Tras la polémica por los contratos para organizar la visita de León XIV, el Gobierno salió a defender a Tech Security y Purgato, firmas vinculadas a familiares del presidente de Diputados. Adrián Ravier aseguró que Martín Menem ya no tiene relación con esas compañías, pero sus hermanos continúan como socios. Una denuncia judicial reclama investigar las contrataciones, los montos y los posibles conflictos de intereses.
Una adjudicación millonaria y demasiadas preguntas
La supuesta lucha de Javier Milei contra «la casta» vuelve a chocar con los negocios de una de las familias más cercanas al poder. Esta vez, el foco está puesto en Tech Security y Purgato, dos empresas vinculadas a los hermanos de Martín Menem que participaron de los servicios organizados para la visita del papa León XIV.
Ante las denuncias y las repercusiones públicas, el Gobierno salió a defender las contrataciones. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que Martín Menem dejó de integrar Tech Security en 2023 y que, desde su ingreso a la función pública, ya no tiene relación con la firma. Sin embargo, el argumento deja sin responder una cuestión central: sus hermanos siguen vinculados a las empresas y todavía no se conocen con precisión los contratos, los montos abonados ni las condiciones de las prestaciones.
La explicación oficial busca cerrar la discusión alrededor de una transferencia de acciones, pero el problema excede la participación formal del titular de la Cámara de Diputados. Se trata de empresas de su entorno familiar que aparecen vinculadas a contrataciones estatales y que ahora quedaron bajo la lupa por los servicios prestados durante un acontecimiento organizado con fondos públicos.
La polémica se originó en los gastos de organización de la misa y las actividades por la visita papal. El Gobierno adjudicó a DF Entertainment un contrato por $8.690 millones para la producción integral del evento. La contratación incluyó distintos servicios, entre ellos seguridad, limpieza, control de accesos y armado de espacios.
Según la denuncia presentada por la diputada Pagano en Comodoro Py, se realizaron seis procedimientos de contratación por urgencia que suman más de $20.350 millones. La legisladora cuestionó el mecanismo utilizado y pidió investigar por qué se recurrió a contrataciones directas en lugar de realizar licitaciones públicas con mayores garantías de transparencia.
En ese esquema aparece Tech Security, empresa de seguridad que confirmó su participación en el operativo. También fue señalada Purgato, dedicada a servicios de limpieza, aunque todavía debe esclarecerse si intervino efectivamente como subcontratista y bajo qué condiciones.
Un dato relevante es que los $8.690 millones fueron adjudicados a DF Entertainment por la producción integral. No hay que confundir ese monto con pagos directos a Tech Security o Purgato: cuánto recibió cada empresa y mediante qué contratación es precisamente parte de lo que debe investigarse.
La denuncia reclama que se incorporen los expedientes, las facturas, los contratos y la documentación de las empresas involucradas. Hasta ahora, la información pública no permite reconstruir de manera completa el circuito de pagos.
Los hermanos siguen en el negocio
La historia societaria de Tech Security explica por qué el descargo oficial no despeja las sospechas. Martín Menem fue socio de la empresa junto con sus hermanos. El 6 de diciembre de 2023 transfirió su participación accionaria a su hermano Adrián, un día antes de ser elegido presidente de la Cámara de Diputados.
Desde entonces, los registros societarios identifican entre los integrantes de la firma a Adrián y Fernando Menem, además de Pablo Ariel Vázquez. Es decir, la salida formal de Martín Menem no significó que la familia abandonara el negocio.
La otra empresa bajo observación es Purgato SA, dedicada a la limpieza institucional. Entre sus socios fundadores aparecen Fernando Menem y Pablo Vázquez, quienes también están vinculados a Tech Security. La relación entre ambas firmas y su eventual intervención en los servicios del operativo papal forman parte de los puntos que la denuncia busca esclarecer.
El caso tampoco aparece aislado. En julio de 2025, Tech Security fue preadjudicada con un contrato del Banco Nación por aproximadamente $3.933 millones para brindar servicios de vigilancia durante 24 meses, con posibilidad de renovación. La entidad informó que hubo cinco oferentes y que la propuesta de la empresa resultó la más económica para ese renglón. De todos modos, el antecedente vuelve relevante el seguimiento de los vínculos entre empresas familiares y contrataciones de organismos estatales.
La casta que Milei prometió combatir
El episodio vuelve a poner en cuestión uno de los principales relatos con los que Milei llegó al Gobierno: la promesa de terminar con los privilegios, los negociados y los vínculos entre política y negocios privados.
Mientras se aplica un ajuste sobre salarios, jubilaciones, universidades, hospitales y programas sociales, las contrataciones estatales por miles de millones de pesos requieren controles rigurosos y explicaciones públicas. No alcanza con invocar la urgencia de un acontecimiento ni con destacar que el operativo fue exitoso. La administración de fondos públicos exige transparencia, competencia y mecanismos que permitan conocer quiénes se benefician.
La defensa del Gobierno se concentra en afirmar que Martín Menem ya no es socio de Tech Security. Pero la pregunta política sigue en pie: ¿qué controles se aplicaron para evitar conflictos de intereses cuando empresas vinculadas a familiares de una de las principales autoridades del Congreso participaron de servicios contratados para un evento estatal?
La retórica libertaria contra la casta se enfrenta, una vez más, con los apellidos y los negocios que siguen circulando alrededor del poder. Para quienes padecen el ajuste, la pregunta es inevitable: mientras se exige sacrificio a las mayorías, ¿quién controla los contratos millonarios que se distribuyen desde el Estado?
