
Es que luego de que en marzo Cornejo participara de la Prospectors & Devolopers Association of Canada (PDAC), feria minera de ese país, volvió entusiasmado con una nueva avanzada minera en la provincia. Es de esta manera que el pasado 3 de abril obtuvo media sanción el nuevo Código de Procedimientos Mineros. Este es el que reglamenta como debe aplicarse administrativa y procedimentalmente el Código de Minería de la Nación.
¿Cuál es el objetivo de esta actualización del código?
Bajo la premisa de modernizar normativas que han quedado oxidadas y darle impulso a la minería metalífera, lo que buscan en realidad es una nueva forma de avanzar con proyectos que la población viene rechazando desde el año 2007, cuando fue sancionada la Ley 7.722. Esta vez, con este nuevo código minero quieren llevar adelante la zonificación del sur de la provincia a través de la creación del “Distrito Minero Occidental”. A este distrito se le realizaría una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) única para cualquier proyecto dentro de esa región, que tiene una extensión de más de 22.000 kilómetros cuadrados. Lo que el gobierno no dice es que gran parte de este territorio está dentro del ambiente periglaciar, que está protegida por la Ley Nacional de Glaciares.
Para lograr su cometido la estrategia del gobierno es avanzar sobre la Ley 7.722, pero esta vez sin modificarla. ¿Cómo sería? La Ley 7.722 en su artículo 1 establece:
“A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.
El problema con este párrafo es que, debido a una apelación de la Minera San Jorge, en el año 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló como inconstitucional lo de “otras sustancias similares”, de esta manera se le abre la puerta a otras sustancias que no están explícitamente prohibidas por la letra de la ley. Anteriormente en 2015 el juez Mario Adaro también había declarado inconstitucional la expresión “y otras sustancias similares” porque debería expresarse de forma taxativa cuales son las otras sustancias. Entonces para avanzar en estos proyectos podrían utilizar otras sustancias toxicas similares, como el xantato o la poliacrilamida.
Este es el caso del Proyecto San Jorge en Uspallata, quien fuera el proyecto originario que desató la lucha por el agua en la provincia y concluyo con la conquista de la Ley 7.722. Hoy el gobierno ha puesto en movimiento nuevamente este proyecto que estaba en “guarda temporal” desde hace años.
Aunque se vistan de verde son todos extractivistas
Ya es sabido que en materia de extractivismo en Mendoza no hay grieta dentro de los partidos tradicionales. Así fue como el radicalismo de la mano de Rodolfo Suarez acordó con el peronismo encabezado por Anabel Fernández Sagasti para derogar la Ley 7.722, lo que terminó en las grandes movilizaciones del 2019 que volvieron a restaurar la 7.722.
Esta vez el avance pro-minero del 2024 también viene con viejos y nuevo socios, ya que para aprobar el nuevo código minero el gobierno no solo contó con votos del PJ; sino que esta vez también se sumó el apoyo de diputados de La Unión Mendocina, el Frente Renovador y del Partido Verde de Emanuel Fugazzotto, que de verde le está quedando poco. Ya que a pesar de haber declarado semanas antes que “la reforma minera estaba hecha a medida de las multinacionales” y también “creo que se están equivocando porque el Código Procesal Minero no termina alterando esta ley, sino que altera toda la minería en general y todo lo que hace que la 7.722 siga vigente como los controles técnicos y ambientales”, le levantaron la mano a Cornejo para aprobar el proyecto. Parece que la defensa del ambiente del Partido Verde terminó con la campaña electoral.
Ni un paso atrás Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, decía George Santayana. Evidentemente el gobierno radical de Mendoza y sus socios de parlamento no tienen buena memoria o el lobby minero puede más que el recuerdo de la pueblada del 2019. Lo cierto es que el pueblo de Mendoza no olvida y aprendió una gran lección aquel diciembre, el poder de la movilización puede más que cualquier gobierno, cualquier protocolo antipiquetes o cualquier código contravencional. Así lo demostraron también las masivas marchas en el marco del paro nacional, a pesar de que la CGT no quiso pisar la calle, los masivos cacerolazos en defensa de la cultura, o los últimos 8M y 24M.
Por eso desde la Red Ecosocialista y el MST en el FIT-U llamamos a todas las organizaciones políticas y sociales, a todas las asambleas por el agua y asambleas barriales, a todas las organizaciones estudiantiles, de mujeres y fundamentalmente de trabajadores para confluir nuevamente en la calle ante el tratamiento en senadores de este nuevo Código Minero. Porque no se puede perder más tiempo en la defensa y cuidado de nuestro ambiente, como estamos viendo día a día, el mundo tiene fecha de vencimiento si no torcemos el curso de la historia. El destino del planeta está en nuestras manos, porque quienes nos gobiernan, aunque se vistan de verde son todos extractivistas y nos van a llevar a la extinción. Pero somos optimistas, y nadie ha escrito que no podemos vencer si nos organizamos para dar la pelea.
Nico Fernández – Red Ecosocialista Mendoza