Llegó el día en que comienzan las audiencias públicas, que también seguirán mañana y pasado, con las que el gobierno piensa establecer un nuevo tarifazo en materia energética. Los primeros dos días de las audiencias se enmarcarán en la discusión sobre los costos de la producción y distribución del gas natural a boca de pozo y, también, los mismos cálculos sobre la energía eléctrica. Por último, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación de los subsidios a los usuarios. El aumento promedio se estima que sea alrededor del 20% a partir del 1 de junio.
Luego de diversas idas y vueltas entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo (funcionario ligado a Cristina Fernández), el Frente de Todos (FdT) avanza en esta nueva política que dará un envión a la inflación. Más allá de los debates que surgieron entre estos funcionarios de Hacienda -al igual que lo hizo el kirchnerismo en la votación del acuerdo con el FMI-Basualdo, a pesar de su famosa carta con objeciones al nuevo aumento de tarifas y la segmentación de subsidios, dio vía libre para las audiencias y se apronta a firmar los aumentos. De esta manera, en la misma semana que llega la primera misión del Fondo luego de que el Congreso haya sellado el nuevo acuerdo, Guzmán busca demostrar que está realizando los trabajos pactados para la reducción del déficit fiscal.
Algunos números
Antes de que se desate la guerra en Ucrania producto de la invasión rusa, el gobierno había acordado con el FMI pautas que indicaban una disminución de subsidios de gran magnitud, al punto que sólo lleguen a ser del margen del 0,6% del PBI. Acuerdo que, de cumplirse, significarían más aumentos a pesar del que se está discutiendo esta semana.
Sin embargo, el problema central en materia energética no son en sí mismo los subsidios o, dicho de manera más vulgar, las erogaciones del Estado para garantizar los servicios. Desde la óptica de quien escribe, los mismos son un derecho y tendría que garantizarse a toda la población sin discusión mediante. El problema central reside, como desde hace más de 20 años, en el esquema de las privatizadas heredados de los gobiernos menemistas.
Como indica el medio elDiarioAR, en un artículo de Jonathan Raed, los subsidios están creciendo de manera descomunal debido a que las empresas que se encargan de la distribución no pagan la energía que “compran” y venden. Así, según la nota del autor referido, las “distribuidoras deben en total $ 354.000 millones a CAMMESA. De ese monto, $ 147.000 millones corresponden a deudas de Edenor y Edesur. Las empresas del Grupo DESA (Edea, Edes, Eden y Edelap) suman deudas por $ 53.000 millones. En otras palabras, 5 de cada 10 pesos que se le deben a CAMMESA están a nombre de Edenor, Edesur o Grupo DESA”.
En estos números, que grafican el negocio de las privatizadas, reside el drama energético del país. No sólo por esta estafa descripta, sino porque también las mismas empresas del sector han sido de las principales responsables de la fuga de dólares durante el gobierno de Cambiemos. Los subsidios a estas empresas no son subsidios al sistema energético, sino que funcionan como subsidios a las ganancias de las mismas.
Un gobierno conflictuado que se sostiene a promesas
Cuando asumió Alberto Fernández había anunciado que, contrariamente a lo que había hecho Macri, iba a revertir los aumentos de las tarifas realizados por Cambiemos. A pesar de estas palabras, los aumentos establecidos por Edenor y Edesur, de más del 3.000% según datos del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), como los aumentos del 1.900% de gas siguieron vigentes y ahora se aprontan a elevarse aún más.
Como mencionamos, la pelea al interior de la coalición gobernante también está presente en esta medida. Más allá de lo que ocurre entre Guzmán y Basualdo, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y la CTA (ala sindical del kirchnerismo) publicó una solicitada pidiendo “al secretario de Energía, al ministro de Economía y al presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano”.
Sin dudas, como viene sucediendo, no deja de ser algo puramente declamativo por parte de este sector para intentar despegarse de la imagen presidencial. Pero lejos está de ser parte de una fuerza que combate concretamente estas medidas. Vale preguntarse, ¿por qué este sector no forma parte de las acciones de la marcha federal para decirle no a las políticas de ajuste? Si no le interesa confluir con estos sectores en lucha, ¿por qué no llama a acciones propias contra los nuevos tarifazos? El quietismo de esas direcciones, encabezadas por Hugo Yaski (CTA) y Sergio Palazzo (Bancarios) no sobrepasa a la queja desde un gabinete. Al igual que con la votación del nuevo acuerdo con el FMI, su postura llega a ser combativa hasta una abstención de lo que decide el presidente, lejos de acciones callejeras en defensa de los ingresos de los trabajadores.
Contra las normas del Fondo, servicios públicos y estatales
Más allá de los condicionantes que provoca la guerra en Ucrania, con la elevación de los precios en materia energética, el drama mayúsculo es el organigrama de las empresas privadas. Hoy, el respaldo de las ganancias empresariales de estos estafadores, con el Fondo en el país, se ve respaldado con un plan de aumentos. Mientras, el servicio sigue siendo de mala calidad.
Lejos del consenso que tiene el Frente de Todos y la oposición de derecha en todos sus niveles, la luz y el gas son derechos esenciales que no pueden estar regidos por la lógica de la ganancia capitalista si se lo quiere respetar.
Avanzar en una planificación que contemple lo expuesto sólo puede suceder si se contempla el sistema energético desde un carácter público y estatal, coordinado por una gestión de los trabajadores de las actuales empresas en conjunto con los profesionales del área. Así como también se tiene que incluir para el control comités de usuarios.
Un rumbo de este tipo es la única posibilidad para resolver la herencia menemista en materia energética y dejar atrás los tarifazos macristas, hoy profundizados por Alberto y su gobierno, que tanto damnifican los ingresos de los trabajadores y sectores populares.