El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un reporte para que investigue posibles pagos indebidos, comisiones y fallas de control en las operaciones con las reservas de oro argentinas. La maniobra, realizada durante 2025, dejó un resultado negativo de más de mil millones de dólares, según la Auditoría General de la Nación. Luis Caputo y Santiago Bausili vuelven a quedar bajo la lupa.
Mil millones de dólares perdidos y explicaciones pendientes
El escándalo por las operaciones financieras con el oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo, esta vez en Washington. El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado financiero estadounidense, un reporte para que evalúe si tiene competencia para investigar posibles irregularidades en las operaciones con derivados de oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.
La presentación apunta a esclarecer quiénes fueron las contrapartes de las operaciones, qué comisiones se pagaron, quiénes intervinieron como intermediarios y si existieron pagos a funcionarios argentinos. El planteo se apoya en el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó un resultado negativo de US$1.023 millones en las operaciones vinculadas al oro.
La denuncia vuelve a poner en el centro de la escena al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Ambos tuvieron antecedentes laborales en Deutsche Bank, entidad señalada en las investigaciones periodísticas como una de las contrapartes de la operatoria.
El informe de la AGN sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025 registró pérdidas por US1.023 millones las operaciones financieras con el oro. De ese total US960,2 millones correspondieron al resultado negativo de opciones financieras y otros US$62,8 millones al pago de primas.
La magnitud del perjuicio obliga a preguntarse quién diseñó y autorizó las operaciones, qué entidades financieras participaron, cuáles fueron las condiciones pactadas y quiénes se beneficiaron con los contratos.
El Banco Central habría implementado una estrategia financiera conocida como collar: compró una cobertura para protegerse ante una eventual caída del precio del oro y, al mismo tiempo, vendió a bancos el derecho a comprar el metal a un precio determinado. Cuando la cotización internacional superó ese valor, el Central debió afrontar la diferencia en dólares.
El problema es que el oro registró una fuerte suba durante 2025 y la operación terminó generando un resultado negativo millonario. La presentación ante la SEC reclama que se conozca la estructura completa de los contratos, sus costos y los mecanismos de control utilizados.
Desde el Banco Central defendieron que la tenencia de oro tuvo una revaluación positiva durante ese período y que el resultado neto de la posición fue favorable. Sin embargo, el planteo de Dalbón sostiene que una ganancia contable por la suba del precio del metal no elimina la necesidad de explicar los dólares que efectivamente salieron de las reservas para liquidar las operaciones.
Deutsche Bank, Caputo y Bausili bajo la lupa
Uno de los puntos más delicados es la posible participación de Deutsche Bank como contraparte. La entidad financiera aparece mencionada en las investigaciones periodísticas sobre las operaciones, mientras que Caputo y Bausili trabajaron anteriormente en ese banco.
El reporte presentado en Washington solicita que se investigue si hubo comisiones, honorarios o pagos a intermediarios y si alguno de esos desembolsos pudo haber beneficiado a funcionarios extranjeros. También reclama que se revisen los registros contables y los controles internos de las instituciones involucradas.
La presentación recuerda que Deutsche Bank recibió en 2021 una sanción de la SEC por deficiencias en sus controles internos y registros contables vinculados con pagos a intermediarios relacionados con funcionarios extranjeros.
Dalbón aclaró que no afirma que hayan existido sobornos o comisiones ilegales, sino que reclama que se investigue y se conozca la documentación. La SEC deberá determinar si tiene jurisdicción para intervenir o si corresponde derivar la información a otras autoridades.
El oro argentino, entre el secretismo y los negocios financieros
El escándalo no comenzó con la pérdida registrada en 2025. Durante 2024, el Gobierno trasladó lingotes de oro del Banco Central al exterior y mantuvo bajo reserva buena parte de la información sobre su destino y utilización.
Las explicaciones oficiales sobre esos movimientos generaron cuestionamientos y contradicciones. En el Senado, Bausili sostuvo que parte del oro se encontraba en Suiza, depositado en el Banco de Pagos Internacionales. En cambio, investigaciones periodísticas señalaron que los lingotes estaban físicamente en el Banco de Inglaterra, en Londres, a nombre de esa institución internacional.
La falta de información pública sobre la ubicación, las garantías y las condiciones de las operaciones alimentó los reclamos de legisladores y organizaciones que exigen conocer qué se hizo con las reservas. La AGN también encontró dificultades para acceder a documentación vinculada con la operatoria.
En la Argentina, el caso ya tiene una investigación judicial. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó documentación a la AGN y al Banco Central para reconstruir quiénes tenían facultades para decidir sobre las reservas, cómo se aprobaron los contratos y si existieron directivas o intercambios con el Ministerio de Economía.
Las reservas públicas no pueden ser una caja negra
La política económica de Milei y Caputo presenta la administración de las reservas como una cuestión técnica, reservada a especialistas y operadores financieros. Pero cuando las operaciones comprometen miles de millones de dólares y terminan con pérdidas superiores a los mil millones, la discusión deja de ser exclusivamente técnica: se trata del patrimonio público y de la responsabilidad de quienes lo administran.
Mientras el Gobierno exige sacrificios a trabajadores, jubilados, universidades y sectores populares en nombre del equilibrio fiscal, las operaciones con el oro argentino dejan interrogantes sobre el manejo de las reservas y la transparencia de los negocios financieros.
No alcanza con invocar ganancias contables ni con refugiarse en el secreto bancario. Es necesario conocer los contratos, las entidades participantes, los costos, las comisiones y las decisiones políticas que habilitaron estas operaciones. El oro pertenece al patrimonio público, no a los funcionarios ni a los bancos que hacen negocios con él.
La investigación en Washington y la causa judicial en la Argentina deberán determinar si hubo irregularidades y quiénes son responsables. Lo que ya está documentado es una pérdida de US$1.023 millones que exige explicaciones.
