Este domingo se conoció la noticia de la trágica explosión en la cervecería Zar de San Miguel que terminó con la vida de Lucía Costa, una joven de 18 años y otras ocho personas heridas.
En la noche del viernes, ocurrió un estallido cuando una de las empleadas quiso recargar una antorcha que estaba colocada como centro de mesa con el fin de calefaccionar y decorar el ambiente. Las cámaras del local registraron el momento en el que la moza se acercó con un bidón de alcohol y se produjo el estallido que mató a Lucía.
Como consecuencia del fogonazo, sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo y por el cual quedaron fuertemente afectadas las vías respiratorias. Fue trasladada a un hospital local y luego derivada al Instituto del Quemado, donde murió después de dos paros cardiorespiratorios. Además, ocho chiques resultaron herides (tres se encuentran internades en grave estado). La familia de la joven fallecida denuncia abandono de persona, puesto que mientras se evacuaba el establecimiento nadie le brindó asistencia.
Una combinación mortal
Según la reglamentación, los bares y restaurantes sólo deben atender a clientes que pueden estar sentades, no superando dos personas a la vez y con distancia de dos metros con respecto a las otras mesas. Entonces, ¿por qué eran 9 en la mesa donde estaba Lucía? ¿Por qué estaba adentro del bar y no en el exterior? Acaso, ¿se podría haber evitado?
Durante las últimas horas, sin embargo, se filtró un audio del dueño del local. Sus palabas dejan mucho que desear. No solo minimiza la situación sino que además, culpa a los jóvenes de haber estado jugando con el alcohol. “Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso”, sintetizó el dueño.
Este hecho demostró una vez más esta combinación mortal de corrupción municipal y desidia empresarial tan presente en los municipios; donde locales son habilitados sin cumplir los protocolos correctamente ni tampoco habilitar una salida de emergencia para que este tipo de situaciones no terminen en tragedias.
A su vez, ¿es posible que Jaime Méndez, intendente del distrito, y sus funcionarios, no estuvieran al tanto del funcionamiento irregular del local? ¿Hubo controles previos que verificaran las salidas de emergencias? ¿O que estaban consumiendo dentro del local, sin distanciamiento social y en un espacio cerrado? ¿Cuántos más bares Zar hay dentro y fuera de San Miguel, habilitados y sin control?.
La responsabilidad en este caso, no es de la empleada como varios medios quieren reflejar, si no de los dueños que abrieron el local a sabiendas que estaban incumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas, junto con la falta de salidas apropiadas y sin contar con el matafuego reglamentario para todos los establecimientos gastronómicos. Todo esto junto con la responsabilidad de la municipalidad que no realizó los controles correspondientes o si los realizó miró para otro lado; sabemos que en nuestro municipio, son muchos los locales en condiciones de seguridad deplorables, donde la corrupción es moneda corriente.
Es la connivencia de un empresario inescrupuloso y de un Estado ausente y corrupto la que llevó a la muerte a Lucía. Por eso, acompañamos a la familia de Lucía y adherimos a la movilización convocada por la familia del día miércoles 14 de octubre a las 16 hs. Exigimos justicia por Lucía y cárcel a los responsables.
Iara Saldungaray