La Ley 27.828 ya es oficial. Mientras más de 4 millones de hogares pierden los descuentos en la factura de gas, el Gobierno habilita un mecanismo para licuarle a las distribuidoras eléctricas una deuda de US$ 2.000 millones con Cammesa. El peso del ajuste dictado por el FMI recae sobre los salarios, pero el Estado sigue garantizando el negocio de los mismos de siempre.
A partir de hoy, encender la estufa será un lujo para miles y miles de hogares. Con la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial, entró formalmente en vigencia el nuevo régimen que desmantela los subsidios al gas por Zonas Frías. La medida elimina el acceso automático a los descuentos para 4,2 millones de usuarios a lo largo del país. Sin embargo, la motosierra tiene una vara selectiva, porque en la misma ley que encarece la calefacción de los trabajadores, se esconde un mecanismo para perdonar deudas multimillonarias a gigantes corporativos como Edenor, Edesur y las cooperativas eléctricas.
La nueva normativa deshace la ampliación territorial que se había sancionado en 2021 y restringe el régimen especial casi exclusivamente a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza. Esto significa que los habitantes de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Salta y La Rioja pierden el beneficio general. Tan solo en territorio bonaerense, el recorte golpea brutalmente a 94 municipios, incluyendo centros urbanos como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y Olavarría.
Quienes intenten retener una bonificación adicional deberán atravesar un estricto filtro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Deberán demostrar ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales (unos $4,8 millones de pesos en la actualidad), contar con un Certificado de Vivienda Familiar o acreditar una pensión de veterano de Malvinas. Sumado a esto, la ley impone un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un costo de la generación mayorista que terminará inflando aún más el total de las facturas.
Todo este andamiaje responde a un objetivo central del gobierno de Javier Milei. El de cumplir a rajatabla con el pedido del Fondo Monetario de liquidar los subsidios energéticos. El oficialismo persigue un ahorro fiscal de 400 millones de dólares anuales, extrayendo esos recursos directamente del bolsillo de los consumidores. Se cristaliza así una dinámica asfixiante donde la canasta de servicios básicos absorbe un porcentaje cada vez mayor de los ingresos familiares, mientras los salarios siguen licuados por la inflación.
Pero el rigor fiscal y el discurso de la austeridad desaparecen rápidamente cuando se trata de proteger la rentabilidad patronal. El capítulo de la norma titulado “Autosuficiencia económico-financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” habilita una escandalosa compensación de deudas. Las empresas distribuidoras arrastran deudas con la compañía estatal CAMMESA que rozan los 2.000 millones de dólares por la energía que cobraron a los usuarios, pero no pagaron al Estado. Para perdonar esta obligación, el Gobierno les reconocerá un “activo regulatorio“, compensándolas por los ingresos que supuestamente dejaron de ganar durante las épocas de congelamiento tarifario.
Este tipo de salvatajes corporativos son negocios que ya se han visto. Las compensaciones a favor de las distribuidoras eléctricas ya se ejecutaron durante las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, manteniendo siempre en secreto las auditorías y cerrando filas para proteger el lucro privado por sobre el patrimonio público. Para las familias trabajadoras se imponen tarifas dolarizadas y topes de consumo indispensable; para las empresas prestatarias, perdón absoluto de sus deudas millonarias.
Frente a esta estafa sistemática, no existe salida posible si los servicios públicos continúan atados al negocio capitalista. El primer paso indispensable para desarmar este modelo es exigir la apertura inmediata de los libros contables de todas las empresas privatizadas, lo que permitirá exponer el saqueo y las ganancias extraordinarias que acumularon durante décadas a cambio de un servicio deficiente.
El camino a seguir es la reestatización total e inmediata del sistema eléctrico, el gas y el agua, sin pagarle un solo peso de indemnización a un empresariado que vive de incumplir contratos. Solo una administración social y participativa, bajo el control democrático e indelegable de sus propios trabajadores, técnicos y comités de usuarios, tiene la capacidad de establecer cuadros tarifarios justos.
Recuperar el control de los resortes estratégicos es la única herramienta real para romper definitivamente con los dictados del FMI, frenar la confiscación salarial y planificar una verdadera transición hacia energías limpias en beneficio de las mayorías populares.
