Frente a los femicidios no alcanza con denunciar, no alcanza con una orden de restricción. Necesitamos políticas reales de prevención, protección y asistencia. Ante al feminicidio de Nancy, se interpelan otras cuestiones mucho más profundas. Las responsabilidades del Estado, de los gobiernos y de las instituciones quedan expuestas. Y también queda en evidencia la vulnerabilidad de nuestras vidas como mujeres, pero también como trabajadoras. Muestra la precarización absoluta de la educación en el sistema capitalista, una precarización que no solo recorta recursos, cargos, aprendizajes, sino que se lleva nuestras vidas trabajando. Justicia por Nancy Godoy es también discutir los limites del sistema capitalista y la necesidad de una nueva sociedad.
El feminicidio de una maestra
El feminicidio de Nancy Godoy, la docente rural correntina de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no podemos naturalizar: la violencia machista sigue cobrándose vidas, está institucionalizada y es de clase.
El femicidio es el asesinato de una mujer cometido por un varón debido a su género (es decir, por ser mujer). La antropóloga Marcela Lagarde acuño un termino mas profundo, un concepto que hoy es adoptado por el feminismo y amplía la mirada sociológica y política. No solo describe el asesinato de una mujer por razones de género, sino que además señala situaciones donde se evidencia la impunidad estructural, las fallas institucionales y la omisión o inacción del Estado (por ejemplo, cuando no se investigan denuncias previas, no se protegen a las víctimas o el sistema judicial falla). En este sentido, se considera una problemática social y de responsabilidad estatal, y en ese caso se lo denomina feminicidio. Sin lugar a dudas el caso de Nanci muestra todas estas impunidades juntas.
Los datos difundidos recientemente sobre femicidios en Argentina son estremecedores. Según el informe presentado en la publicación de Enterate Noticias, el 75% de los agresores tenía una orden de restricción. Pero apenas el 12% de las víctimas había denunciado a su agresor y el mismo porcentaje contaba con botón antipánico. Además, el 29% de los femicidas convivía con la víctima. Entre los agresores, el 31% se dio a la fuga y el 16% continúa prófugo. En una década, el país acumuló 3.231 femicidios. Y en Octubre de este año ya hubo 36 femicidios.
Estas cifras exponen una conclusión contundente: la violencia machista no se combate solamente con denuncias, restricciones judiciales o dispositivos de emergencia. Son herramientas necesarias, pero no suficientes si no existe un Estado que actúe, investigue, proteja y acompañe de manera efectiva a quienes están en riesgo.
Mientras se acumulan los femicidios, los gobiernos hablan de eficiencia y ajuste, pero recortan o debilitan las políticas destinadas a prevenir las violencias. La eliminación de recursos, el debilitamiento de los dispositivos de asistencia y la falta de presupuesto para los organismos que intervienen frente a estas situaciones no son medidas neutrales: tienen consecuencias concretas sobre nuestras vidas.
Sostenemos que enfrentar la violencia machista requiere presupuesto, equipos interdisciplinarios, refugios, asistencia económica, patrocinio jurídico gratuito, dispositivos de protección que funcionen y políticas de prevención sostenidas.
También necesitamos escuelas con herramientas para detectar y abordar situaciones de violencia, con ESI, capacitación y condiciones de trabajo dignas. Las docentes no podemos quedar solas frente a situaciones que requieren respuestas integrales del Estado.
Pero imaginemos, además de este contexto, que es el propio Estado el que genera las condiciones estructurales para esta situación. Que es el propio Estado el que nos somete a formas cada vez mas esclavizantes de vida. Ahí es imposible pensar cuál es la salida, sin cambiar y transformar todo. Nancy muestra esa impunidad estructural que como trabajadora, mujer y pobre , nos lleva a muchas de nosotras a la muerte.
Nancy Godoy: una docente rural, una vida y muchas preguntas
El caso de Nancy también nos obliga a mirar las condiciones en las que trabajan miles de docentes en nuestro país. Nancy era directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes. Para llegar a la escuela había que recorrer aproximadamente 70 kilómetros de caminos de tierra y luego continuar a caballo. De lunes a viernes permanecía en una zona aislada, sin servicios básicos. Un formato casi feudal avalado por el gobierno de la provincia de Corrientes, el ministerio de educación y el gobierno nacional.
No podemos separar estas condiciones de la realidad social y laboral de las mujeres trabajadoras. La precariedad, el aislamiento, la falta de infraestructura y la ausencia de respuestas estatales construyen escenarios de mayor vulnerabilidad.
Por supuesto, no se trata de establecer una relación automática entre las condiciones laborales de Nancy y las circunstancias de su muerte. Se trata de preguntarnos qué Estado tenemos, qué herramientas de protección existen realmente y qué respuestas reciben las mujeres, especialmente aquellas que viven y trabajan en zonas rurales alejadas de los centros urbanos. Y en este caso concreto también debemos preguntarnos que educación ofrece este sistema capitalista, tanto a los estudiantes como a los docentes.
La escuela pública, docentes en riesgo
Cristian Pereyra tenía 39 años, era profesor de tres escuelas técnicas de La Matanza y padre de una niña pequeña. Como su salario docente no alcanzaba para sostener a su familia, también trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. Durante uno de esos viajes fue asesinado a balazos por un pasajero, un efectivo de la Policía bonaerense que está detenido e investigado por el crimen. Cristian no solo tenía que multiplicar sus horas de trabajo para llegar a fin de mes: también estaba expuesto a los riesgos de una actividad laboral precarizada.
Sandra Calamano y Rubén Rodríguez murieron el 2 de agosto de 2018 en la explosión de la Escuela 49 de Moreno. La vicedirectora y el auxiliar habían advertido y reclamado reiteradamente por las pérdidas de gas y las malas condiciones edilicias. Sus reclamos no tuvieron respuestas. La explosión terminó con sus vidas y dejó al descubierto la responsabilidad de las autoridades que no garantizaron las condiciones mínimas de seguridad para trabajar y estudiar. Nancy Godoy en Corrientes, otra muerte trabajando.
No podemos decir que las cuatro muertes tengan una misma causa. Pero sí podemos reconocer una problemática común: la vida de quienes trabajamos en educación queda librada a la suerte, al sacrificio individual o a la voluntad de quienes gobiernan. Para entender esta realidad tenemos que discutir qué lugar ocupa la educación pública en este sistema capitalista.
Es evidente que la educación es vista como un gasto, en términos de producción capitalista. Y cuanto menos se invierte, menos se gasta. La escuela ocupa el lugar de un espacio de contención que parece no importar siquiera como se sostiene. Reduce el gasto de guarderías y niñeras y apelando a la “vocación”, una premisa impuesta a la docencia. Se resuelve por vía de la buena voluntad las tareas y recursos. Y así termina siendo el docente el que sostiene la escuela pública. Para que nadie se queje se descarga también una campaña terrible contra los derechos gremiales y sindicales y un salario indirecto que no compensa nuestras vidas.
Sostenemos que no alcanza con reclamar respuestas después de cada tragedia. Necesitamos transformar la bronca en organización y construir una salida colectiva. No queremos una escuela pública que sobreviva gracias al sacrificio de sus trabajadores. Queremos una educación pública gratuita, estatal, laica, científica, inclusiva y de calidad, con presupuesto suficiente y bajo control de sus comunidades educativas.
Para eso necesitamos discutir qué recursos hay, quiénes los producen y hacia dónde se destinan. No puede ser que siempre falte plata para salarios, infraestructura y equipos, mientras se garantizan beneficios y privilegios para los sectores económicos más poderosos.
Nuestra salida requiere enfrentar el ajuste y pelear por un gobierno de las y los trabajadores, que garanticen una redistribución de la riqueza que coloque las necesidades sociales por encima de las ganancias privada, los grupos económicos y señores feudales del interior
La bronca tiene que transformarse en organización y lucha
Exigimos justicia por Nancy Godoy, una investigación exhaustiva y sin impunidad. Que solo una comisión independiente puede garantizar. Reclamamos una acción nacional contra los femicidios y la violencia machista, presupuesto para prevenir y asistir, y políticas públicas que garanticen que ninguna mujer quede desprotegida.
Porque no queremos llegar siempre tarde. Porque ninguna vida puede ser descartable. Porque vivas, libres y sin miedo nos queremos.
