Otra vez, para desgracia del bolsillo de los trabajadores, la inflación será noticia esta semana. El miércoles se dará a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) que, según expectativas de consultoras privadas y algunas declaraciones de las fuentes oficiales del gobierno, puede superar el 6%. Y también se está dejando correr el rumor que en alimentos la suba puede ser superior al 10%. Un panorama negro para los salarios e ingresos de los sectores populares, pero no para el sector financiero.
A la par de este dolor de cabeza para las mayorías que viven de su trabajo, el Frente de Todos ya puso en marcha las políticas del nuevo acuerdo con el FMI y, como lo hizo de forma anticipada en algunos aspectos, comienza a ver los resultados. Nos queremos centrar en uno de los puntos específicos del acuerdo: el financiamiento del Tesoro. Como lo solicitó el Fondo, la emisión dejó de ser el primer instrumento y el mercado de deuda (la emisión de nuevos títulos públicos) pasó a ocupar ese lugar. De esta forma, la deuda pública en pesos está cobrando una importancia significativa a tal punto de representar un tercio del total de la misma.
Uno se preguntaría qué tiene que ver el dato expuesto con la inflación. Lo que resalta de esa noticia es una mentira flagrante de parte de Alberto Fernández, quien asumió diciendo que entre los especuladores y los jubilados elegía a los jubilados está haciendo lo opuesto. La adjudicación de nueva deuda pública en pesos está sucediendo a través de letras y bonos que se actualizan por CER. Los mismos son instrumentos cuyo capital se actualiza con una fórmula en la que se contempla la inflación. Al día de hoy, según un artículo de Tiempo Argentino, totalizan “U$S 66.915 millones, casi el triple del que había cuando el Frente de Todos llegó al poder, a fines de 2019”.
Mientras que el gobierno eliminó a la inflación como uno de los componentes para el cálculo de la movilidad jubilatoria ni bien asumió, a los especuladores les ajusta sus ganancias de acuerdo al índice de precios. Ante tal nicho financiero, en la última licitación de bonos efectuada por el Ministerio de Economía el 77% de la deuda que se colocó fue en estos instrumentos, que se actualizan según la inflación.
Pactos sociales y “guerras internas” que nada solucionan
De forma paralela a lo descripto, para mostrar que se está actuando ante la creciente suba de precios, el gobierno ensayó diversas reuniones con empresarios y la burocracia sindical. Alberto Fernández, reiterando una política que no tuvo resultado alguno en beneficio de las mayorías, insiste con lograr una conciliación con los empresarios. Sin embargo, son ellos mismos los desataron una guerra de precios que no tuvo contrincante o fuerza contrarrestarte por parte de gobierno. Más bien, las únicas medidas que se desarrollaron para aminorar los embates de la inflación fueron nuevos acuerdos de precios que vienen fracasando constantemente.
Al mismo tiempo, ante la degradación del poder adquisitivo y la bronca que genera la situación actual, parte del Frente de Todos ha buscado despegarse del actuar presidencial. Fue el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien bombardeó al gobierno a fines de la semana pasada, denunciando inacción y falta de políticas ante la espiral inflacionaria.
Del mismo modo, el senador Oscar Parrilli soltó: “Vamos a terminar yendo a las elecciones con una boleta de Kristalina Georgieva”. Esta forma de declarar y actuar del sector ligado a la vicepresidenta busca aminorar el desgaste que está sufriendo el conjunto del Frente de Todos. Ya que, quienes votaron en contra del acuerdo con el FMI ahora se disponen a aprobar una ley para volver a legitimar el acuerdo y pagar dólar por dólar con el dinero fugado.
Mientras el Fondo encuentra obreros parlamentarios de todos los colores políticos para cobrarse, los trabajadores y las mayorías populares tienen un pagaré sin fondo para cobrar la deuda interna.
¿Un acuerdo muerto?
Otra de las declaraciones de Feletti en el programa radial Pasaron Cosas fue que el acuerdo con el FMI “estaría muerto”. Sin embargo, desde que se firmó hasta el momento se puede decir que está funcionando de la mejor manera posible. Más allá de las metas que el organismo va a recalibrar en conjunto con el gobierno, seguramente por medio de querer infligir más ajuste, el acuerdo marcha sin problemas.
La inflación como mecanismo devaluatorio y de ajuste para los presupuestos de salud, educación y asistencia social funciona a la perfección. También ocurre lo mismo con los salarios y no es algo que una paritaria anticipada, como se acordó con la UIA y la cúpula de la CGT vaya a solucionar el problema.
El FMI llegó al país y está más vivo que nunca con el acuerdo firmado. La ventaja del sector financiero con los bonos mencionados al principio de este artículo demuestra que la ortodoxia económica no ha cambiado. Los resultados que estamos vivenciando no son más que la consecuencia esperable de haber permitido, por parte del gobierno con ayuda de Juntos por el Cambio, que el organismo de crédito se quede en el país.
Para responder la incógnita que se planteó al inicio, podemos concluir con un no. No nos afecta a todos por igual la inflación, y los que ganan son los mismos de siempre, al igual que en el macrismo.