Este martes 10 aterriza en Buenos Aires una nueva misión del FMI para iniciar la renegociación de la deuda que dejó Macri. El gobierno busca llegar a un acuerdo rápido y quiere refinanciar los vencimientos de capital por unos 45.000 millones de dólares que el ex presidente firmó con Lagarde. El ministro Guzmán busca estirar el inicio del repago hasta 2024 para fortalecer las escasas reservas del Banco Central, y deja abierta la puerta a un eventual desembolso extra.
Una vez llegado a un acuerdo se enviará al Congreso para su aprobación, probablemente en sesiones extraordinarias. Lo único que no está en duda es la decisión de Alberto Fernández de pagar dólar a dólar toda la deuda. Ni se plantea la idea de investigar lo que denunció en campaña, incluso en el debate presidencial: que esa plata “se la fugaron los amigos de Macri”.
Según el Fondo, su objetivo es “anclar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un crecimiento inclusivo y sostenible”. A su vez, el gobierno quiere hacernos creer que este FMI es “distinto”, que “entiende los problemas” de los países deudores. Lo cierto es que no hay ni un solo país que haya salido de su crisis con las recetas de este organismo. Al contrario: han contraído más deuda y sus pueblos han sufrido políticas de hambre y miseria.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, enfatizó días atrás que “no hay espacio para ajustes”. Desde ya que no; demasiado ajuste tiene ya el Presupuesto 2021, que el Senado convertirá en ley esta semana: elimina el IFE 4, dispone una menor cobertura del programa ATP y recorta en términos reales el gasto social, sobre todo lo asignado a la emergencia por la pandemia. No sólo ajusta los “gastos extraordinarios” para atender la pandemia, que desaparecen, sino que a los presupuestos de salud, educación, vivienda y demás, destina montos muy por debajo de la inflación real: por lo tanto, es una reducción.
Pero el Fondo siempre quiere más. Por eso sus enviados y el gobierno también debatirán sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la reforma tributaria: otras dos iniciativas de ajuste que el Ejecutivo busca aprobar a corto plazo.
Un dato llamativo es que el acuerdo primero debe aprobarlo EE.UU., el único país con poder de veto dentro del FMI. Biden, que asumiría en enero, tendrá un rol central en la definición, así como su secretario del Tesoro, que podría ser ni más ni menos que Larry Fink: el CEO de BlackRock, el mayor administrador de fondos de inversión del mundo, que lideró la negociación con Guzmán para reestructurar la deuda con acreedores privados. Lejos del cariz progresista que le atribuye el canciller Solá, la política económica del principal país imperialista estará en manos directas de los buitres.
Nuestro país está en una crisis brutal. Los números son de terror, como el 40% de pobreza y los 3,5 millones de nuevos desocupados que se sumaron durante la pandemia. Existe una orientación clara del gobierno, que definió que la crisis la paguen los trabajadores. Pruebas sobran: devaluación del peso y por ende del salario, inflación altísima que ronda el 35% anual, paritarias a la baja con complicidad de la burocracia sindical, ajuste en las jubilaciones, liberación de las tarifas de servicios, aumento de las prepagas, cuidado de la “propiedad privada” moliendo a palos a quienes reclaman un pedacito de tierra para vivir. Son todas medidas en favor de los grandes empresarios y los ricos.
Te dicen que esto es lo único que se puede hacer; que todo es culpa de la pandemia y la herencia del macrismo. Es mentira. Hemos reiterado, desde el MST en el FIT Unidad, que había que tomar otro camino, con medidas de fondo. Dejar de pagar la deuda externa tomada por Macri y fugada por sus amigos y estatizar la banca y el comercio exterior. Aplicar un impuesto a las grandes fortunas para volcar esos recursos a las necesidades sociales. Prohibir por ley los despidos y suspensiones, y cuidar el salario de los trabajadores, no un decreto que no respetó ningún empleador. Anular el IVA de la canasta básica, aumentar las jubilaciones, cortar los subsidios a las empresas de servicios y nacionalizarlas con control social.
Todas estas medidas se podían haber tomado. Pero este gobierno ni “empezó por los de abajo” ni “va a llegar a todos”. Gobierna para un sector minoritario que mantiene sus negocios a costa de lo que producen las mayorías. El FMI viene a rubricar esa orientación. Por eso desde la izquierda de nuevo le damos la malvenida y que sepan que ni ellos ni sus políticas son bien recibidos en nuestro país.