El negacionismo de la identidad de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche viene desde hace años. Esta política de demonizar a las comunidades mapuche primero, para atacar y reprimir después, es llevada adelante por parte de la derecha, encarnada en Macri, Pichetto y un largo etcétera, y tiene como principal objetivo defender y conceder la propiedad de las tierras a extranjeros y multinacionales para facilitar el negocio inmobiliario o extractivista. La escalada represiva se viene dando en muchas provincias, especialmente en Río Negro y Chubut.
Pero el caso de la provincia de Mendoza supera todos los delirios negacionistas y racistas vistos hasta el momento. Es que, por orden del senador Alfredo Cornejo, hoy pre candidato a gobernador por Cambia Mendoza, la Legislatura provincial acaba de aprobar una resolución que desconoce la preexistencia de pueblos originarios mapuche, negando su existencia en Argentina. También de Huarpes, Collas y Guaraníes.
Esto no sólo es un avance institucional del racismo y el negacionismo, sino que es directamente anticonstitucional y repudia el decreto que prorroga la Ley nacional 26.160, que suspende los desalojos de comunidades indígenas y la realización de relevamientos territoriales tramposos. Para hacerlo se basan en parcialidades, supuestas investigaciones “históricas” de la época colonial que no demuestran para nada la inexistencia de lo que se denomina pueblo mapuche, como bien lo explica en una entrevista el antropólogo, investigador del Conicet y docente universitario Diego Escolar, apoyado en más de 30 años de investigación sobre cómo se fueron conformando las clasificaciones identitarias. Dicha entrevista fue censurada por parte de la red medios de la Universidad Nacional de Cuyo semanas atrás, en el marco de una nefasta charla sobre la temática en la cual Cornejo y Pichetto participaban como disertantes.
Pero lo que aquí se está discutiendo no es un tema académico sino una clara intencionalidad política del gobierno de Suárez-Cornejo, que con el apoyo de varios diputados del PJ provincial quieren anular la disposición del INAI que hace poco más de un mes les otorgó cerca de 26.000 hectáreas a las comunidades mapuche de la provincia. Como siempre, el objetivo del gobierno de Cambia Mendoza es que estas tierras estén disponibles para el negocio de multinacionales mineras y petroleras, como ya lo manifestó en varias oportunidades.
Este avance anticonstitucional de la legislatura provincial sirve a las órdenes de un gobierno que se queja de la entrega de tierras a las comunidades originarias, pero nada dijo cuando hace meses concedió más de 12.000 hectáreas a un emprendimiento privado multinacional para un centro de esquí exclusivo en Malargüe llamado El Azufre, enclavado en medio de las montañas en una zona de glaciares únicos por su magnitud, que sí debieran haber sido protegidos. Demostrando claramente que lo único que preocupa a Suárez y Cornejo es la protección de los negociados privados y las tajadas que de allí puedan sacar.
Desde el MST en el FIT-U de Mendoza nos solidarizamos por completo con el reclamo de las comunidades originarias de la provincia que ayer salieron a rechazar enfáticamente esta nefasta, negacionista y regresiva ley que profundiza el racismo y da pie para nuevos desalojos y represiones. Y nos ponemos a disposición de la lucha por derogarla.
Nico Fernández