El juez Ariel Lijo pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que informe sobre el estado de la concesión del predio. La licitación acumula denuncias, impugnaciones, oferentes que se retiraron y plazos prorrogados. Mientras tanto, el parque público sigue siendo utilizado para espectáculos privados, sin que esté claro bajo qué condiciones ni adónde van los ingresos.
La novela de la concesión de Tecnópolis suma un nuevo capítulo. Esta vez, fue la Justicia la que tuvo que preguntar qué está pasando con el proceso licitatorio que el Gobierno puso en marcha para entregar la explotación del predio a manos privadas. El juez federal Ariel Lijo solicitó explicaciones a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), después de meses de falta de información pública sobre una licitación que acumula cuestionamientos.
La causa investiga presuntas irregularidades en el procedimiento, que comenzó durante la gestión de Manuel Adorni al frente de la AABE y quedó envuelto en denuncias por posible direccionamiento. La propia agencia tardó en responder al requerimiento judicial y terminó aportando datos que, en buena medida, ya podían consultarse en el portal oficial de contrataciones.
Una transparencia tan limitada que hasta los tribunales tuvieron que golpear la puerta para conocer el estado de un negocio que involucra un espacio perteneciente al Estado nacional.
Una licitación con demasiados interrogantes
Actualmente, el procedimiento se encuentra en una segunda etapa de evaluación de ofertas. Según la información remitida al juzgado, continúan en carrera dos propuestas: la unión de Buenos Aires Arena y Publirevistas —esta última vinculada mayoritariamente al Grupo La Nación, de la familia Saguier— y Perfeta Producciones, ligada a Fénix Entertainment.
En el camino quedó el consorcio integrado por DirecTV Argentina y Torneos y Competencias, vinculado a la familia Werthein, que decidió retirarse en medio de las denuncias sobre posibles triangulaciones de fondos y contratos estatales con la consultora +Be, creada por Bettina Angeletti, esposa de Adorni.
Por su parte, Perfeta Producciones presentó una impugnación contra el dictamen de preselección. La empresa cuestionó las objeciones contables y tributarias que recibió, los plazos que le otorgaron para responder y la falta de comunicación adecuada de esas observaciones. Además, se le exigió regularizar obligaciones vinculadas a la extensión de los plazos de la licitación.
El proceso, que debía avanzar con reglas claras y condiciones conocidas por todos los participantes, terminó convertido en una sucesión de modificaciones, reclamos y explicaciones pendientes.
El parque público como negocio privado
Pero el problema no termina en las irregularidades administrativas. Mientras se demora la definición de la concesión, Tecnópolis continúa siendo utilizado para organizar espectáculos privados. Entre ellos, se anunciaron tres presentaciones del cantante Anuel AA para diciembre, con entradas que van desde los 115.000 hasta los 400.000 pesos para los sectores VIP.
La situación abre preguntas elementales: si el predio debía quedar a disposición del proceso de concesión, ¿bajo qué condiciones se siguen realizando estos eventos? ¿Qué productoras organizan los recitales? ¿Quién autoriza el uso de las instalaciones? Y, fundamentalmente, ¿adónde van los ingresos que genera un espacio que todavía pertenece a todos los argentinos?
El Centro de Investigación en Audio y Música (CIAM), parte del patrimonio del predio, también quedó en el centro de los cuestionamientos por su desmantelamiento. El vaciamiento de instalaciones y la pérdida de infraestructura pública muestran que la discusión no es solamente quién se queda con la concesión, sino qué se destruye o se abandona en el camino.
La motosierra también tiene beneficiarios
El caso de Tecnópolis expresa una orientación política que va mucho más allá de una licitación. Bajo el discurso de achicar el Estado y terminar con el supuesto gasto innecesario, el Gobierno avanza sobre espacios públicos que podrían cumplir funciones culturales, educativas, científicas y recreativas. En lugar de fortalecerlos y garantizar su acceso popular, los convierte en oportunidades de explotación comercial.
La contradicción es evidente: el Estado se retira de sus responsabilidades, pero no necesariamente de los negocios. Se desarma infraestructura, se reduce la capacidad pública y se abre el camino para que grupos empresarios disputen la explotación de un predio construido con recursos de toda la sociedad.
Las denuncias y las investigaciones judiciales deberán determinar si existieron delitos y responsabilidades concretas. Pero hay una cuestión política que ya está a la vista: Tecnópolis no puede ser tratado como un botín para repartir entre empresas amigas o grupos económicos con capacidad de lobby.
La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de la licitación, los contratos, los ingresos y el destino de cada peso generado en el predio. Si el Gobierno habla de transparencia y eficiencia, debería empezar por explicar qué está haciendo con uno de los espacios públicos más importantes del país.
Tecnópolis fue construido con fondos públicos y debe estar al servicio de la sociedad. No para que, detrás de la motosierra y los discursos contra el Estado, unos pocos hagan negocios con lo que es de todos.

