Como en los peores años del menemismo, el gobierno de Javier Milei acaba de consumar la entrega de otra joya estratégica del Estado. A veinte años de la rescisión del contrato con la francesa Suez, AySA vuelve a manos de capitales privados. La empresa, encargada de garantizar el acceso al agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en el AMBA, se remató en una licitación que dejó un sabor amargo incluso para los ajustadores del Ministerio de Economía.
Este jueves se abrieron las ofertas económicas y el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y el fondo PHX se impuso al ofrecer US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la empresa. En segundo lugar quedó el grupo liderado por Roggio (Roggio ROAS S.A.U.), que ofertó US$285 millones.
Ambas propuestas quedaron lejísimos de los US$450 a US$500 millones que esperaba recaudar Luis Caputo para rascar divisas y engrosar las arcas del Central y, así, fortalecer su endeble situación económica. A pesar del precio de remate, el grupo ganador ya expresó su “satisfacción” en un comunicado y avisó que seguirá adelante con el procedimiento del pliego para formalizar la adjudicación.
¿Quiénes pasan a ser los dueños del agua?
La disputa por AySA dejó al descubierto a las figuras de siempre de la casta empresarial argentina. El grupo perdedor estaba encabezado por Aldo Roggio, un histórico contratista del Estado y arrepentido en la causa Cuadernos, que se presentó junto a la estatal israelí Mekorot y la japonesa Marubeni.
Pero los ganadores no se quedan atrás en materia de negocios con el Estado. El consorcio que se está quedando con la empresa tiene cuatro patas. El 55% de la sociedad pertenece a PHX Aqua, un fondo de inversión neerlandés (Phoenix Global Investment Fund) constituido en guaridas fiscales como Curaçao, dirigido por exdirectivos de Goldman Sachs, Barclays y The Clorox Company. El operador técnico será la brasileña Arcos Saneamento e Participações, que maneja el agua en lugares como Río de Janeiro.
A nivel local, el 20% es de la constructora Rowing S.A., de Walter Román, detrás de la cual operarían camuflados los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios de crecimiento meteórico bajo el gobierno libertario. Finalmente, aparece la figura clave de este entramado: Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro“, dueño de Transclor (que participa con el 10%) y actual proveedor monopólico del coagulante que usa AySA para potabilizar el agua.
De los dos lados del mostrador: el peligro del monstruo tarifario
Entregarle el control del agua a este grupo esconde un peligro gigantesco que va mucho más allá de un simple cambio de dueños. Mauricio Filiberti es socio directo de Daniel Vila y José Luis Manzano, con quienes ya controla Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. A su vez, este mismo tridente empresario (conocido como Edelcos) acaba de quedarse con el 70% de Metrogas por US$780 millones y tiene participación en la red de estaciones Shell y la refinería de Dock Sud.
Si se confirma la privatización de AySA, estaríamos ante la creación de un monopolio brutal sobre la vida de millones de trabajadores del AMBA. Un solo grupo empresario pasaría a administrar la luz, el gas, los combustibles y el agua. A esto se suma el grotesco conflicto de intereses: AySA es el mayor consumidor de electricidad de la región y, por lo tanto, el principal cliente de Edenor. De esta forma, Filiberti y sus socios quedarían de los dos lados del mostrador, vendiéndose energía a sí mismos.
Frente a las privatizaciones: reestatización bajo control social
Con negociados como este, el gobierno de Milei nos obliga a tener que volver a discutir lo más básico: el acceso al agua potable es un derecho humano elemental, no un lujo ni un instrumento financiero para que los buitres hagan caja.
La historia de nuestro país, particularmente el derrotero de las privatizaciones durante el menemismo, ya nos enseñó cómo terminan estas entregas: tarifazos asfixiantes, cero inversiones, desvíos en las metas de calidad y un servicio totalmente inaccesible para los sectores más vulnerables. El verso de la libre competencia se cae a pedazos en un mercado arreglado desde el arranque para favorecer a los amigos del poder.
Frente a este saqueo a plena luz del día, la verdadera salida pasa por cortar el problema de raíz. Tenemos que exigir la reestatización integral de los servicios públicos esenciales, sin poner un solo peso en indemnizaciones para estas empresas que ya se cansaron de amasar fortunas a costa nuestra. Si de verdad queremos un servicio de calidad y boletas que no nos pulvericen el salario a fin de mes, AySA y todo el sistema energético tienen que pasar a estar bajo control social. Esto significa que deben ser administrados de forma verdaderamente democrática por quienes sostienen el servicio a diario y lo necesitan, es decir, por sus propios trabajadores, los técnicos y los usuarios.
