En Córdoba, el gobierno del peronista Juan Schiaretti viene hostigando con un creciente despliegue policial las diversas movilizaciones populares. Y el pasado 8F, en la capital provincial, un grupo facho atacó la movilización unitaria contra el FMI. En este marco, en la sesión del miércoles 16 en la Legislatura, en base a una ley provincial antidemocrática que restringe las medidas de fuerza en los servicios esenciales, el bloque macrista presentó un pedido de informes alentando esa ofensiva autoritaria. Extractamos aquí la intervención de nuestra compañera Luciana Echevarría, diputada provincial del MST en el FIT Unidad.
De más está decir que no compartimos la esencia y el objetivo de la Ley de Servicios Esenciales 10.461, que es el objeto de este pedido de informes. Por eso justamente no podemos dejar de expresarnos sobre este tema, porque claramente esto es mucho más que un simple pedido de informes: se trata, en definitiva, de abrir un debate que para nosotros sí ataca el derecho a la protesta social, en momentos tan complicados como el que estamos viviendo actualmente. Sobre la base de la defensa de una ley que no compartimos, pero que además nunca puede estar por encima de la Constitución nacional, en donde claramente está definido y contemplado el derecho a la protesta.
Siempre que se hace referencia a este debate se recurre a la famosa colisión de derechos, o tensión entre derechos constitucionales, entre el derecho a la protesta y el derecho a circular, por ejemplo. Pero eso es un reduccionismo al servicio de justificar la criminalización de la protesta social. En todo caso, la colisión de derechos se da entre el derecho a transitar y los derechos al alimento, al trabajo y al salario digno, a la salud, a la educación, a una vida sin violencias. Porque es así. Para analizar la jerarquía de los derechos que colisionan, debemos indagar por qué la gente sale a protestar o lleva adelante un paro, una huelga. Porque movilizarse no es un pasatiempo. A nadie le resulta grato pasar horas al rayo del sol para ser escuchado, ser tenido en cuenta. A ningún trabajador le hace gracia hacer un paro, encima con los descuentos que aplican sobre salarios que ya son miserables. Cuando se llega a una acción de este tipo es porque todas las instituciones de esta democracia han fallado.
Y además, cuando meten esta discusión, corren el eje. Porque los responsables, en todo caso, de que alguien llegue un poco más tarde a su casa o al trabajo, o que se resienta algún servicio esencial, no son los manifestantes: son los gobiernos que ajustan y atacan siempre.
Es iluso pensar que en un contexto como el que estamos viviendo, en donde el gobierno nacional y la oposición de derecha se aprestan a firmar un nuevo acuerdo con el FMI, con todo lo que eso significa, la gente no salga a protestar. En una situación como la que estamos viviendo, esperar que los trabajadores se queden de brazos cruzados cuando ya no se puede vivir, y sabemos que se viene más ajuste y entrega.
Entonces, si lo que les preocupa es garantizar la circulación y los servicios esenciales, lo que tendríamos que discutir acá es cómo el Estado los considera realmente esenciales. Porque no son esenciales cuando hay que pensar los presupuestos para salud, para educación, para garantizar un transporte eficiente. Entonces, discutamos cómo el Estado empieza a garantizar los derechos básicos. Si no, lo único de lo que acá se está hablando es de criminalizar la protesta social para hacer pasar un ajuste del que todos son responsables.