En septiembre de 1994, con la reforma de la Ley de Cine Nº 24.377¹ se posibilitó que el cine independiente y las artes audiovisuales lleguen a nuevos espacios y pantallas fortaleciendo así el derecho de nuestro pueblo a contar con imágenes su propia historia. A partir de entonces se establecieron gravámenes a las industrias de la comunicación: al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), actual ENACOM, con el decreto de derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual³, aún vigente. Estos impuestos sustentan al Fondo de Fomento Cinematográfico, el cual hasta el día de hoy subsidia materialmente a la mayor parte de las producciones audiovisuales nacionales. 28 años después este Fondo está en riesgo y con ello nuestra soberanía cultural.
La cuenta regresiva: 10 meses
Ese es el tiempo que tenemos hasta que se eliminen las asignaciones específicas que sostienen el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC). La causa es la Ley Nº 27.432², sancionada durante el gobierno macrista con apoyo del oficialismo actual en diciembre de 2017, cuyo art. 4 pone fecha de caducidad para el 31 de diciembre de 2022 a las asignaciones específicas que financian al INCAA, al Instituto Nacional del Teatro (INT), al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y a bibliotecas populares de todo el país.
La Ley de Cine 17.741 t.o. 2001 (Decreto 1248/2001) establece que el Fondo de Fomento se conforma de tres impuestos: el 10% del valor de las entradas de cine (impuesto al consumo de obras cinematográficas abonado por el espectador), el 10 % aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado y el 25 % de los gravámenes que recauda ENACOM. De no extenderse la caducidad, los impuestos no dejarían de cobrarse sino que irían directamente al Tesoro Nacional y no así a los fondos del INCAA, bajo el riesgo de reasignaciones. Esto significa, ni más ni menos, la pérdida de la autarquía conquistada en el ‘94.
El Fondo de Fomento Cinematográfico fomenta la producción y subsidia la exhibición de películas de ficción y documental en diversos formatos. Cabe aclarar que los créditos a la producción cinematográfica se encuentran suspendidos por “falta de fondos” desde 2018. El INCAA acompaña el circuito alternativo de exhibición Espacios INCAA, como también el Cine Gaumont; organiza concursos federales y programas como Las escuelas van al cine, Cine en cárceles, Cine Inclusión, Cinemóviles, MeCIS, Gafas Violetas, Museos de Películas, Festivales Nacionales y el Observatorio Audiovisual. También sostiene la escuela de cine ENERC, organiza el Festival de Cine de Mar del Plata (Festival de clase A).
El INCAA también realiza la fiscalización de las salas de cine y organiza el mercado más importante de Latinoamérica: Ventana Sur. Sostiene el canal de TV Cine.ar y una plataforma de vídeo a demanda: Cine.ar Play, así como también la biblioteca ENERC, la Cinemateca y sobre todo sostiene los puestos de trabajo de todes les trabajadores del INCAA.
Organizaciones de la industria audiovisual, productores, directores y trabajadores de la cultura nucleades en Unidxs por el Cine (Colectivo de Cineastas, DOCA, ADN, RDI, ATE INCAA, Actrices Argentina, CAIC, etc.) vienen realizando acciones en unidad para visibilizar este peligro y para defender el FFC desde hace más de 1 año. En octubre del año pasado se realizó una conferencia de prensa en el Cine Gaumont exigiendo que se trate el proyecto de ley, con estado parlamentario, que establece una prórroga por 50 años a la caducidad de las asignaciones específicas. En el marco de esa campaña se juntaron y entregaron más de 5.000 firmas a los distintos bloques de diputadxs del Congreso nacional. A pesar de las promesas de tratarlo en las sesiones extraordinarias de diciembre de 2021, no prosperó su debate ni aprobación. Esto deja una enseñanza respecto a la lógica parlamentaria y la necesidad de construir fuerza, unidad y presión desde afuera.
El año arrancó con distintas versiones de negociación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para reducir el plazo de caducidad de los 50 originales a 10 años. Dicho plazo no alcanza en relación a los tiempos de la industria audiovisual donde el promedio de desarrollo de un proyecto audiovisual medio es de 5 a 7 años. Les productores y directores solo podrán soñar con 1 película y, sin darnos cuenta, en muy poco tiempo estaremos frente a la misma pesadilla. Existe un sector importante de asociaciones que tienen como única estrategia la extensión de la caducidad, direccionando así toda su energía y militancia al lobby parlamentario. También estamos quienes alertamos que evitar la caducidad es urgente pero focalizando en que la problemática no es solo la del financiamiento, sino estructural; por lo tanto implica una batalla en materia de soberanía cultural.
Hoy las fuerzas, las cámaras y las luces apuntan al próximo 1 de marzo, día de apertura de las sesiones en el Congreso. Como se propuso en la última Asamblea Audiovisual del año pasado, es necesario poner en pie una campaña que llegue a muchos más sectores y construir lazos con les trabajadores del conjunto de los organismos afectados de cara a desarrollar acciones significativas en la calle.
No es solo la caducidad, es todo el modelo económico de la producción cultural
Es importante destacar que la ley que pone caducidad a las asignaciones específicas fue aprobada en el marco de la reforma previsional del 2017 dentro de un programa político de privatización, quita de asignaciones y vaciamiento de las industrias culturales nacionales para cumplir con el pacto fiscal y los requisitos del endeudamiento externo con el FMI. Por ello, el proyecto de extensión del diputado del Frente de Todos no puede ser más que un parche del oficialismo unos años después de haber votado en unidad la entrega de nuestra diversidad audiovisual. Más allá de que es insuficiente y hace agua, la extensión de la caducidad significa un respiro y tiempo para atacar el problema de raíz: derogar la antipopular Ley 27.432.
El problema que trae la caducidad no es un elemento aislado, sino que se combina con años de políticas de vaciamiento del INCAA y la drástica reducción de los recursos destinados a la producción nacional, como lo han denunciado distintos referentes del sector audiovisual.
La subejecución presupuestaria en el organismo es otro de los puntos críticos y un eje de las denuncias de les trabajadores desde el 2017. Refiriéndose al desfinanciamiento del 2020, Pablo Espejo, representante de DOCA dijo que “hubo subejecución y hay más de 600 millones de pesos no utilizados sobre un total de 2.500 millones de pesos, que es lo que debería haberse destinado al fomento de películas el año pasado”. Hasta hoy se desconoce la ejecución presupuestaria del 2021 y tampoco se sabe nada del presupuesto 2022. “La gestión de Luis Puenzo no termina de plasmarse como un proyecto renovador”, afirman desde DOCA, y sobre todo porque “todavía hay funcionarios que ingresaron con la gestión macrista”.
En la última reunión del Consejo Asesor, les directores plantearon los siguientes reclamos:
- La urgente actualización del costo medio de películas nacionales
- Un Nuevo Plan de Fomento, becas para estudiantes de la ENERC en las provincias y mayor transparencia y democratización de los comités.
- Por último se reforzó el pedido del balance 2020 y la continuidad de todas las funciones de los comités.
El debate de las plataformas
Lo que no es novedad es que las fuentes de las que se nutre el Fondo de Fomento no alcanzan y existe una necesidad urgente por engrosarlo. La venta de entradas de cine bajó drásticamente en pandemia y los DVDs ya son cosa del pasado, despejando el terreno a los nuevos “tanques” en oferta de audiovisuales: las plataformas de streaming (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Paramount+, etc).
El Estado ya graba a las plataformas el 21 % de IVA, pero es un impuesto que no pagan las empresas sino que se extrae del abono de los usuarios y va directo a las arcas del Tesoro Nacional.
Entre debates, una propuesta es que las plataformas internacionales paguen un gravamen que se corresponda con los grandes ingresos que perciben en el territorio argentino, uno de los países de la región que cuenta con el mayor porcentaje de abonados. A partir de julio en Francia las plataformas de streaming estarán obligadas a invertir por ley entre 20% y 25% de su facturación en producciones nacionales. En España ya se busca aprobar en el Congreso la Ley General de Comunicación Audiovisual, que dispone obligar a las grandes plataformas a financiar con al menos el 5% de sus ingresos la producción audiovisual.
En Argentina, según datos del INDEC⁴ al primer trimestre de 2019, la transmisión y distribución digital de contenido multimedia online significó un monto de US$ 86.889.027, más de US $350 millones al año. El cálculo del Observatorio INCAA de octubre de 2021 toma como referencia los abonados y hogares que cuentan con Netflix u otros servicios de streaming de video y los pone en relación al precio del abono. El resultado muestra que de grabarse a las plataformas con el 10% al videograma grabado, como estipula la vigente ley, el monto destinado al fomento de contenidos audiovisuales oscilaría entre 48 y 67 millones de dólares por año, lo que significa entre 10 mil y 13 mil millones de pesos hoy. Esto multiplicaría por más de 15 la recaudación del Fondo de Fomento Cinematográfico.
Propuesta desde la Izquierda en defensa de la cultura
El gobierno nacional podría extender a las plataformas de streaming el gravamen del 10% que hoy se recauda de la venta o alquiler de DVDs o VHS contemplado en la Ley de Cine. El gravamen es aplicado al “videograma grabado” sin hacer distinción sobre el soporte del mismo ni su visualización, de tal modo que el impuesto puede aplicarse a las plataformas sin necesidad de un nuevo marco normativo, solo hace falta la decisión política para llevarlo adelante.
Lo que sí es necesario cambiar es la desigual distribución de recursos a los diferentes formatos de video, empezando realmente por los que menos tienen. El Plan de Fomento aprobado en 2017 por el macrismo sigue vigente y fue elaborado a medida de las grandes productoras de cine, desconociendo la realidad de la producción nacional. Existen polos de cine independiente y productoras en distintas provincias como Córdoba, Rosario, Tucumán y la Patagonia, en donde el fomento debe ser estratégico en una concepción de política federal, pero no lo es.
La concentración de fomentos se focaliza desproporcionadamente en Capital Federal, los mayores fondos se destinan a las grandes productoras como Patagonik films, de los cuales el grupo Clarín es un asociado mayoritario, ignorando así al 80% que es producción independiente. Dentro de los diferentes géneros el documental es de los más relegados pese a que constituye el 50% de la producción. El plan de fomento vigente tiene un sistema de puntajes y requisitos que excluye a les nueves profesionales y jóvenes cineastas que buscan incorporarse a la industria, al exigirles antecedentes para aplicar en los diferentes fomentos. A modo de ejemplo, dentro de los requisitos para aplicar se requiere el estreno de una o más películas o cortometrajes en festivales reconocidos. Es lo mismo que aplicar a tu primer trabajo y que te rechacen por no tener un título en ingeniería.
Frente a la amenaza y el ajuste reivindicamos el compromiso inquebrantable de defender el cine nacional retomando la pregunta sobre el cine que queremos ¿Desde qué mirada queremos que las futuras generaciones aprendan su propia historia? ¿Hasta donde es negociable el valor simbólico de las películas con las que crecimos? Hoy, La Historia Oficial no está en Cine.AR, sino en Netflix.
Defendamos el derecho como pueblo a acceder al arte, a un cine realmente inclusivo, federal, con perspectiva de género. Sigamos hasta ser nosotres y muches más quienes contemos nuestras vidas, filmar como una herramienta para cuestionar y transformarlo todo.
Vienen por nuestro cine, a hacer de la cultura una variable más de ajuste; pero nos van a encontrar del otro lado de la cámara, haciendo historia. Vamos a seguir ampliando la voz y la participación a todos los espacios sociales para sostener la organización en defensa de nuestra soberanía audiovisual y cultural.
Nacho Ascúa | Trabajador del INCAA y estudiante de Diseño de Imagen y Sonido FADU UBA.
Fuentes:
¹ http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/767/norma.htm
² http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305264
⁴https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/servicios_digitales_bdp.pdf