Los expedientes secretos de la ciencia incómoda. Del espionaje a Carrasco, a la exoneración geopolítica de Aparicio 

Cables de la Embajada de EE. UU., filtraciones de Wikileaks, lobby alemán y desregulación acelerada. Cuando la ciencia argentina descubre que el glifosato habita en las células de su población, el castigo no se define en un sumario local: responde a un engranaje geopolítico que transforma al Estado en el gendarme de las empresas extranjeras. Una radiografía sobre el disciplinamiento científico, con el mapa completo de las aprobaciones y desregulaciones que lo hicieron posible. 

Por Laura De Natale

La memoria colectiva suele ser frágil, domesticada por la inmediatez. Si hoy se le pregunta a un ciudadano promedio quién fue el Dr. Andrés Carrasco, el silencio ganará la partida. Sin embargo, su nombre es el cimiento de una categoría ética fundamental: la Ciencia Digna. Recordar a Carrasco hoy no es un ejercicio de nostalgia; es una clave geopolítica obligatoria para entender por qué la reciente, violenta e histórica exoneración de la Dra. Virginia Aparicio por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) —la primera expulsión definitiva e inhabilitación perpetua en 70 años de historia del organismo, formalizada el 26 de octubre de 2026 mediante la Resolución Nº 366— no responde a un mero “tecnicismo administrativo”, sino a un libreto global escrito por capitales extranjeros que operan por encima de la soberanía nacional. 

El primer grito y el espionaje de la Embajada (2009-2011) 

En 2009, el Dr. Andrés Carrasco pateó el tablero del agronegocio mundial. No era un militante improvisado: era un médico genetista de renombre internacional, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y ex-presidente del CONICET. Al demostrar en laboratorio que el glifosato —el herbicida estrella de la multinacional estadounidense Monsanto— causaba severas malformaciones genéticas y neuronales en embriones, Carrasco cometió un pecado imperdonable para el poder: llevar los datos directamente a las escuelas y pueblos fumigados antes de que la burocracia científica los enterrara. 

Esa decisión no fue un capricho metodológico. Carrasco sostenía que la ciencia no es neutra y que los tiempos de la publicación académica podían sepultar una alerta sanitaria urgente mientras el veneno seguía corriendo por las acequias del interior. En abril de 2009 adelantó los resultados preliminares a la prensa. La respuesta del establishment fue inmediata: abogados de la Cámara de Fertilizantes (CASAFE) irrumpieron en su laboratorio, siguieron amenazas telefónicas y una campaña de desprestigio que llegó a negar la existencia misma del estudio. La publicación formal llegó en agosto de 2010: Chemical Research in Toxicology, de la American Chemical Society, documentó microftalmia, microcefalia, ciclopía, malformaciones craneofaciales y acortamiento del tronco embrionario en concentraciones hasta 5000 veces menores que las del producto comercial. 

Pero la verdadera dimensión del enemigo se conoció en marzo de 2011. Gracias a las filtraciones globales de Wikileaks, salieron a la luz cables diplomáticos secretos de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Fue el periodista de investigación Darío Aranda quien desnudó el entramado: la inteligencia norteamericana, operando como brazo directo de lobby para Monsanto, había montado un seguimiento sobre Carrasco. El cable de julio de 2009 calificaba el estudio de “no creíble científicamente” porque no había sido refrendado por una publicación y, para contrarrestar lo que llamó una “campaña de la prensa pro-gobierno” —en referencia a la cobertura de Página/12 y a la investigación ordenada por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner—, entregó al SENASA estudios propios favorables al glifosato. La corporación estaba aterrada ante la posibilidad de que el hallazgo hiciera caer las acciones de la soja RR en los mercados globales. 

Carrasco enfrentó a la bestia en el pico histórico de su impunidad global, seis años antes de que la OMS declarara al glifosato como “probable carcinógeno”. Las amenazas, las patotas sindicales que lo agredieron físicamente en Chaco y el aislamiento institucional —incluida la deslegitimación pública de su trabajo por parte del entonces ministro de Ciencia, Lino Barañao, y el bloqueo de su promoción en el CONICET— debilitaron severamente su salud. Carrasco murió de un infarto en mayo de 2014, asfixiado por un sistema que le cobró con la vida el haberse enfrentado a la geopolítica del veneno. 

La evolución del método: del cable secreto al cortocircuito transnacional (2023-2026) 

Quince años después, la matriz se repite de forma quirúrgica, pero con un componente geopolítico aún más complejo. En 2018, la corporación alemana Bayer completó la compra de Monsanto, trasladando el eje del lobby del glifosato de San Luis a Leverkusen. En ese nuevo escenario, la Dra. Virginia Aparicio, científica del INTA-Balcarce, asumió la coordinación en Argentina del Proyecto SPRINT, un consorcio científico internacional financiado por la Unión Europea con 14 millones de euros y coordinado por la Universidad de Wageningen. 

Aquí se produce el gran cortocircuito geopolítico del caso contemporáneo: 

  1. La paradoja europea: Mientras la Unión Europea financia estudios millonarios para evaluar el impacto de los plaguicidas porque debate internamente la prohibición del glifosato en su propio territorio, los países periféricos del Sur Global —como Argentina— funcionan como sus laboratorios de externalización y proveedores de materias primas baratas producidas bajo ese mismo paquete tecnológico. 
  1. El dato intolerable: La investigación de Aparicio no se quedó en las probetas; midió el impacto epidemiológico en el territorio pampeano. Los resultados fueron devastadores para el relato corporativo: glifosato en el 86% de las muestras de orina y en el 100% de las muestras de materia fecal de las personas analizadas en el sudeste bonaerense, frente a un 35% y un 71% respectivamente en los sitios europeos del mismo estudio. Un cóctel de decenas de plaguicidas apareció en el aire, la tierra y la sangre de la población. 

Cuando Aparicio intentó divulgar que los cuerpos de los argentinos estaban colonizados por los químicos de las multinacionales extranjeras, la maquinaria se activó. Pero a diferencia de Carrasco, a quien se atacó mediante el escándalo público, a Aparicio se la ejecutó mediante la burocracia silenciosa. En junio de 2023, las autoridades del INTA le ordenaron suspender la reunión en la que pensaba devolver los resultados a los voluntarios que habían donado su sangre y su materia fecal. Seis meses después, el organismo retiró a Argentina del proyecto y abrió un sumario con ocho imputaciones que incluían el “envío de muestras al exterior sin firmas jerárquicas” y “errores administrativos”. El procedimiento se extendió casi tres años y culminó en la exoneración perpetua. 

Las constantes de una soberanía científica tutelada 

El hilo rojo que une a Andrés Carrasco con Virginia Aparicio deja al desnudo tres certezas sobre cómo opera el poder de las multinacionales de capital extranjero en la ciencia argentina: 

El desvío procedimental como estrategia. Ante la contundencia de las evidencias médicas y ambientales, las corporaciones nunca debaten los datos científicos porque perderían el debate. Obligan al Estado a discutir los “protocolos”. A Carrasco lo persiguieron por “no validar sus estudios en los tiempos editoriales tradicionales”; a Aparicio la echan bajo la acusación de “enviar muestras biológicas al exterior sin firmas jerárquicas”. El objetivo geopolítico es idéntico: que la sociedad hable de las formas burocráticas y no de las sustancias que corren por su sangre. 

La impunidad transnacional. Los gobiernos pasan, los signos políticos cambian, pero el modelo agroexportador dependiente de las divisas de las multinacionales (Bayer, Syngenta, Corteva, Cargill) es una política de Estado intocable. Quien ose ponerle números científicos al costo humano de esas divisas se convierte en un enemigo de la seguridad financiera del país. El apéndice de esta nota lo documenta período por período: desde la aprobación express de la soja RR en 1996 hasta la desregulación de fitosanitarios de 2025, ningún gobierno priorizó la salud poblacional sobre el negocio. 

El disciplinamiento por diseño. El castigo a Aparicio es un mensaje de diseño geopolítico. Si la inteligencia de EE. UU. buscaba que ningún científico saliera de los claustros a las escuelas rurales a alertar sobre Monsanto, la exoneración perpetua que el INTA le impuso a Aparicio busca que ningún investigador público del Cono Sur vuelva a firmar un informe que ponga en riesgo la renovación de las licencias comerciales de las empresas químicas europeas o americanas. Y el contexto lo profundiza: el Decreto 462/2025 le quitó la autonomía al INTA, el SENASA desreguló el registro de agroquímicos y un grupo interministerial evitó fijar distancias de fumigación. La exoneración de Aparicio no es un hecho aislado: es la pieza visible de un desmantelamiento más amplio de la capacidad estatal de producir y usar evidencia científica sobre el daño sanitario del modelo agroexportador. 

El fin de la neutralidad 

Andrés Carrasco solía repetir una máxima que hoy cobra una vigencia escalofriante: “No hay tecnología neutra, ni ciencia neutra. O se está con las corporaciones, o se está con los pueblos”. Su muerte bajo el manto del ninguneo estatal fue un triunfo momentáneo del lobby transnacional. 

Hoy, la figura de Virginia Aparicio nos obliga a desenterrar los cables de Wikileaks, a reivindicar la vigencia de las crónicas territoriales de periodistas como Darío Aranda y a entender que la ciencia de un país soberano no puede ser el felpudo donde las corporaciones extranjeras limpian sus residuos biológicos. Olvidar a Carrasco fue el prólogo que le permitió al sistema avanzar sobre Aparicio. Recordarlos juntos, entender el mapa de su persecución global, es el único camino para que la ciencia argentina vuelva a pertenecer a su sociedad y no a las casas matrices del extranjero. 

Apéndice corregido: el hilo rojo de las aprobaciones, desregulaciones y vaciamientos (1996-2026) 

1996 — Menem: la soja RR en menos de tres meses. El 25 de marzo de 1996, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167/96 que aprobó la soja resistente al glifosato de Monsanto. El trámite duró menos de tres meses y se basó casi exclusivamente en estudios proporcionados por la propia empresa. El glifosato ya estaba aprobado desde 1977, pero fue la soja RR la que lo convirtió en el herbicida más usado del país. 

2009-2015 — Cristina Fernández de Kirchner: la deslegitimación interna. En 2009, el ministro de Ciencia Lino Barañao calificó el trabajo de Carrasco como “preliminar” y “no contrastado en un panel técnico”. Ese mismo año, el CONICET —presidido por Roberto Salvarezza, propuesto por Barañao— bloqueó la promoción de Carrasco. En 2012 se aprobó la soja Intacta RR2 Pro, sucesora de la primera RR. La reacción oficial ante el hallazgo de Carrasco —la investigación ordenada por el Ministerio de Salud— fue leída por la Embajada de EE. UU. como una “campaña de prensa pro-gobierno” y contrarrestada con lobby directo al SENASA. 

2018 — Macri: el intento de fumigar sin distancias. En julio de 2018, cuatro ministros —Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria)— presentaron lineamientos para aplicaciones de fitosanitarios que no fijaban distancias mínimas de protección para glifosato, 2,4-D y atrazina, no abordaban efectos crónicos y proponían que los privados controlaran las aplicaciones. El rechazo social y científico frenó el intento. 

2020 — Alberto Fernández: el trigo transgénico pese a los científicos. A principios de octubre de 2020, la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía aprobó el trigo HB4 resistente a la sequía, desarrollado por Bioceres con el CONICET y la UNL. Más de 1000 científicos del CONICET y de 30 universidades públicas firmaron una carta abierta pidiendo cancelar la autorización. El entonces ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, se expresaron a favor. 

2025-2026 — Milei: el desmantelamiento integral. En julio de 2025, el Decreto 462/2025 le quitó al INTA su autarquía y autonomía funcional y financiera, lo transformó en organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura y reemplazó su conducción tripartita por un presidente designado por el Ejecutivo y un Consejo Técnico con mayoría del sector agropecuario. Entre diciembre de 2023 y finales de 2025, el INTA perdió 800 puestos de trabajo, el 12% de su planta. El plan de desmantelamiento incluye la venta de 42.000 hectáreas, el cierre de 11 centros regionales y la supresión de 293 Agencias de Extensión Rural. En noviembre de 2025, la Resolución 843/2025 del SENASA reemplazó el régimen de registro de fitosanitarios por declaración jurada, aceptó ensayos internacionales, eliminó el requisito de director técnico y amplió los países habilitados para importaciones. En octubre de 2026, un Grupo de Trabajo Interministerial sobre fitosanitarios no mencionó al glifosato, no habló de prohibición y no fijó distancias para zonas de amortiguamiento. Ese mismo mes, el INTA exoneró a Aparicio. 

El patrón. Ningún gobierno, de signo político alguno, priorizó la salud poblacional sobre el modelo agroexportador. La diferencia entre períodos no es de orientación, sino de método: en algunos momentos el disciplinamiento fue mediático y en otros burocrático; en algunos la resistencia social frenó los avances y en otros el vaciamiento institucional la hizo imposible. 

Referencias consultadas 

Sobre Carrasco, Wikileaks y el lobby de la Embajada de EE. UU. 

  • Aranda, Darío. “Mostraron cómo actúa el poder”. Página/12, 10 de marzo de 2011. Cobertura original de los cables de Wikileaks sobre el lobby de la Embajada de EE. UU. a favor de Monsanto y el seguimiento a Carrasco . 
  • Aranda, Darío. “El científico Andrés Carrasco, sobre las revelaciones de Wikileaks en torno del glifosato”. Página/12, marzo de 2011. Reproducido en Redaf . 
  • Tesis de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, sobre la relación entre Carrasco y Aranda, con detalles del contexto de la publicación anticipada en 2009 y la reacción de CASAFE . 

Sobre Virginia Aparicio y el Proyecto SPRINT 

  • Porto, Eduardo. “Con una causa armada, el Gobierno echó del INTA a la científica Virginia Aparicio por detectar agroquímicos en personas y ambientes”. InfoGremiales, 26 de octubre de 2026. Detalle de la Resolución 366 y las imputaciones . 
  • “El INTA ‘fumigó’ a Virginia Aparicio y la segregó de investigar los agrotóxicos en el Estado”. ERA Verde, 25 de octubre de 2026. Contexto del proyecto SPRINT y la suspensión de la devolución de resultados . 
  • “El INTA libertario exoneró a la investigadora de Balcarce experta en agroquímicos: con qué argumentos”. Infocielo, 26 de octubre de 2026. Argumentos formales de la resolución . 
  • “En Argentina, despiden a científica que estudió el impacto de los agroquímicos”. La Nación (agencia), 3 de noviembre de 2026. Datos comparativos Argentina-Europa (86% orina, 100% materia fecal en Argentina; 35% y 71% en Europa) y declaraciones de Aparicio . 
  • “El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que estudió el efecto de los plaguicidas”. Cba24n, 26 de octubre de 2026 . 
  • “Virginia Aparicio, despedida del INTA por investigar los agrotóxicos”. Izquierda Socialista, 3 de noviembre de 2026 . 
  • “En su último día en el INTA, Aparicio avisó que irá a la Justicia”. Tiempo Argentino, 2 de noviembre de 2026. Detalle de la Resolución 1081/2023 que retiró a Argentina del SPRINT y la cronología del sumario . 
  • “Censura a la ciencia en Argentina: INTA despide a investigadora de agrotóxicos”. teleSUR, 26 de octubre de 2026. Contexto del desmantelamiento del INTA bajo el gobierno de Milei . 

 

Referencias complementarias del apéndice 

1996 — Menem: aprobación de la soja RR 

  • Biodiversidad en América Latina (2026): “El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem… La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas”.
  • Acopiadores de Córdoba (2021): confirma que en marzo de 1996, durante el gobierno de Menem, el secretario de Agricultura Felipe Solá autorizó la producción y comercialización de la soja 40-3-2 tolerante al glifosato.

2018 — Macri: intento de regular las distancias de fumigación 

  • La fuente original de este punto (la cobertura del intento de cuatro ministros en julio de 2018 de no fijar distancias mínimas de fumigación) proviene de la búsqueda en nuestra conversación anterior; en esta ronda de búsqueda no se encontró una cobertura periodística directa de ese evento específico. Recomiendo mantener la redacción actual del apéndice y citar la fuente original tras una verificación adicional. 

2020 — Alberto Fernández: aprobación del trigo transgénico HB4 

  • Radio Nacional (2020): “El Gobierno nacional aprobó ayer el uso de tecnología HB4 para el cultivo de trigo transgénico con tolerancia a la sequía… el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, junto con el CONICET, la empresa Bioceres, y la Universidad Nacional del Litoral, anunciaron… que se recibió la aprobación regulatoria por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”.
  • Letra P (2020): detalla el proceso de lobby y las divisiones internas dentro del gabinete de Macri; menciona que el ministro de Ciencia Salvarezza fue clave para la aprobación.

2025 — Milei: Decreto 462/2025 despoja al INTA de su autonomía 

  • Proyecto de Declaración de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina (2025): “El decreto 462/25 dispone en el artículo 59 la transformación del INTA en un mero organismo desconcentrado, restándole su autonomía y autarquía administrativa… bajo la órbita de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, comandado por un Presidente, en lugar del Consejo Directivo”.
  • Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (julio de 2025): el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez afirmó que “El decreto de Milei viene a destruir el INTA”.

Noviembre de 2025 — Resolución 843/2025 del SENASA 

  • Sitio web oficial del Gobierno de Argentina (noviembre de 2025): “El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 843/2025… Los establecimientos elaboradores y las empresas podrán iniciar sus actividades mediante la presentación de una Declaración Jurada… Se aceptarán ensayos realizados en laboratorios nacionales o extranjeros que acrediten Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)… Se elimina la exigencia del director técnico… se admitirá la importación de productos registrados y comercializados en los países de alta vigilancia, ahora ampliado con Suiza, Noruega y Liechtenstein” .
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