miércoles, 18 diciembre 2024 - 20:20

Deuda Externa. El Fondo reconoce un fraude que quiere cobrar

Ayer, luego que el gobierno haya desembolsado un nuevo pago al FMI por US$ 1.900 millones, el mismo organismo dio a conocer un informe sobre el préstamo Stand By que se le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. La evaluación titulada Evaluación Ex Post (EPE por su sigla en inglés), que estuvo dirigido por Odd Per Brekk, vice del Departamento de Asia-Pacífico del FMI confirmó lo que todo el mundo sabe. En palabras del análisis hecho por el propio Fondo se afirma: “El programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres”.

La estafa ya es reconocida por el propio organismo, ahora pretende cobrar un dinero que el conjunto de los trabajadores y sectores populares no vio en ninguna obra de infraestructura, ni mucho menos. Tal es el carácter espurio de lo que ocurrió con este préstamo de US$ 57.000 millones, del cual se desembolsaron US$ 45.000 millones, que la conclusión del EPE sentencia: “En resumen, el informe concluye que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico. El programa salió de su curso en agosto de 2019 y la Junta Ejecutiva solo completó cuatro de las doce revisiones previstas. Las autoridades decidieron cancelar el acuerdo el 24 de julio de 2020”.

Todos estos argumentos sobrepasados de tecnicismos reconocen que la deuda contraída por Mauricio Macri y ahora con intenciones de ser renegociada con el gobierno del Frente de Todos es un fraude. Como reconoce el ministro de Economía, Martín Guzmán, una parte del préstamo se utilizó para el pago de deuda con acreedores privados (U$S 21.000 millones) y otra para financiar la fuga de capitales (U$S 24.000 millones). Todos estos elementos marcados van hasta en contra del Convenio Constitutivo del FMI, específicamente su artículo VI, donde sentencia que queda prohibido usar los préstamos para “(…) hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. También señala que el FMI “podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Sobre este último punto el Fondo, en su informe, oportunamente no dijo nada.

Las consecuencias de una deuda odiosa

Ya no caben más pruebas para advertir que la deuda con el FMI tiene un carácter de deuda odiosa. Alexander Sack, en 1927, desarrolló una doctrina jurídica donde remarcó puntos centrales para que una deuda sea considerada odiosa:

  • “1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.
  • 2.- La complicidad de los prestamistas: los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población”.

Elementos que se destacan en este nuevo episodio que Argentina vive en relación con su deuda externa. Por parte del gobierno, que dijo que venían a cambiar el rumbo, no se está haciendo nada en esta materia. Alberto y Cristina, con su bandera de pagadores seriales ya han abonado casi U$S 6.000 millones de esta usura. Ahora, en el breve plazo se apuntan a resolver un nuevo acuerdo de facilidades extendidas que prolongará el sometimiento del país al FMI. Ya no es solo el plan de contra-reformas (laboral, impositiva y jubilatoria) lo que pedirá el organismo imperialista; también ya plantea orientaciones en ciencia y tecnología para apuntar a ramas productivas que generen las divisas para abonarle. Entre las líneas más destacadas se encuentran actividades contaminantes para el país como la incursión en la producción de hidrógeno verde y la creación de un reactor nuclear denominado CAREM.

De este modo permitirían la estadía del Fondo por una década y algo más, como lo indicó Guzmán en C5N afirmando que: “Un acuerdo con el organismo nos va a ayudar en el corto plazo a ir despejando el horizonte financiero, pero curar las heridas que generó el endeudamiento en dinero extranjero el gobierno de Juntos por un Cambio nos llevará más de una década”. Aplicar un sometimiento de esta magnitud borrará los límites de la soberanía de nuestro país en perjuicio de la calidad de vida de los trabajadores, tanto en materia económica como ambiental.

Una salida posible, romper con el Fondo

El gran empresariado del país, como lo demostró la Asociación Empresaria Argentina en su recambio de autoridades apunta a cerrar un acuerdo con el Fondo. Como lo remarcó Jaime Campos (presidente de AEA), “la concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un prerrequisito indispensable. No hay futuro en una Argentina fuera del mundo”. Declaraciones compartidas por todo el arco político, desde Juntos hasta el Frente de Todos pasando por los liberales. Tal es la unidad para cerrar con el fondo, que la frase citada pudo haber sido de personajes del “progresismo” como Leandro Santoro, quien se ha transformado en un terrorista mediático en pos de concretar el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas.

Lejos de entender que el informe presentado por el FMI pueda llegar a servir para una mejor negociación, se evidencia que el camino es la ruptura. La plaza convocada por el Frente de Izquierda Unidad, de la cual fuimos parte con el MST marca el camino para salir de esta eterna estafa. También la heroica lucha del pueblo chubutense alimenta de esperanzas a los trabajadores y sectores populares para poder vencer una política fondomonetarista que solo puede profundizar el 40% de pobreza existente en el país. Continuar coordinando luchas en unidad, en las calles, va a continuar siendo la hoja de ruta para dejarle en claro al gobierno y la oposición de derecha que los fraudes no se pagan.

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