El jueves 22 de octubre, César Latorre fue reinstalado en su puesto de trabajo en el Hospital Italiano. Ello fue consecuencia de la medida cautelar dictada el 16 de junio de 2026 por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
César fue delegado general del Hospital Italiano durante más de una década y lleva en total dos décadas de activismo sindical. Al finalizar el período de tutela sindical del que gozan los representantes sindicales y los candidatos, tal como lo establece el artículo 48 de la Ley 23.551, la patronal lo despidió sin expresión de causa, en marzo de 2026.
Frente a esta situación, desde el CADHU asumimos el patrocinio legal de César. Quien suscribe esta nota y la abogada Alejandra Giordano articulamos una estrategia jurídica con el objetivo de obligar a la patronal a reincorporarlo a su trabajo, mediante el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551.
Nuestro planteo se fundó en que el despido constituía un acto discriminatorio y, por lo tanto, nulo. Sustentamos esa tesis en la Ley Antidiscriminatoria 23.592, que obliga a dejar sin efecto los actos discriminatorios.
Para nosotras era evidente que a César lo despidieron aprovechando “la ventana” sin tutela sindical, para deshacerse del principal dirigente sindical del hospital, con el agravante de tratarse de un dirigente antiburocrático y de izquierda, que no solo está comprometido con la defensa de sus compañeros y compañeras del Hospital Italiano, sino que además representa la oposición a la burocracia de Daer en todo el gremio de la Sanidad.
En abril de este año promovimos el amparo sindical de César Latorre, en el que pedimos la nulidad del despido por discriminatorio y antisindical, junto con el dictado de una medida cautelar de reinstalación hasta tanto se dicte sentencia definitiva. El planteo central fue que el despido no fue “sin causa”, sino un acto discriminatorio dirigido contra el propio César, pero también contra el colectivo de trabajadores y trabajadoras del Hospital Italiano al que representa, como forma de amedrenamiento e intimidación hacia el conjunto
La causa tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 62. Inicialmente, el juez de primera instancia rechazó la medida cautelar de reinstalación. No nos conformamos con ese rechazo y apelamos la resolución. Finalmente, el 16 de junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la decisión, nos dio la razón y ordenó a la patronal reinstalar a César Latorre en su lugar de trabajo, en las mismas condiciones que tenía al momento del despido.
En el fallo, la Sala V recuperó la doctrina laboral y de la Corte Suprema que garantiza la protección contra los actos de discriminación, así como la prevalencia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional por sobre las facultades patronales. Es un fallo que aplica la legislación con el criterio “pro homine” y que destaca: “La reinstalación cautelar en el marco de acciones por despido discriminatorio antisindical ha sido admitida de manera reiterada por las distintas Salas de esta Cámara, incluyendo el precedente ‘Carrasco c/ TANDANOR’ ya citado (CNAT Sala VI, agosto 2024), y la consolidada jurisprudencia de las Salas II, V y X que aplicaron la doctrina de ‘Álvarez Maximiliano c/ Cencosud’ para ordenar reinstalaciones de activistas sindicales. La medida no importa prejuzgar sobre el fondo: es una tutela provisoria destinada a preservar el estado de cosas anterior al acto que se denuncia como discriminatorio. En ese marco, la reinstalación cautelar se impone como la única medida idónea para garantizar la operatividad del art. 47 de la Ley N° 23.551 y del bloque de constitucionalidad y convencionalidad que protege la libertad sindical: art. 14 bis CN, Convenios N° 87 y 98 de la OIT, art. 8 del PIDESC, art. 16 de la CADH y art. 8 del Protocolo de San Salvador” (CNAT, Sala V, “Incidente N° 1 – Actor: Latorre, César Gustavo – Demandado: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ incidente”, 16/06/2026).
La resolución cautelar tiene una gran importancia jurídica. Si bien existen precedentes que protegen a los activistas sindicales frente a los ataques patronales, como “Arecco c/ Praxair”, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo” y “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, entre otros, no puedo dejar de señalar que transitamos una época adversa para los trabajadores y las trabajadoras, en la que muchos jueces ajustan el prisma con el que evalúan los derechos de quienes trabajan a lo que manda el gobierno de turno, con escasa o nula independencia. A ello se suma el ataque constante a los jueces laborales independientes y al fuero del trabajo en general por parte de la burguesía y de su herramienta: el gobierno nacional y sus legisladores.
En el caso de César Latorre, la patronal intentó decenas de artilugios para no cumplir la reinstalación, pero no lo logró. Desde el CADHU solicitamos la aplicación de astreintes (multas) a la patronal hasta que efectivamente lo reincorporara. Así, con la presión de sus compañeros y compañeras del hospital, que nunca dejaron de reclamar su reincorporación, con la solidaridad de organizaciones y personalidades, con la presión judicial, y la actitud del propio César, de no bajar los brazos y de mantenerse firme, la empresa finalmente cumplió el fallo de la Cámara, y César ya se encuentra trabajando nuevamente junto a ellos.
Esto nos da la certeza de que existen estrategias jurídicas para acompañar la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, y de que el accionar jurídico, como auxiliar de la lucha de clases, es una herramienta singularmente útil en tiempos de ataques y persecución a quienes se organizan y luchan. Por ello, desde nuestro organismo, el CADHU, nos proponemos continuar poniendo nuestros conocimientos jurídicos al servicio de los trabajadores y sus organizaciones.
Mariana Chiacchio
Abogada, CADHU
