El Gobierno declaró de interés un proyecto de la firma francesa Huttopia para instalar campings premium en Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces. La iniciativa prevé inversiones de entre 3 y 5 millones de euros y apunta a un público de alto poder adquisitivo. Organizaciones, trabajadores y prestadores turísticos advierten sobre los riesgos ambientales, la exclusión de las economías locales y la transformación de los bienes comunes en enclaves comerciales.
El Gobierno de Javier Milei avanza con una nueva apertura de espacios públicos a los negocios privados. Esta vez, el foco está puesto en cuatro parques nacionales: Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces. La empresa francesa Huttopia presentó un proyecto para instalar campings de lujo o glampings en esas áreas protegidas, una iniciativa que ya fue declarada de interés por la Administración de Parques Nacionales.
El plan contempla una inversión estimada de entre 3 y 5 millones de euros y la apertura de hasta seis establecimientos en el país para 2030. La propuesta incluye alojamientos equipados, parcelas para acampar y servicios turísticos destinados, según la empresa, a ofrecer experiencias de contacto con la naturaleza.
La iniciativa se conoció luego de que Karina Milei mantuviera una reunión con directivos de Huttopia durante su viaje a París en octubre. El encuentro fue seguido por el anuncio oficial del proyecto, que ahora comienza a generar cuestionamientos en las comunidades y sectores vinculados a los territorios involucrados.
Aunque desde Parques Nacionales aclararon que la declaración de interés no equivale a una adjudicación y que cada emprendimiento deberá atravesar evaluaciones técnicas y un proceso licitatorio, la orientación política resulta evidente: abrir áreas protegidas a proyectos comerciales privados bajo el argumento de atraer inversiones y fortalecer el turismo.
Glamping para pocos en territorios de todos
Uno de los puntos que más preocupación genera está en Bahía Escondida, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Se trata de un lugar que históricamente fue utilizado por habitantes de la zona para acampar, pero cuyo acceso fue cerrado hace más de dos décadas por razones vinculadas al riesgo ambiental. Ahora aparece como posible ubicación de uno de los emprendimientos de Huttopia.
Desde la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate cuestionaron la falta de información y advirtieron sobre las consecuencias de instalar infraestructura de alojamiento dentro del área protegida. No se trataría solamente de colocar carpas: los emprendimientos requieren agua, energía, tratamiento de efluentes y servicios, con impactos potenciales sobre ecosistemas sensibles y riesgos adicionales de incendio.
También cuestionaron el perfil económico del proyecto. Según las referencias difundidas sobre la iniciativa, una carpa equipada en el área de Los Glaciares podría costar entre 100 y 190 dólares por noche. Un turismo de lujo que se instala en territorios públicos, pero que no necesariamente garantiza beneficios para quienes viven y trabajan en las localidades cercanas.
La preocupación es concreta: en lugar de fortalecer las economías regionales y los prestadores locales, el Estado podría terminar facilitando la instalación de enclaves privados dentro de áreas protegidas.
La rentabilidad por encima de la conservación
Los parques nacionales existen para proteger la biodiversidad y los ecosistemas, no para convertirse en plataformas de negocios. El turismo puede contribuir al desarrollo de las comunidades, pero eso no significa que cualquier inversión privada sea compatible con los objetivos de conservación.
La contradicción se vuelve más evidente si se observa la situación del propio organismo. Trabajadores denunciaron falta de vehículos, problemas de mantenimiento, carencias de equipamiento y salarios deteriorados. Mientras se promueven proyectos de alojamiento de lujo, quienes tienen a su cargo la protección cotidiana de las áreas protegidas advierten sobre el deterioro de las condiciones de trabajo y la falta de recursos.
El discurso oficial habla de eficiencia y nuevas inversiones, pero las necesidades de conservación y las condiciones laborales de quienes cuidan esos territorios siguen sin resolverse.
Capitales extranjeros y nuevas disputas por la tierra
El proyecto de Huttopia tampoco aparece aislado. En la Reserva Provincial Península de Magallanes, en Santa Cruz, existe otra iniciativa impulsada por capitales cataríes para construir 24 cabañas. Por el momento, ese emprendimiento permanece frenado en la Justicia.
La cercanía entre ambos proyectos y las gestiones políticas que los rodearon alimentaron las preocupaciones locales. En ese contexto, también se presentaron pedidos de informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo explique los alcances de las iniciativas, las condiciones de las posibles concesiones, las evaluaciones ambientales y las garantías de participación para prestadores regionales.
La discusión se conecta con una política más amplia sobre la tierra y los bienes comunes. La flexibilización de las regulaciones, la promoción de inversiones extranjeras y la apertura de territorios a la explotación comercial forman parte de una orientación que pone en tensión la soberanía sobre espacios estratégicos y la protección ambiental.
Los parques nacionales no son un negocio inmobiliario
El Gobierno presenta estas iniciativas como una oportunidad para atraer inversiones y ampliar la oferta turística. Pero la pregunta fundamental es quién decide el destino de los parques nacionales y bajo qué criterios.
La conservación ambiental no puede quedar supeditada a la capacidad de generar ingresos ni a las expectativas de rentabilidad de una empresa. Tampoco alcanza con invocar el turismo sustentable si no se garantizan estudios ambientales rigurosos, controles públicos, participación de las comunidades y beneficios concretos para las economías regionales.
Los parques nacionales son patrimonio colectivo. Su protección requiere presupuesto, trabajadores con salarios dignos, infraestructura pública y políticas de conservación, no el reemplazo de esas responsabilidades por negocios privados destinados a consumidores de altos ingresos.
En nombre de las inversiones, el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa una concepción del territorio como mercancía. Frente a esa orientación, es necesario defender los bienes comunes, el acceso público y la participación de las comunidades en las decisiones sobre su propio entorno.
La naturaleza no puede convertirse en un lujo reservado para quienes pueden pagarlo. Los parques nacionales deben seguir siendo espacios de conservación y patrimonio de toda la sociedad, no enclaves comerciales para grupos empresarios extranjeros.


