La visita del Papa León XIV reactivó el debate sobre la ludopatía juvenil y la regulación de las apuestas online. Mientras el Gobierno de Milei mantiene frenado un proyecto que limita la publicidad y los patrocinios deportivos, distintas fuerzas políticas tienen responsabilidades en la expansión del negocio. No alcanza con regularlo: hay que terminar con los negociados y recuperar el deporte para las mayorías.
Una visita que reabrió el debate
La visita del Papa León XIV a la Argentina volvió a poner en agenda una problemática que crece entre adolescentes y jóvenes: las apuestas online. El reclamo de la Iglesia para que el Senado trate una ley de prevención de la ludopatía coincidió con el anuncio de algunos senadores libertarios de impulsar el debate, después de casi dos años de demora.
La discusión no es menor. Detrás de las plataformas que aparecen en las redes sociales, las camisetas de fútbol y las transmisiones deportivas hay un negocio millonario que se expandió con la habilitación estatal, la publicidad permanente y el acceso cada vez más sencillo desde cualquier celular. Y mientras sus empresas multiplican ganancias, miles de jóvenes quedan expuestos a una actividad que puede derivar en endeudamiento, aislamiento y problemas de salud mental.
Un casino en el bolsillo
Las apuestas online transformaron el juego de azar en una práctica disponible las 24 horas. Ya no hace falta ir a un casino o a una agencia: alcanza con tener un celular y una cuenta en una plataforma. La publicidad en redes, las promociones, los bonos de bienvenida y los patrocinios deportivos contribuyen a naturalizar las apuestas como una forma más de entretenimiento.
La dimensión del problema quedó reflejada en un relevamiento de SEDRONAR: el 20,5% de los estudiantes secundarios declaró haber apostado online durante el último año. No se trata, entonces, de una preocupación abstracta ni de una conducta limitada a unos pocos casos.
El fenómeno no puede separarse de la crisis económica y social, la precarización de las condiciones de vida, la expansión de las tecnologías y los intereses de las empresas que lucran con el juego. En un contexto donde se deterioran las expectativas de futuro, las plataformas venden la ilusión de conseguir dinero rápido, mientras multiplican sus ganancias.
El problema no es solamente la conducta individual de quien apuesta. También hay responsabilidades empresariales y políticas: un modelo que convierte cada espacio de la vida cotidiana en una oportunidad de consumo y negocio.
Milei: socio del negocio
La Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2024 un proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. La iniciativa prohíbe la publicidad en medios, redes y plataformas digitales, así como los patrocinios de clubes, deportistas y competencias. También elimina los bonos de bienvenida, restringe el uso de tarjetas de crédito y establece controles de identidad y edad para impedir el acceso de menores.
Sin embargo, el proyecto quedó frenado en el Senado. La Libertad Avanza votó en contra de su dictamen de mayoría y el Gobierno no impulsó su tratamiento. En mayo de 2026, el Ejecutivo presentó una iniciativa propia, pero con un alcance mucho más limitado: se concentra en combatir a los operadores clandestinos y no avanza sobre la publicidad, los patrocinios ni las promociones de las plataformas habilitadas.
La diferencia no es técnica. Mientras el proyecto con media sanción busca poner límites a la exposición y a las herramientas de captación de clientes, la propuesta oficial deja afuera aspectos centrales del negocio legal.
Ahora, después del reclamo de la Iglesia y de la visita papal, algunos senadores libertarios anunciaron que quieren reabrir el debate. Pero el oficialismo no puede presentarse como preocupado por la salud de las infancias después de haber bloqueado una iniciativa más amplia y de impulsar otra que evita tocar intereses económicos.
La libertad que defiende el Gobierno vuelve a mostrar sus límites cuando se trata de poner freno a las ganancias empresariales. Para las plataformas, facilidades; para las familias y los jóvenes, respuestas insuficientes.
Un negocio que también construyeron otros gobiernos
La responsabilidad no termina en Milei. La expansión de las apuestas online es resultado de decisiones tomadas por distintas fuerzas políticas y administraciones provinciales.
Las primeras regulaciones en el país fueron aprobadas en 2018, durante los gobiernos de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. En los años siguientes, otras jurisdicciones avanzaron con sus propias normas. En Córdoba, el proyecto fue presentado en 2021 por Juntos por el Cambio, pero contó con los votos de Hacemos Unidos por Córdoba, el espacio del peronismo provincial.
Las regulaciones también establecieron cánones para los gobiernos provinciales, que oscilan entre el 8% y el 15% de las utilidades netas de las plataformas. Así, distintas administraciones encontraron una fuente de recaudación en una actividad que hoy dicen querer controlar.
Esto no significa que todas las fuerzas hayan tenido idénticas posiciones en el Congreso ni que sus responsabilidades sean intercambiables. Pero sí muestra que el negocio no nació con Milei ni puede explicarse solamente por las decisiones de su gobierno. Hubo gobiernos de distintos signos que habilitaron, regularon y obtuvieron ingresos de esta actividad.
Por eso, no alcanza con que el peronismo se presente ahora como oposición al oficialismo en esta discusión. Quienes gobernaron provincias y promovieron o acompañaron estas regulaciones también tienen que dar explicaciones. No se puede denunciar la ludopatía juvenil mientras se conserva un sistema que obtiene recursos de las apuestas.
La Iglesia, el Papa y la doble vara
El reclamo de la Iglesia para que se avance con una ley contra la ludopatía pone sobre la mesa un problema real. La gravedad que alcanzó el avance de las apuestas online entre niños y adolescentes es tal que incluso la jerarquía eclesiástica se ve obligada a pronunciarse. Sin embargo, señalar un problema urgente no convierte a la Iglesia en una autoridad moral incuestionable.
La Iglesia católica es una institución de poder, con una larga historia de alianzas con sectores dominantes y de intervención sobre los derechos y las libertades. Su jerarquía sostuvo posiciones contrarias al aborto legal, al matrimonio igualitario, a la educación sexual integral y a los derechos de las mujeres y las diversidades. También conserva privilegios económicos, fiscales e institucionales que deben ser discutidos.
Las denuncias de abusos y las responsabilidades de autoridades eclesiásticas frente a esos casos vuelven todavía más necesario cuestionar los mecanismos de poder, protección e impunidad dentro de la institución. No alcanza con señalar responsabilidades individuales cuando también hay que investigar las estructuras que permitieron esos hechos.
León XIV no está por fuera de esa institución: es su máxima autoridad. Sus declaraciones sobre la ludopatía pueden abrir una discusión necesaria, pero no borran la historia ni las posiciones políticas de la Iglesia que representa.
Respetamos la libertad de culto y las creencias individuales. Lo que rechazamos es que las jerarquías religiosas pretendan decidir sobre los derechos del conjunto de la sociedad o conserven privilegios especiales frente a un Estado que debería garantizar derechos sin distinciones. Iglesia y Estado deben estar separados.
El fútbol no puede ser una casa de apuestas
El deporte es uno de los principales vehículos de expansión de este negocio. Las casas de apuestas aparecen en camisetas, carteles, transmisiones y redes de clubes y deportistas. Su presencia permanente contribuye a instalar la idea de que apostar es parte natural de mirar un partido, seguir a un equipo o participar de la vida deportiva.
Los clubes no pueden ser utilizados como vidrieras de empresas que lucran con la ludopatía. Son instituciones sociales construidas por generaciones de socios, hinchas, deportistas y trabajadores, con una función que va mucho más allá del espectáculo y el negocio.
Pero discutir el modelo de fútbol exige ir más lejos que retirar los carteles de las casas de apuestas. También implica enfrentar el proyecto de privatización mediante las Sociedades Anónimas Deportivas que impulsa Milei y cuestionar la falta de transparencia, los manejos concentrados y el verticalismo de las actuales conducciones. Defender las asociaciones civiles no significa otorgarles un cheque en blanco a sus dirigentes.
Por un deporte popular y sin apuestas
Desde Periodismo de Izquierda sostenemos que no alcanza con administrar mejor el negocio de las apuestas ni con limitar algunas de sus formas de publicidad. Hay que terminar con la legalización que permitió su expansión, derogar las normas provinciales que habilitan el juego online y prohibir la publicidad y los patrocinios de estas empresas en el deporte.
También hace falta una política pública integral de prevención y atención de la ludopatía, con recursos para la salud y la educación, campañas de información y herramientas de acompañamiento para jóvenes y familias. La responsabilidad no puede recaer sobre quienes padecen el problema mientras las empresas y los gobiernos que habilitaron el negocio quedan al margen.
Nuestra propuesta es un deporte organizado alrededor de las necesidades populares, no de la rentabilidad de un puñado de empresarios. Clubes democráticos, con participación real de socios e hinchas, cuentas transparentes y control independiente. Recursos para el deporte amateur, las divisiones inferiores, el fútbol femenino y el acceso de las mayorías a la actividad física.
Ni negocios privados ni privilegios de las dirigencias. Ni apuestas como entretenimiento ni juventud convertida en mercado. El deporte es un derecho y debe estar al servicio de quienes lo practican y lo sostienen, no de quienes hacen ganancias con él.
