Cristian Pereyra era docente en escuelas de La Matanza, tenía 39 años y era padre de una niña de 3. En la madrugada del 15 de marzo, mientras trabajaba como chofer para una aplicación, fue asesinado por Matías Vizgarra, un policía bonaerense de 23 años que viajaba como pasajero. Matías lo acribilló por la espalda con su arma reglamentaria.
Cristian formaba parte de una realidad laboral cada vez más extendida y naturalizada en Argentina y que se agudizó en el último tiempo. Tenía tres trabajos: era docente en tres escuelas provinciales, realizaba reparaciones mecánicas en su domicilio y, por las noches, trabajaba como chofer con su auto para la aplicación DiDi. Según contaron sus hermanas, quienes encabezan el pedido de justicia, estaba juntando dinero para renovar el alquiler. Este tipo de realidades se multiplican a lo largo y ancho del país.
El asesinato de Cristian no solo expone la responsabilidad del Estado frente a las condiciones de precarización laboral, sino también la negligencia y la corrupción de sus instituciones, incluidas las fuerzas de seguridad. El mismo Estado que debería garantizar ingresos dignos para docentes como Cristian es el que otorga autoridad y un arma a personas como Matías Vizgarra, agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), una fuerza especial de despliegue rápido y acción táctica donde prestaba servicio en la base «Puente 12».
A su vez, el caso obliga a poner bajo la lupa los mecanismos de evaluación y selección de quienes ingresan a las fuerzas de seguridad: ¿quiénes pueden formar parte de ellas? ¿Qué evaluaciones y análisis deben superar? ¿Cómo se los supervisa y qué sucede cuando un agente es acusado de cometer un delito?

La familia de Cristian denunció varias irregularidades en la investigación. Sus hermanas señalaron contradicciones entre las versiones de los efectivos involucrados y denunciaron maniobras de entorpecimiento y obstrucción de la causa. También relataron situaciones que consideraron intimidatorias, como la presencia de patrulleros cerca de su domicilio.

La causa fue elevada a juicio oral por decisión del Juzgado de Garantías N.º 5 de La Matanza, a cargo de Gustavo Banco. La fiscalía, encabezada por Adrián Arribas, solicitó que Vizgarra sea juzgado por homicidio agravado y robo agravado por el uso de arma de fuego, delitos por los que podría recibir prisión perpetua. El juicio comenzará el 25 de noviembre de 2026 ante el Tribunal en lo Criminal N.º 1 del Departamento Judicial de La Matanza.
¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza en nombre del Estado? ¿Y quién responde cuando las propias instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía quedan bajo sospecha? Justicia por Cristian Pereyra.

