La Corte Suprema dejó inhabilitados los artículos que liberaron los precios de las prepagas del DNU 70/23.
El máximo tribunal de justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Milei que elimina los controles a los precios de la medicina prepaga por la falta de condiciones excepcionales que argumenten la necesidad y urgencia. De esta manera quedan dichos artículos sin efecto y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) volverá a revisar los valores y los aumentos de las cuotas. Este fallo es el primero que va contra un DNU del Gobierno.
Golpe a las prepagas
El fallo salió tras la apelación de una sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata por un amparo que realizó una afiliada de Swiss Medical contra la prepaga por los aumentos que aplicaron en la cuota luego de la implementación del DNU. El reclamo de la mujer partía del valor al que llegó su plan en febrero del 2024 cuando pasó de $136.161,21 a $301.218,02 aumentando un 110% con respecto a diciembre del 2023. En la primera instancia el amparo se rechazó pero esa decisión se revocó y se ordenó limitar las actualizaciones al Índice de Precios al Consumidor.
La Corte Suprema actuó por la apelación que hicieron tanto Swiss Medical como el Estado Nacional por la anulación de los artículos del DNU que liberan los precios de las coberturas médicas privadas. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por su parte confirmaron parcialmente la decisión del tribunal anterior, con la declaración de la inconstitucionalidad del decreto pero sin limitar los aumentos a la inflación que mide el INDEC.
Las medicinas prepagas fueron unas de las grandes ganadoras con el DNU que Milei lanzó el 20 de diciembre del 2023. Las mediciones sobre el aumento de las cuotas reportan subas del 417% al casi 500% en lo que va de mandato del Gobierno libertario superando con creces la inflación general. Un informe del instituto Argentina Grande reveló según datos de la SSS que 1.246.285 personas dejaron de tener cobertura privada. Además otros sondeos aseguran que el 56% de los afiliados bajaron su plan o evaluaron hacerlo por el aumento de las cuotas. Un reflejo de un modelo de salud privatizado y elitista, orquestado por Milei y el Ministro Lugones, que garantiza atención de calidad solo a quienes pueden pagarlo a favor de los dueños de las clínicas y las prepagas mientras el resto solo pueden acceder al sistema público cada vez más colapsado y con menos recursos por el ajuste permanente a los hospitales públicos.
Reves de la Corte
Por primera vez el máximo órgano judicial decidió fallar en contra de la principal arquitectura legal que tiene el Gobierno para aplicar su plan de ajuste, desguace y entrega. La Corte había quedado muy cuestionada por el fallo que anuló la Ley de Tierras después del proceso de movilización por la soberanía nacional que marcó la jornada del 6 de agosto en Congreso y todo el país. No duró mucho el avance sobre la ley que limita la venta del territorio nacional de a capitales extranjeros porque rápidamente dieron marcha atrás por el gran rechazo social que generó la resolución judicial y el problema político en el que hundió al gobierno que venía de retirar el capítulo de la desregulación de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Ahora toman por primera vez una medida que debilita el DNU. En un momento complicado para Milei y su entorno, por las derrotas que sufrieron sus aliados a nivel mundial, los índices negativos de la economía y el terreno complejo que tiene hacia las elecciones del año que viene, sin duda significa un problema más. Sin embargo esta Corte Suprema, profundamente corrupta, que se mueve en función del poder político y económico, que tiene un montón de causas cajoneadas contra el gobierno y sus decretos, expresa que de ninguna manera es un medio para frenar las medidas antipopulares del Gobierno. El decreto 70/23 aún continúa vigente con artículos que desregulan los alquileres, el comercio interior y abastecimiento, las rutas aerocomerciales, la minería y un montón de puntos más que benefician a los sectores más concentrados de la economía y perjudican a los trabajadores y mayorías sociales. Solo la movilización callejera y la organización popular podrán derribar la estructura de la motosierra.

