La Libertad Avanza impulsa candidatos propios en los distritos gobernados por aliados de la Casa Rosada y pone en tensión los acuerdos electorales de cara a 2027. Mientras necesita apoyos para aprobar el Presupuesto y suspender las PASO, el oficialismo prioriza su propio armado político. Una muestra de que los acuerdos entre las fuerzas patronales están subordinados a sus intereses electorales.
Javier Milei busca consolidar el armado nacional de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a las elecciones de 2027, pero su estrategia empieza a chocar con los gobernadores que necesita para sostener su agenda legislativa. El Presidente no está dispuesto a retirar a sus candidatos de las provincias gobernadas por aliados y, de esa manera, pone en riesgo acuerdos que el Gobierno pretende utilizar para avanzar con sus reformas.
La Casa Rosada impulsa una docena de postulantes a gobernador en distintos distritos, incluso allí donde los mandatarios provinciales acompañaron iniciativas centrales del oficialismo. La disputa expone las contradicciones de una alianza construida alrededor del ajuste, las reformas regresivas y la búsqueda de gobernabilidad, pero que ahora tropieza con la pelea por los cargos y el control territorial.
Aliados para ajustar, rivales para las elecciones
La estrategia libertaria genera tensiones en provincias como Mendoza, Neuquén, La Pampa, Tucumán, Jujuy, Salta, Río Negro y Misiones, entre otras. En esos distritos, referentes de LLA buscan posicionarse como candidatos para desplazar a gobernadores que, en distintos momentos, facilitaron los votos necesarios para aprobar leyes del Gobierno nacional.
En Mendoza, el exministro de Defensa Luis Petri sostiene su aspiración a la gobernación, pese a que el radical Alfredo Cornejo busca definir su sucesión con un candidato propio. En Neuquén, la senadora Nadia Márquez promueve su candidatura frente al gobernador Rolando Figueroa.
La misma lógica se replica en otros territorios. En Tucumán, el oficialismo nacional impulsa a Lisandro Catalán frente al gobernador Osvaldo Jaldo; en Jujuy, Ezequiel Atauche y Manuel Quintar disputan la representación libertaria; y en Río Negro, el senador Enzo Fullone anticipó que LLA competirá con candidatos propios, sin un acuerdo con Alberto Weretilneck.
El mensaje de Milei es claro: los gobernadores pueden acompañar sus proyectos nacionales, pero eso no les garantiza que el oficialismo les permita conservar el poder en sus distritos.
Presupuesto, PASO y negociaciones a medida
El conflicto no es solamente electoral. El Gobierno necesita construir mayorías parlamentarias para avanzar con el Presupuesto 2027 y con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una iniciativa que considera importante para su estrategia de reelección.
La Casa Rosada pretende extender a más provincias el modelo de acuerdos electorales que le permitió obtener buenos resultados en 2025. En distritos como Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, las alianzas entre LLA y fuerzas que conducen los gobiernos locales consiguieron imponerse con diferencias significativas frente al peronismo.
Sin embargo, los gobernadores quieren garantías de que el Gobierno nacional no les disputará sus territorios. Milei, por su parte, no quiere resignar candidaturas ni cederle a sus aliados el control del armado libertario. Así, las negociaciones se convierten en un tira y afloja entre fuerzas que coinciden en buena parte de su programa económico, pero compiten por administrar el poder.
En ese escenario también existen diferencias dentro del propio oficialismo. Mientras, Karina Milei y los Menem defienden el crecimiento territorial de LLA, el sector vinculado a Santiago Caputo plantea la conveniencia de acuerdos de no interferencia con los gobernadores. La disputa refleja distintas apuestas sobre cómo garantizar la gobernabilidad y ampliar las posibilidades electorales del Presidente.
Un acuerdo entre los de arriba a costa de los de abajo
La pelea por las candidaturas deja al descubierto los límites de los acuerdos políticos que sostienen al Gobierno. Los gobernadores que acompañaron la Ley Bases, la reforma laboral y otras iniciativas oficiales ahora descubren que la colaboración parlamentaria no necesariamente se traduce en garantías para conservar sus propios espacios de poder.
Mientras tanto, las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias giran alrededor de candidaturas, votos legislativos, subsidios, obras y recursos. Las necesidades de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares quedan relegadas frente a una disputa en la que cada fuerza busca asegurar su porción del poder.
No se trata de diferencias de fondo entre proyectos opuestos para resolver los problemas sociales, sino de una competencia entre sectores políticos que, con matices y contradicciones, han contribuido a sostener medidas de ajuste y pérdida de derechos.
De cara a 2027, Milei pretende llegar con un partido propio fortalecido y con capacidad para disputar las gobernaciones. Pero su apuesta tiene un costo: puede debilitar los acuerdos parlamentarios que necesita para avanzar con su programa.
Frente a estas disputas, la salida para los trabajadores no puede depender de cuál de estas fuerzas patronales consiga imponerse en las urnas. Hace falta fortalecer la organización independiente, la movilización y la unidad de quienes enfrentan el ajuste, para que las necesidades populares no queden subordinadas a los cálculos electorales de Milei y sus aliados.
