Este martes 6 de octubre, a partir de las 16 horas, nos movilizamos a Tribunales para frenar este nuevo intento de entregar el país. El escandaloso fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, dándole luz verde a la extranjerización de nuestro territorio a través del DNU 70/23.
Basándose en una “excusa” técnica y profundamente reaccionaria de que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) “no tenía legitimación” para presentar la demanda, la Corte Suprema habilitó el artículo 154 del megadecreto. Es un insulto a quienes defendieron nuestra soberanía en las islas y un desprecio absoluto por ese sentimiento antimperialista que grita que “las Malvinas son argentinas“. Esa misma fuerza que llevamos a las calles el pasado 6 de agosto para derrotar el intento de derogar la Ley de Tierras (obligando al oficialismo a recortar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) tiene que volver a encenderse mañana. Al eliminar el tope del 15% a la propiedad extranjera y los controles en zonas de frontera, estos jueces habilitan a que cualquier capital foráneo adquiera extensiones ilimitadas, llevándose puestos glaciares, recursos hídricos y bienes comunes.
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No podemos permitir que el destino de millones y la soberanía del país queden en manos de tres cortesanos elegidos por las internas de la casta política y judicial. Son jueces vitalicios que nadie votó, que cobran sueldos de millonarios y legislan a favor de los más ricos, operando a espaldas de la voluntad popular. Es por esto que también exigimos la revocatoria de todos los miembros de esta Corte servil y corrupta. Hay que terminar de raíz con estos privilegios para que los jueces y fiscales sean elegidos por voto popular, que sus mandatos sean revocables y que cobren exactamente el mismo sueldo que una directora de escuela pública.
Pero el plan de lucha no termina en Plaza Lavalle. Cómo votamos en la asamblea del Parque Lezama el pasado viernes, todos los cañones apuntan al próximo jueves 15 de octubre, día en que la Cámara de Diputados tratará el DNU 70/23. Desde las 12 del mediodía vamos a concentrar para rodear el Congreso, en una jornada que debe replicarse en cada plaza del país. Ese decreto es una de las bases estructurales del plan de ajuste, entrega y represión de Javier Milei; tirarlo de conjunto significaría un golpe letal que haría caer los pilares de su gobierno.
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No depositamos ni una sola gota de confianza en el recinto. Ya sabemos que muchos de los que se pintan de opositores, especialmente dentro del PJ, hablan como opositores, pero por abajo tejen maniobras y negocian para no dar quórum y salvarle la vida al oficialismo. Exigimos que dejen de hacerse los distraídos y aporten los votos necesarios para voltear el DNU.
Para que sientan verdaderamente la presión, necesitamos desbordar las calles. Hay que seguir exigiéndoles a las centrales sindicales, a la CGT y a las dos CTA, que rompan de una vez por todas la inmovilidad y convoquen a un paro general para ese 15 de octubre. Necesitamos la huelga para que todos los trabajadores puedan movilizar, tumbar el DNU y empezar a tirar abajo todo el plan de este gobierno. Como demostramos en 2017, cuando la movilización masiva tiró abajo el fallo del 2×1 a favor de los genocidas, la fuerza de la calle es imparable. Sobran los motivos y sobra la bronca para organizar la derrota de Milei y sus cómplices. Mañana reventamos Tribunales y el 15 vamos por todo al Congreso.
