Este jueves 9 de junio fue enviado al Senado el proyecto del gobierno para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia. En principio tiene pocas posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Diputados, dado la oposición al mismo de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la crisis aguda por la que transita actualmente el tradicional régimen político, y como parte de ella las peleas entre la Corte y el Frente de Todos han puesto al orden del día la discusión de qué Justicia hace falta. El proyecto oficial no altera la estructura de un Poder Judicial que no tiene nada de independiente y es funcional a la defensa de los intereses de los grandes capitalistas y sus representantes políticos. Nuestras propuestas para un cambio de fondo.
Con la firma de los senadores representantes del interbloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, el proyecto de ley para la modificación del número de jueces de la Corte, de los actuales 5 integrantes (1) a 25 miembros inició el proceso parlamentario destinado a modificar la jefatura del Poder Judicial. De acuerdo a la normativa enviada, el modo de organización y funcionamiento de la futura Corte Suprema deberá ser determinado por “una ley especial”, enviada en forma posterior la aprobación de este proyecto de ley.
El texto consta de sólo cinco artículos. Establece además que en el proceso de integración de sus nuevos miembros “las decisiones se tomarán por mayoría absoluta”, con el número de jueces que se encuentren en funciones en el momento de tomarlas. Conserva a los cuestionados cuatro miembros actuales, Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda como parte del futuro cuerpo.
En los fundamentos del proyecto se afirma que “la ampliación que se propone se realizará en forma progresiva, de acuerdo con el mecanismo de nombramiento que regula nuestro sistema constitucional”. Este sistema sostiene que el Ejecutivo nomina los jueces y es el Senado el que los designa con una mayoría especial de dos tercios de sus miembros. Para varios analistas este texto significa que el Poder Ejecutivo se abstendrá de utilizar el artículo sobre “las vacancias” de jueces que le permitiría al Ejecutivo designar magistrados subrogantes, tal como lo señaló el editorialista Carlos Pagni recientemente.
No figura en el articulado que debería designarse un juez por provincia, tal como se habría convenido en la reunión de los gobernadores oficialistas con Fernández de hace unos días, ni tampoco la obligación de respetar la paridad de género. Según el matutino Página12, estas ausencias se explican por la necesidad de “evitar que la oposición busque impugnar el proyecto y declarar su inconstitucionalidad bajo la excusa de que se limitaría la atribución del presidente para proponer candidatos”, pero que luego el presidente emitiría un decreto para subsanar estos temas.
Otros analistas sostienen que la limpieza de algunos de sus aspectos más polémicos tendría el objetivo de intentar negociar con los opositores un cambio que toque lo menos posible los mecanismos actuales y que la ampliación del número mejoraría el margen de negociación.
Es importante recordar que contrariamente a lo que se sostiene, sobre la necesidad de un número mayor de integrantes de la Corte, fue el kirchnerismo el que redujo sus miembros de los 9 de la vieja Corte menemista a los 5 actuales, defendiendo las ventajas de esta composición.
Rosatti: “No puede haber un derecho de cada necesidad”
La definición del actual presidente de la Corte no es casual. Define bien el rol de la Justicia en este régimen político. Es que para la Justicia actual que haya millones de habitantes que no puedan alimentarse en un país lleno de comida, que no tengan acceso a una vivienda digna, a una salud y educación de calidad gratuitas, a un trabajo y un salario dignos o a una jubilación que le permita vivir después de una vida de trabajo, no es una cuestión de derechos.
En la Argentina co-gobernada por el FMI y las grandes multinacionales, el derecho esencial a proteger es el de la propiedad privada de los grandes medios de producción y de cambio. Ese es el rol de la Justicia en el sistema capitalista, el único sistema “eficaz y eficiente” como sostiene Cristina en coincidencia con sus opositores de la derecha política.
Por esa misma razón es que el proyecto de ampliación de la Corte no contempla ninguna reforma de fondo de este sistema judicial, el más conservador y aristocrático de los poderes del Estado. Hasta especialistas en el derecho que como Alberto Binder, que coinciden con parte de las denuncias de Zaffaroni hacia la Corte actual rechazan el proyecto oficial defendido por el ex integrante de la Corte. Binder, criticando lo limitado del proyecto, afirma que “lo que está en juego es un poder judicial que en sus cabezas está al servicio de las corporaciones y las mafias o un poder judicial al servicio de la ciudadanía”.
Entre distintos considerandos de su rechazo señala, refiriéndose a la situación del Poder Judicial en las provincias en las que el Frente de Todos pretende apoyarse para esta reforma, “estamos ocultado que los tribunales superiores de nuestras provincias, de cada una, tienen muchas veces una adhesión y una compenetración con el poder político y las corporaciones que es igual o peor que el de la Corte. La Corte Suprema es el ejemplo final de una matriz que está mal en todo el país” (1).
Para que haya Justicia hay que dar vuelta todo el sistema actual
El kirchnerismo habla mucho de democratizar el Poder Judicial, incluso ha protagonizado marchas contra la actual Corte Suprema; pero en realidad y tal como demuestra este proyecto de ampliación del número de jueces del tribunal más importante del país, lo único que busca son pequeños cambios funcionales a sus necesidades. Durante sus tres mandatos anteriores tuvo la oportunidad de cambiar de fondo este poder reaccionario y no lo hizo, ya que en última instancia es una garantía del sistema que sostiene, el sistema capitalista. De nuevo en el poder no pretende más que pequeñas ventajas que le garanticen sus negocios políticos.
Para cambiar de fondo hace falta una reforma de raíz. Hay que terminar con jueces y fiscales que duran como nobles en sus cargos, con sueldos y jubilaciones de privilegio y sin pagar impuesto a las ganancias. Que son electos por la tranza política y a los cuales es muy difícil destituir. Se debe eliminar el actual Consejo de la Magistratura, los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular y revocados si fallan en sus funciones. Deben tener mandatos por tiempo limitado, ganar como un trabajador especializado y estar obligados atenderse con su familia en el hospital público y enviar a sus hijos a la escuela pública.
La Justicia debe tener además perspectiva de género. Algo que el discurso progre actual defiende pero que después muere en los papeles y los relatos. Los juicios deben realizarse por jurado popular, con vecinxs sorteadxs del padrón electoral. Solo así se logrará una Justicia al servicio de las necesidades del pueblo trabajador.
- Actualmente sólo cuatro de ellos están en funciones, por no estar cubierta la vacante dejada por la renuncia de la jueza Helena Highton de Nolasco.
- Alberto Binder es presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), profesor de derecho criminal en la universidades del Comahue y Buenos Aires y asesor de proyectos de reforma judicial. Declaraciones de la entrevista realizada por cba24n.com.ar el 4 de junio.